Congreso argentino inicia debate de reformas clave para Milei

BUENOS AIRES (AP) — La Cámara de Diputados de Argentina inició el miércoles el debate de un voluminoso paquete de reformas impulsado por el presidente ultraliberal Javier Milei como punto de partida de su ambicioso plan para la desregulación total de la tercera economía de Latinoamérica.

Con el apoyo de legisladores de la oposición más dialoguista, el partido gobernante La Libertad Avanza —que es la tercera fuerza en el Parlamento— logró el quórum necesario para iniciar la sesión, aunque el resultado de la votación todavía es incierto.

El proyecto oficial de la “Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los argentinos” —o “Ley Ómnibus” por la gran cantidad de aéreas sobre la cual legisla— es considerada por Milei vital para el éxito de su programa económico y terminar con el flagelo de la inflación, que en 2023 fue de 211,4%. Fue promovido tras devaluar el peso más de 50% y poner en marcha un fuerte plan de ajuste para bajar el déficit fiscal.

Si no logra el respaldo del Congreso, el tropiezo dejará expuesta la debilidad política del economista ultraliberal que asumió el 10 de diciembre y dará una pésima señal a los mercados, que están especialmente atentos a la marcha de su gobierno tras dos décadas casi ininterrumpidas de líderes populistas.

“Hoy la política tiene la oportunidad de empezar a revertir el daño que le ha causado al pueblo argentino”, expresó la oficina del presidente en la red social X, antes Twitter. “Ahora es responsabilidad de los señores diputados promover las reformas planteadas... cada una de ellas fundamentales para liberar las fuerzas productivas de nuestra nación y recuperar nuestro futuro”.

En las afueras del Congreso, militantes de partidos de izquierda y movimientos sociales contrarios al proyecto se enfrentaban con las fuerzas federales que buscaban impedir la interrupción de la circulación vehicular en avenidas y calles aledañas, conforme al nuevo protocolo de seguridad contra protestas callejeras.

En rasgos generales, la iniciativa contempla la delegación de facultades legislativas al Poder Ejecutivo sobre materia económica, financiera, fiscal, de seguridad, tarifas, energética y administrativa. Impulsa una profunda reforma del Estado, que incluye la privatización de empresas públicas, algunas de ellas con un rol estratégico como la petrolera YPF.

Hay capítulos que establecen penas más duras contra protestas callejeras que afecten el normal funcionamiento del transporte o los servicios públicos y plantean una legislación más permisiva para las fuerzas de seguridad en caso de legítima defensa.

También recorta fondos destinados a la producción cinematográfica y la cultura, desregula la actividad turística y la industria editorial, legaliza la reventa de entradas para espectáculos deportivos, autoriza a las universidades públicas fijar aranceles para extranjeros no residentes y flexibiliza la legislación en materia medioambiental.

Milei argumenta que sin esta herramienta normativa Argentina no logrará revertir sus padecimientos económicos y se encaminará a una hiperinflación con costos sociales impredecibles.

“Seamos claros: el proyecto es polémico, pero sólo para aquellos que quieren cuidar sus privilegios que vienen del modelo anterior, el que nos trajo hasta este lugar de miseria, indigencia, que los jóvenes y las empresas se vayan del país”, afirmó el diputado José Luis Espert, de Avanza Libertad, partido aliado al gobierno. “De la mano de esta ley llegará a su fin. No le tengamos miedo a la libertad”.

En contrapartida, la oposición se muestra reticente a aprobar el proyecto tal cual fue enviado por el Poder Ejecutivo porque considera que muchas de las reformas no son viables o requieren mayor discusión.

En especial, hay reticencias por el plazo de delegación de facultades legislativas, la privatización de empresas públicas sin control parlamentario, el aumento de impuestos a las exportaciones y la eliminación de la fórmula de actualización de jubilaciones por inflación, entre otros puntos.

A ello se suma el rechazo de sindicatos, organizaciones sociales, grupos de derechos humanos y representantes de la cultura que ven amenazados sus derechos. En coincidencia con el inicio de la sesión, militantes de izquierda se concentraron frente al Congreso.

Cada vez que los activistas pretendían avanzar sobre la avenida para interrumpir la circulación de vehículos, los agentes federales los disuadían con escudos y lanzaban gases lacrimógenos hasta hacerlos retroceder. La misma situación se repetía una y otra vez.

“Nos reprimieron, a mí me golpearon. Me tiraron al piso y me molieron a patadas en la espalda”, denunció Eduardo Belliboni, líder del Partido Obrero.

Hasta el momento no hubo confirmación oficial de detenidos.

“No hay cosas destacables, a lo largo y ancho el proyecto es contrario a los intereses de los argentinos y argentinas”, manifestó Carlos Heller, de la Unión por la Patria, el bloque de la corriente de centroizquierda dentro del peronismo que responde a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner (2007-2015).

El kirchnerismo y los diputados de la izquierda adelantaron que votarán en contra de la ley. Otros espacios políticos acompañarán el texto en su totalidad o parcialmente.

El oficialismo necesita al menos 129 votos sobre un total de 257 diputados para lograr la media sanción.

La sesión podría extenderse hasta el viernes, dado que el proyecto primero debe votarse en general y luego cada uno de sus más de 300 artículos. Si se aprueba, continuará su debate en el Senado la próxima semana.