Se acerca inicio de disputa legal sobre si la guerra de Israel en Gaza equivale a genocidio
LA HAYA, Holanda (AP) — La batalla legal sobre si la guerra de Israel contra Hamás en Gaza equivale a genocidio inicia el jueves en el máximo tribunal de las Naciones Unidas, con audiencias preliminares sobre la petición de Sudáfrica de que los jueces ordenen la suspensión inmediata de las acciones militares de Israel.
Israel niega rotundamente la acusación de genocidio.
El caso, que probablemente tardará años en resolverse, es un golpe directo al corazón de la identidad nacional de Israel como Estado judío creado tras el genocidio nazi. También involucra a la identidad de Sudáfrica: el partido político Congreso Nacional Africano lleva mucho tiempo comparando las políticas de Israel en Gaza y Cisjordania con su propia historia bajo el régimen de apartheid de la minoría blanca, el cual restringió a la mayoría de los negros a “tierras de nativos” antes de terminar en 1994.
Israel suele considerar que los tribunales internacionales y de la ONU son injustos y parciales. Pero enviará a un equipo jurídico a la Corte Internacional de Justicia para defender la operación militar que lanzó tras los ataques del 7 de octubre perpetrados por Hamás.
“Creo que han acudido porque quieren ser exonerados y piensan que pueden resistir con éxito la acusación de genocidio”, declaró Juliette McIntyre, experta en derecho internacional de la Universidad del Sur de Australia.
En una declaración posterior a la presentación del caso, el Ministerio de Asuntos Exteriores de la Autoridad Palestina instó al tribunal a “tomar medidas inmediatas para proteger al pueblo palestino y pedir a Israel, la potencia ocupante, que detenga su embestida contra el pueblo palestino, con el fin de garantizar una resolución legal objetiva”.
En los dos días de audiencias preliminares en la Corte Internacional de Justicia los abogados de Sudáfrica empezarán explicando a los jueces por qué el país africano ha acusado a Israel de “actos y omisiones” de “carácter genocida” en la guerra en la Franja de Gaza y ha pedido el cese inmediato de las acciones militares israelíes.
La audiencia inaugural del jueves se centra en la petición de Sudáfrica de que el tribunal imponga órdenes provisionales vinculantes que incluyan que Israel detenga su campaña militar. La decisión probablemente tarde semanas.
La ofensiva israelí ha matado a más de 23.200 palestinos en Gaza, según el Ministerio de Salud del territorio palestino. La cifra de muertos no distingue entre combatientes y civiles. Alrededor de dos tercios de los muertos son mujeres y niños, según los funcionarios de salud.
En el ataque del 7 de octubre, en el que Hamás superó las defensas israelíes e irrumpió en varias comunidades, los combatientes palestinos mataron a más de 1.200 personas, en su mayoría civiles. Secuestraron a unas 250 más, de las cuales casi la mitad ya han sido liberadas.
La CIJ, que decide disputas entre naciones, nunca ha determinado que un país sea responsable de genocidio. Lo más cerca que estuvo fue en 2007, cuando dictaminó que Serbia “violó la obligación de evitar el genocidio” durante la masacre de más de 8.000 hombres y niños musulmanes a manos de las fuerzas serbobosnias, perpetrada en julio de 1995 en el territorio bosnio de Srebrenica.
Sudáfrica “tendrá dificultades para superar el umbral" de demostrar genocidio, consideró McIntyre.
“No sólo es cuestión de matar a una enorme cantidad de personas”, añadió en un email a The Associated Press. “Debe haber intención de destruir parcialmente o en su totalidad a un grupo de personas (clasificadas, por ejemplo, por raza o religión), en un lugar en particular”.
En un detallado documento de 84 páginas en el que presentó sus argumentos a finales del año pasado, Sudáfrica afirma que Israel ha demostrado dicha intención.
Israel respondió insistiendo en que opera en apego al derecho internacional y que concentra sus acciones militares únicamente contra Hamás, y afirmó que los residentes de Gaza no son el enemigo. Dice que toma medidas para minimizar el daño a los civiles y permitir el ingreso de ayuda humanitaria al país.
Un comunicado del Ministerio de Asuntos Exteriores de Israel calificó la denuncia de Sudáfrica como una “despreciable y desdeñosa explotación" de la corte.
El caso en la CIJ gira en torno a la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio elaborada en 1948 tras el fin de la Segunda Guerra Mundial, durante la cual fueron asesinados 6 millones de judíos. Tanto Israel como Sudáfrica son signatarios de la convención.
En su presentación por escrito, Sudáfrica afirma que acudió al tribunal “para establecer la responsabilidad de Israel por violaciones a la Convención sobre Genocidio; para exigirle cuentas plenamente en virtud del derecho internacional por esas violaciones” y para “garantizar la protección más urgente y plena posible para los palestinos en Gaza que siguen en grave e inmediato riesgo de actos continuos y adicionales de genocidio”.
Un equipo de abogados que representa a Sudáfrica tendrá tres horas para presentar sus argumentos. La mañana del viernes, el equipo legal de Israel tendrá el mismo tiempo para refutar las acusaciones.
Human Rights Watch afirmó que las audiencias pondrán las acciones de Israel bajo el microscopio de una sala de Naciones Unidas
“El caso de genocidio que presentó Sudáfrica desbloquea un proceso legal en la corte de mayor instancia del mundo para examinar de forma creíble el comportamiento de Israel en Gaza con la esperanza de ponerle fin a un mayor sufrimiento”, dijo Balkees Jarrah, director asociado de justicia internacional del grupo.
La Corte Internacional de Justicia, con sede en el Palacio de la Paz, en un frondoso suburbio de La Haya, lidia con disputas entre naciones. La Corte Penal Internacional, ubicada a pocos kilómetros de distancia en esta misma ciudad holandesa, procesa a individuos por crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad y genocidio.
Israel tiene previsto volver a la CIJ el próximo mes, cuando comiencen las audiencias en torno a una solicitud de Naciones Unidas para una opinión consultiva no vinculante sobre la legalidad de las políticas israelíes en Cisjordania, otro territorio palestino ocupado por Israel, y en Jerusalén Oriental.
