Sudáfrica dice que la guerra de Israel en Gaza constituye genocidio. ¿Qué puede hacer la ONU?
LA HAYA, Holanda (AP) — Israel ha sido acusado ante el máximo tribunal de Naciones Unidas de estar cometiendo un genocidio con su campaña militar en la Franja de Gaza.
Sudáfrica pidió a la Corte Internacional de Justicia que ordene a Israel suspender inmediatamente la guerra con el argumento de que ha violado la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio de 1948, que fue elaborada tras la Segunda Guerra Mundial y del Holocausto.
En la convención se estipula que se entiende por genocidio actos tales como asesinatos “perpetrados con la intención de destruir, total o parcialmente, a un grupo nacional, étnico, racial o religioso”.
Es muy probable que el proceso se prolongue durante años.
Estos son algunos detalles del caso y sus ramificaciones:
El expediente de 84 páginas entregado por Sudáfrica señala que las acciones de Israel “son de carácter genocida porque pretenden provocar la destrucción de una parte sustancial” de los palestinos que viven en Gaza.
En él se pide a la Corte Internacional de Justicia (CIJ) que emita un conjunto de fallos jurídicamente vinculantes que declaren que Israel está incumpliendo “sus obligaciones en virtud de la Convención de Genocidio” y le ordenen cesar las hostilidades, ofrecer indemnizaciones y proporcionar medios para la reconstrucción de todo lo que ha destruido en Gaza.
El expediente alega que los actos genocidas incluyen matar a palestinos, causar graves daños mentales y físicos, e infligir deliberadamente condiciones dirigidas a “provocar su destrucción física como grupo”. Y señala que funcionarios israelíes han manifestado una intención genocida.
Durante los alegatos iniciales, los abogados sudafricanos dijeron que esta última guerra forma parte de décadas de opresión israelí contra los palestinos.
Muchos sudafricanos, incluido el presidente Cyril Ramaphosa, comparan las políticas de Israel hacia los palestinos de la Franja de Gaza y de Cisjordania con el antiguo régimen de apartheid de Sudáfrica de segregación racial. Israel rechaza esas acusaciones.
Israel, que fue fundado luego del Holocausto, ha criticado la afirmación de genocidio. El Ministerio de Asuntos Exteriores dice que el caso presentado por Sudáfrica carece de fundamentos jurídicos y constituye una “explotación infame y despreciable” de la corte.
Eylon Levy, funcionario de la oficina del primer ministro israelí, acusó a Sudáfrica de “dar un amparo político y jurídico” al asalto del 7 de octubre perpetrado por Hamás que dejó unos 1.200 muertos en Israel y que desencadenó la actual campaña militar israelí.
Levy dijo que el equipo jurídico de Israel “desmentirá la absurda calumnia de sangre de Sudáfrica”.
El primer ministro israelí Benjamin Netanyahu ha prometido seguir con la guerra hasta que Hamás sea destruido y los más de 100 rehenes israelíes que siguen cautivos en Gaza sean liberados. Ha dicho que ello podría tomar varios meses.
Israel no asistió a las audiencias de 2004 cuando la CIJ discutió un dictamen consultivo sobre la legalidad del muro fronterizo de Israel. La corte emitió una opinión no vinculante de que el muro era “contrario al derecho internacional”. En respuesta, Israel envió un comunicado por escrito en el que dijo a la corte que no consideraba que tuviera jurisdicción.
Israel también ha rechazado cooperar con una investigación tras la guerra en Gaza de 2008 a 2009, con una investigación de la ONU sobre la guerra en el enclave de 2014 y con la actual la pesquisa del Consejo de Derechos Humanos sobre presuntos abusos contra palestinos.
Israel no es miembro de otro tribunal con sede en La Haya, la Corte Penal Internacional. Entre otros países que no son miembros de la CPI están potencias mundiales como Estados Unidos, China y Rusia.
El caso presentado por Sudáfrica incluye una solicitud para que la corte emita urgentemente órdenes interinas jurídicamente vinculantes para que Israel “suspenda inmediatamente sus operativos militares dentro y contra la Franja de Gaza”.
Ese tipo de órdenes, conocidas como medidas cautelares, permanecerían en vigor mientras se dirime el caso. Son jurídicamente vinculantes, pero no siempre se cumplen. En 2022, en un caso de genocidio presentado por Ucrania contra Rusia, la corte ordenó a Moscú suspender inmediatamente su invasión, pero la orden fue ignorada.
