Tribunal Superior de Kenia declara anticonstitucional el envío de policías a Haití

NAIROBI, Kenia (AP) — El Tribunal Superior de Kenia bloqueó el viernes el envío de agentes policiales kenianos a Haití para ayudar al país caribeño a controlar la violencia de las pandillas, una iniciativa que tenía el respaldo de Naciones Unidas.

En noviembre, el Parlamento autorizó el envío de 1.000 efectivos policiales para encabezar una fuerza multinacional en Haití. Pero el juez Chacha Mwita dijo que el Consejo de Seguridad Nacional, encabezado por el presidente keniano William Ruto, carece de autoridad para enviar a agentes de la policía regular a otros países.

“No se disputa que no existe un acuerdo recíproco entre Kenia y Haití, y por esa razón, no puede haber envío de policías a ese país”, dijo Mwita.

El juez señaló que la oferta de Kenia era noble, pero debía cumplirse de acuerdo con lo establecido en la Constitución.

Mwita emitió el fallo en respuesta a una solicitud del líder del Partido Alianza de la Tercera Vía, Ekuru Aukot, quien sostuvo que el plan del gobierno de enviar los agentes a Haití era ilegal.

El vocero del gobierno keniano, Isaac Mwaura, dijo que apelarán la sentencia.

Stephane Dujarric, portavoz de la ONU, se refirió al anuncio del gobierno de que apelará, y dijo: “La necesidad de esta fuerza multinacional autorizada por el Consejo (de Seguridad) sigue siendo extremadamente elevada”.

“Fueron las autoridades kenianas las que la ofrecieron... y les agradecemos por hacerlo en un momento en que muchísimos países no están ofreciéndola”, dijo Dujarric. “Necesitamos acción urgente, necesitamos financiamiento urgente, y esperamos que los Estados miembros seguirán haciendo su parte e incluso más”.

Muchos consideran que el fallo es un golpe para Haití, que solicitó el envío de una fuerza armada extranjera en octubre de 2022.

“Esto es una terrible noticia para los haitianos”, dijo Diego Da Rin, del International Crisis Group, un organismo no gubernamental enfocado en la resolución y prevención de conflictos armados internacionales. “La gran mayoría de la población estaba esperando ayuda externa para apoyar a la policía a recuperar algo de control sobre la capital y las zonas más afectadas por la violencia”.

Laurent Uwumuremyi, director para Haití del organismo humanitario Mercy Corps, respaldó la decisión de la corte keniana con el argumento de que misiones de paz anteriores —como la misión de la ONU MINUSTAH, que permaneció en el país de 2004 a 2017— y las intervenciones internacionales han tenido consecuencias desastrosas para Haití.

“Las soluciones para Haití, incluso las de reforzar la Policía Nacional haitiana y el ejército para aplacar la violencia y devolverle alguna apariencia de seguridad, deberían ser encabezadas por haitianos”, dijo Uwumuremyi.

Sostuvo que una nueva intervención internacional podría agravar la situación sin querer y exponer a más gente a la violencia.

“Es crucial que cualquier intervención que se realice para restaurar la estabilidad respete los derechos humanos y las leyes humanitarias, sin perjudicar ni obstaculizar las operaciones de ayuda ni agravar la violencia”, añadió.

Haití sufre un auge sin precedentes de la violencia pandillera. El número de muertos, heridos y secuestrados se duplicó con creces en 2023, según la enviada especial del secretario general de la ONU al país.

“No puedo exagerar la gravedad de la situación en Haití, donde numerosas crisis prolongadas han alcanzado un punto crítico”, dijo el jueves la enviada María Isabel Salvador al Consejo de Seguridad.

Indicó que las 8.400 víctimas de la violencia pandillera registradas por su oficina el año pasado —122% más que en 2022— corresponden principalmente a Puerto Príncipe, la capital.

Unas 300 pandillas controlan aproximadamente el 80% de la capital y fueron responsables del 83% de los homicidios y lesiones del año pasado, señaló Salvador. Indicó que se han expandido hacia el norte a la región de Artibonite, considerada el granero de Haití, y hacia el sur de Puerto Príncipe, donde las “pandillas efectuaron ataques en gran escala para controlar zonas clave” y utilizar la violencia sexual en forma sistemática para ejercer control.

___

La periodista de The Associated Press Dánica Coto en San Juan y Edith M. Lederer en Naciones Unidas contribuyeron a este despacho.