Ecuador: autoridades coordinan acciones para dar con responsables de amenazas contra fiscal general

QUITO (AP) — Las autoridades ecuatorianas coordinan acciones para localizar y controlar en las cárceles a un grupo de delincuencia organizada sospechoso de planificar un atentado contra la Fiscal General, a quien se le reforzó la seguridad, se informó el jueves.

La fiscal Diana Salazar denunció la víspera que el grupo delincuencial "Los Lobos” y uno de sus miembros, al que identificó como Fabricio Colón Pico, está detrás de “varias alertas y amenazas” en contra de su integridad y la de su familia. Aseguró que “han sido identificados como aquellos que atentaron contra la vida de Fernando Villavicencio”, el candidato presidencial asesinado en agosto de 2023 a la salida de un acto político en el norte de Quito.

Los Lobos es considerada por las autoridades como una de las organizaciones de delincuencia organizada más grandes del país andino y que ha sido vinculada al cártel del narcotráfico mexicano Jalisco Nueva Generación. A esta organización se le adjudica la explosión de varios coches bomba en Quito, en agosto de 2023, y en otros puntos del país, además de una serie de delitos como sicariatos, extorsiones y robos.

En cuanto a Fabricio Colón Pico, conocido con el alias de “Capitán Pico”, se encuentra actualmente en libertad tras el fallo de un juez. Según las autoridades cuenta con varias causas por asociación ilícita, tenencia de armas, amenazas, delincuencia organizada, intimidación y narcotráfico.

La denuncia de la fiscal se dio en medio de una audiencia en la que pidió al juez Felipe Córdova la vinculación de ocho personas más en la investigación de la mayor filtración del crimen organizado y el narcotráfico en las instituciones del Estado, denominada caso “Metástasis”. También tiene lugar en medio de un aumento de la violencia sin precedentes en la nación sudamericana.

En una entrevista el jueves con la radio local Sucre, el presidente Daniel Noboa afirmó que para proteger a la fiscal y su familia “hemos movilizado apoyo no sólo de la policía, sino resguardo militar” y que “se ha reforzado el anillo de seguridad a ella y su familia”.

Dijo asimismo que dispuso por la mañana que tres cabecillas de Los Lobos sean trasladados a una cárcel de alta seguridad en Guayaquil, aunque no los mencionó.

Un fuerte dispositivo de seguridad acompaña a Salazar, quien usa chaleco antibalas y a quien siempre vigila un grupo de agentes fuertemente armados con armas largas y encapuchados, incluso dentro de las salas judiciales. A su vez, las instalaciones de la Fiscalía General del Estado en el centro norte de Quito permanecen valladas.

Las autoridades ordenaron, además, el refuerzo de las medidas de control en los centros de privación de libertad, aunque no especificaron las acciones adoptadas.

Mientras tanto, la madrugada del jueves y en el marco del caso “Metástasis”, el juez Córdova dictó orden de prisión preventiva contra cinco de los nuevos vinculados a esa investiación y dictó prohibición de salida del país y presentación periódica ante la autoridad para otros tres. Estos se suman a los 31 procesados el 14 de diciembre.

Los nuevos involucrados serían parte de la estructura de delincuencia organizada armada por el narcotraficante ecuatoriano Leandro Norero, alias “El Patrón”, asesinado en la cárcel en octubre de 2022, y cuyo fin fue beneficiarse de fallos que le otorguen “libertad e impunidad” a él y sus familiares, a través de cuantiosos sobornos, regalos suntuosos y otros beneficios, según las investigaciones.

Entre los ocho vinculados se encuentra Daniel Salcedo, procesado anteriormente por la venta ilegal de medicamentos durante la pandemia, y Xavier Jordán, supuesto socio del Norero quien, según la fiscal, buscaba silenciar a Villavicencio y “ponía a disposición” de la red “sus empresas para justificar el procedimiento del dinero ilícito que estaba siendo usado en lavado de activos”.

También se vinculó a Cristian Romero, abogado de Norero, por supuestamente ser “un planificador de delitos” contra la administración pública”, de acuerdo con la fiscal, y a un cabo de policía, un juez y un fiscal provincial, entre otros. Con la decisión del juez, el período de investigación se extiende de 90 a 120 días.