La corte es el máximo órgano jurídico de Naciones Unidas, pero no tiene una fuerza policial para implementar sus fallos. Si un país cree que otro miembro no cumplió con una orden de la CIJ, puede reportarlo ante el Consejo de Seguridad de la ONU.
El Consejo de Seguridad de 15 naciones miembros es el órgano más poderoso de la ONU, encargado de mantener la paz y seguridad a nivel internacional. Sus herramientas van desde sanciones hasta autorizar una acción militar, pero todas las acciones que decida emprender necesitan obtener el respaldo de al menos nueve países miembros y ningún veto de un miembro permanente: Estados Unidos, Rusia, China, Gran Bretaña y Francia.
La corte sostendrá audiencias públicas el jueves y viernes, y los abogados que representan a Sudáfrica e Israel podrán exponer sus argumentos. Un panel de 15 jueces de distintas partes del mundo además de uno nominado por Israel y uno por Sudáfrica podrían tardar días o semanas en emitir una decisión en torno a medidas cautelares.
Posterior a eso, la corte entrará en un prolongado proceso de considerar todo el caso.
Otros países que han firmado la convención de genocidio también podrían solicitar presentar alegatos.
Otros dos casos de genocidio están en la lista de pendientes de la corte. El caso presentado por Ucrania poco después del inicio de la invasión rusa acusa a Moscú de lanzar la operación militar basándose en afirmaciones falsas de genocidio y acusa a Rusia de planear actos de genocidio en Ucrania.
Otro caso involucra a Gambia, en nombre de países musulmanes, y acusa a Myanmar de genocidio contra la minoría musulmana rohinya.
En un caso anterior presentado por Bosnia, la corte falló en 2007 que Serbia “violó la obligación de evitar genocidio... respecto al genocidio ocurrido en la ciudad de Srebrenica en julio de 1995”. La corte rechazó ordenar a Serbia pagar una indemnización. Croacia también demandó a Serbia en 2015, pero la corte determinó que Serbia no había quebrantado la convención en ese caso.
La Haya se hace llamar la ciudad internacional de la paz y la justicia. No sólo alberga la sede de la Corte Internacional de Justicia (CIJ), sino también la de la Corte Penal Internacional (CPI). Las dos cortes tienen distintos mandatos.
La CIJ, que empezó a funcionar en 1946, resuelve casos entre naciones, a menudo disputas fronterizas o desacuerdos sobre la interpretación de tratados internacionales.
Por su parte, la CPI fue creada en 2002 con el objetivo de acabar con la impunidad mundial por atrocidades. Su objetivo es hacer rendir cuentas a individuos responsables de genocidio, crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad.
La CPI tiene una investigación en curso sobre el conflicto entre Israel y los palestinos, que se remonta a la última guerra en Gaza. Hasta ahora no ha emitido ninguna orden de arresto. Israel señala que la CPI no tiene jurisdicción debido a que los palestinos no pertenecen a un Estado independiente y soberano.
El fiscal de la CPI, Karim Khan, dijo que la investigación sobre posibles crímenes cometidos por los combatientes de Hamás y las fuerzas israelíes es una prioridad. La corte podría acusar a dirigentes políticos y militares.
El ministro de Asuntos Exteriores palestino, Riyad al-Maliki, ha dicho que la Autoridad Palestina no interferirá con una investigación de la CPI en torno al ataque del 7 de octubre perpetrado por Hamás. “No podemos decir: 'Investiga aquí, pero no investigues acá”, comentó al-Maliki.
El año pasado, la CPI emitió una orden de arresto para el presidente ruso Vladímir Putin tras acusarlo de responsabilidad personal por los secuestros de niños de Ucrania.
Dos extintos tribunales de la ONU también llevaron a cabo juicios históricos de genocidio.
El Tribunal Penal Internacional para la antigua Yugoslavia condenó a una serie de serbio-bosnios de alto rango, incluidos el expresidente Radovan Karadzic y el general Ratko Mladic, por su participación en la masacre de julio de 1995 de más de 8.000 hombres y niños en la ciudad bosnia de Srebrenica.
Karadzic y Mladic recibieron cadena perpetua.
El Tribunal Penal Internacional para Ruanda condenó a varios dirigentes involucrados en el genocidio de 1994 en la nación africana, cuando unas 800.000 personas, la mayoría de la etnia tutsi, fueron asesinadas.
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El periodista de The Associated Press Josef Federman en Jerusalén contribuyó a este despacho.
