El decreto de Milei que contempla profundas reformas económicas irrita el ánimo social en Argentina
BUENOS AIRES (AP) — La jubilada Silvia Moncard arrastraba un carrito con algunas verduras y dulces que había comprado en una feria a precios irrisorios, imposibles de hallar en la actual Argentina, en la que la inflación se ubica en más del 160% anual.
Moncard adquirió los alimentos a pequeños productores, que el jueves los vendían a muy bajo valor en las cercanías del Congreso con el fin de visibilizar el actual deterioro económico y social, que el presidente Javier Milei intenta enfrentar a partir de un plan de ajuste.
La mujer dijo a The Associated Press que el llamado “verdulazo”, la protesta que encabezaron los productores pertenecientes a distintas organizaciones sociales, la salva “de la situación dramática que está viviendo el país por este presidente".
Las más de 70 carpas de la feria exhibían verduras, frutas, quesos, pan, pastelería, carbón y ropa a precios mucho más económicos que en un supermercado común.
“No tiene nombre cómo la gente puede equivocarse tanto al votar a alguien así”, se lamentó Moncard. “¿Es necesario que tengamos que hacer esto para comer?”
El mandatario de perfil neoliberal anunció la víspera un decreto de necesidad y urgencia (DNU) que remece los cimientos de la estructura del Estado y del sistema económico. El paquete de reformas —parte del cual venían exigiendo sectores económicos y empresariales —preanuncia una profundización de la protesta social y podría toparse con obstáculos en el Congreso y en el Poder Judicial para su implementación efectiva.
Según la jubilada, el DNU “responde a los intereses de empresarios y no es para la gente”.
Martín Velázquez, miembro de la peronista Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP) —una de los grupos organizadores de la feria—, afirmó por su lado que con el verdulazo, los pequeños productores buscaban solidarizarse con los que están siendo expulsados a la pobreza "y mostrar que hay una alternativa a un mercado capital que nos excluye”.
La UTEP teme que el plan económico de Milei y la inflación galopante puedan afectar profundamente su subsistencia en un mercado desregulado.
En tanto, en las cercanías de la casa de gobierno y al grito de “No se vende”, cientos de empleados del estatal Banco Nación protestaron contra su eventual privatización a raíz de la derogación de un artículo de una ley que impedía la venta de la principal entidad estatal financiera del país.
El decreto de Milei también derogó la norma que impide la privatización de las empresas públicas.
Los “cacerolazos” de protesta que empezaron en Buenos Aires el miércoles tras el anuncio de Milei se multiplicaron un día después por ciudades del interior del país, como Rosario y Córdoba. Los manifestantes se expresaron con golpes de cacerolas, aplausos y ondeando banderas argentinas. No había identificaciones partidarias, pero muchos de los cánticos replicaban consignas de la izquierda.
En Córdoba al menos dos manifestantes fueron arrestados tras chocar con la policía, según videos captados por testigos y difundidos en redes sociales. Hasta el momento no había información oficial.
Por otro lado, en menor número que la víspera, varios ciudadanos se manifestaron contra el decreto el jueves por la noche en el Congreso, el cual podría obligar al gobierno a dar marcha atrás si sus dos cámaras lo rechazan.
A su vez, la Confederación General del Trabajo (CGT), la principal central obrera del país, anunció una movilización para el próximo miércoles ante los tribunales de justicia en la capital para acompañar la demanda de impugnación contra el gobierno.
El presidente defendió el decreto con el que busca desregular la economía, que estuvo fuertemente intervenida por el Estado en las últimas dos décadas, en las que el peronismo ejerció el poder la mayor parte del tiempo.
Apuntó que la normativa “busca incrementar el bienestar de las personas” y desmontar “la máquina de impedir”. Al respecto, indicó que su equipo ha detectado unas 380.000 regulaciones que "dificultan el funcionamiento de la economía".
El economista ultraortodoxo, que asumió el poder hace 11 días luego de obtener un respaldo electoral de casi 56%, busca avanzar lo antes posible con sus reformas para revertir la crisis de la segunda mayor economía de Sudamérica. Debe hacerlo antes de que termine la luna de miel con la ciudadanía que lo votó, se profundicen las protestas y la resistencia a sus iniciativas avance en el Parlamento. Su partido, La Libertad Avanza, está en clara desventaja en ambas cámaras.
Milei acotó que las reformas desacelerarán la inflación y mejorarán la economía. El alza de precios es de casi 161% anual.
Luego de que el mandatario anunció el decreto, decenas de personas hicieron sonar sus cacerolas en varios barrios de Buenos Aires a modo de rechazo.
Horas antes del anuncio presidencial, miles habían marchado convocados por organizaciones políticas y sociales izquierdistas en contra de las medidas de austeridad que anunció el gobierno la semana pasada para recortar el déficit fiscal y combatir la inflación.
Milei sostuvo que los ciudadanos que realizaron cacerolazos están “abrazados y enamorados del modelo que los empobrece”.
Pese a ser dictado por el Poder Ejecutivo, el gobierno debe enviar el decreto al Congreso en un plazo de 10 días hábiles para que sea tratado por una comisión, la cual debe emitir un dictamen a favor o en contra y aún no está conformada. Cualquiera sea la resolución de la comisión, el pleno de ambas cámaras debe someter el decreto a debate.
El paquete de medidas puede ser avalado con el respaldo de una sola cámara legislativa, y si el Parlamento no se pronuncia también queda vigente.
Se desconoce el tiempo en que este proceso —que requiere que el presidente convoque a sesiones extraordinarias en el Congreso— se llevaría a cabo. Mientras tanto, el decreto estaría en vigor.
El DNU tiene vigencia mientras las dos cámaras del Congreso no lo rechacen con la mayoría absoluta de sus miembros.
Partidos opositores y sindicatos han anunciado que no se quedarán de brazos cruzados ante los planes ortodoxos del mandatario.
El bloque de la peronista Unión por la Patria en la Cámara de Diputados, donde es la primera minoría, declaró que “frente al silencio cómplice de algunos” va a "defender la democracia, la división de poderes y la república”. Los legisladores anunciaron que exigirán que el Congreso entre en funcionamiento y se reúna la comisión que dé tratamiento al DNU.
El paquete de medidas también podría enfrentar un fuerte rechazo en el ámbito judicial.
Distintos sectores cuestionaron que el decreto restrinja el ejercicio del derecho a la huelga al establecer la exigencia de una cobertura mínima de 75% en servicios esenciales, que incluyen la salud y la educación.
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En esta nota colaboró el videoperiodista de la AP Cristian Kovadloff.
