Caso de genocidio de Sudáfrica contra Israel tendrá enormes implicaciones en la CIJ
LA HAYA, Holanda (AP) — Sudáfrica presentó hace unos días un caso ante el máximo tribunal de Naciones Unidas en el que afirma que la campaña militar de Israel en Gaza equivale a un genocidio.
La denuncia, y la decisión de Israel de defenderse ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ), significarán un enfrentamiento con grandes implicaciones ante un panel de jueces en el Palacio de la Paz.
El caso probablemente se prolongue durante años y gira en torno a la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio, la cual se redactó en 1948 tras la Segunda Guerra Mundial y el Holocausto.
La convención define al genocidio como actos como asesinatos “perpetrados con la intención de destruir, total o parcialmente, a un grupo nacional, étnico, racial o religioso”.
A continuación más detalles sobre el caso y sus ramificaciones.
La acusación de 84 páginas que presentó Sudáfrica afirma que las acciones de Israel “son de carácter genocida porque tienen como objetivo provocar la destrucción de una parte sustancial” de los palestinos en Gaza.
La denuncia solicita a la CIJ —también conocida como corte mundial— una serie de fallos jurídicamente vinculantes. Quiere que el tribunal declare que Israel “ha violado y continúa violando sus obligaciones establecidas en la Convención sobre el genocidio” y que ordene a Israel que ponga fin a las hostilidades en Gaza que podrían constituir violaciones de la convención, que ofrezca indemnizaciones, y facilite la reconstrucción de lo que ha destruido en Gaza.
Sostiene que los actos genocidas incluyen el asesinato de palestinos, graves daños físicos y mentales e infligir deliberadamente condiciones destinadas a “provocar su destrucción física como grupo”. Además, asegura que las declaraciones de funcionarios israelíes expresan intenciones genocidas.
Sudáfrica argumenta que el tribunal tiene jurisdicción porque ambos países son signatarios de la convención sobre el genocidio. El artículo noveno de la convención establece que las disputas entre naciones respecto a la convención pueden presentarse ante la Corte Internacional de Justicia.
Muchos sudafricanos, incluido el presidente Cyril Ramaphosa, han comparado las políticas de Israel respecto de los palestinos en Gaza y Cisjordania con el pasado régimen del apartheid — segregación racial — en Sudáfrica.
El gobierno de Israel rechazó rápidamente la acusación de genocidio. Un comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores dijo que el caso de Sudáfrica carece de fundamento legal y constituye una “explotación despreciable y despectiva” del tribunal.
Eylon Levy, funcionario de la oficina del primer ministro israelí, acusó el martes a Sudáfrica de “dar cobertura política y legal” al ataque de Hamás del 7 de octubre que desencadenó la campaña de Israel. Pero confirmó que Israel enviaría a un equipo legal a La Haya “para disipar el absurdo libelo de sangre de Sudáfrica”, agregó.
Un funcionario israelí dijo que el país, que tiene un historial de ignorar a los tribunales internacionales, decidió defenderse por varias razones. Entre ellas se encuentra el papel de Israel en promover la convención original sobre el genocidio después del Holocausto, y su confianza en que “tenemos un caso sólido”. Habló bajo condición de anonimato a fin de discutir deliberaciones tras bambalinas.
El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, ha prometido seguir adelante con la guerra hasta que Hamás sea destruido y se libere a los más de 100 rehenes que el grupo miliciano aún mantiene en Gaza. Ha dicho que eso podría tomar varios meses más.
La denuncia de Sudáfrica incluye una solicitud para que el tribunal emita órdenes provisionales con caracter de urgente y legalmente vinculantes para que Israel “suspenda inmediatamente sus operaciones militares en y contra Gaza”.
Dichas órdenes, conocidas como medidas provisionales, se mantendrían vigentes mientras avanza el caso. Son legalmente vinculantes, pero no siempre se cumplen. En 2022, en un caso de genocidio presentado por Ucrania en contra de Rusia, el tribunal le ordenó a Moscú que suspendiera de inmediato su invasión. La orden fue ignorada y los ataques mortales continúan.
El tribunal programará pronto audiencias públicas. Los abogados de Sudáfrica e Israel pueden presentar sus argumentos. Los jueces, seleccionados de todo el mundo, probablemente tardarán días o semanas en emitir una decisión sobre las medidas preliminares.
Posteriormente, el tribunal iniciará un largo proceso de deliberación del caso en su totalidad.
Israel podría impugnar la jurisdicción y tratar que se desestime el caso antes de que los abogados comiencen con sus argumentos. Otros países firmantes de la convención sobre el genocidio podrían también presentar solicitudes para emitir alegatos.
Otros dos casos sobre genocidio se encuentran en la ocupada agenda del tribunal. El caso que interpuso Ucrania poco después de la invasión rusa acusa a Moscú de lanzar la operación militar con base en afirmaciones falsas de genocidio y señala a Rusia de planear actos de genocidio en Ucrania.
Otro caso en curso involucra a Gambia — que actúa a nombre de las naciones musulmanas — que acusa a Myanmar de genocidio contra la minoría musulmana rohinya.
En un caso anterior que presentó Bosnia, el tribunal dictaminó en 2007 que Serbia “violó la obligación de prevenir el genocidio... con respecto al genocidio que ocurrió en Srebrenica en julio de 1995”. La corte se negó a ordenarle a Serbia que pagara una indemnización. Croacia también demandó a Serbia en 2015, pero el tribunal dictaminó que en ese caso Serbia no violó la convención.
La Haya se autodenomina la ciudad internacional de la paz y la justicia. No sólo es sede de la CIJ, sino también de la Corte Penal Internacional (CPI), la cual se encuentra a pocos kilómetros de distancia, cerca de la costa del mar del Norte.
Los dos tribunales tienen mandatos diferentes.
La CIJ, que celebró su primera sesión en 1946, en momentos en que el mundo salía de la Segunda Guerra Mundial, juzga casos entre naciones. A menudo se trata de disputas fronterizas terrestres y marítimas, así como desacuerdos sobre la interpretación de tratados internacionales.
La CPI es mucho más joven. Comenzó a trabajar en 2002 con el ambicioso objetivo de poner fin a la impunidad mundial por atrocidades. A diferencia de la CIJ, busca responsabilizar penalmente a individuos por genocidio, crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad.
La CPI tiene una investigación abierta en torno al conflicto entre israelíes y palestinos que se remonta a la última guerra en Gaza. Hasta el momento no ha emitido ninguna orden de detención.
El fiscal de la CPI, Karim Khan, dijo el mes pasado que una investigación sobre posibles crímenes cometidos por extremistas de Hamás y las fuerzas israelíes “es una prioridad para mi oficina”.
Dos tribunales de la ONU, ahora desaparecidos, también celebraron juicios históricos relacionados con el genocidio.
El Tribunal Penal Internacional Para la ex Yugoslavia condenó a una serie de serbobosnios de alto rango, entre ellos al expresidente Radovan Karadzic y su jefe militar, el general Ratko Mladic, por su participación en la matanza de más de 8.000 hombres adultos y menores en julio de 1995 en la ciudad bosnia de Srebrenica.
Tanto Karadzic como Mladic fueron condenados a cadena perpetua.
El Tribunal Penal Internacional Para Ruanda condenó a una serie de gobernantes involucrados en la masacre de unas 800.000 personas, en su mayoría de la etnia tutsi, en la nación africana en 1994.
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El periodista de The Associated Press Josef Federman contribuyó desde Jerusalén.
