AP EXPLICA: En qué consiste megadecreto del presidente Milei que desregula la economía en Argentina
BUENOS AIRES (AP) — El presidente ultraliberal argentino, Javier Milei, desmontó por decreto más de 300 regulaciones que pesaban sobre distintas actividades económicas para poner fin a la “intromisión” del Estado en la vida cotidiana de los argentinos, lo que según él ha sido la causa de la decadencia económica del país sudamericano.
El trabajo, la salud, el consumo, la renta de viviendas, el turismo, las comunicaciones y hasta el fútbol fueron alcanzados por el decreto de necesidad y urgencia (DNU), anunciado el miércoles por el mandatario, y que supone un cambio radical de reglas de juego en un país con una cultura de fuerte intervencionismo estatal.
“El Estado —en su conjunto— se ha vuelto una máquina de impedir el comercio, el trabajo, la producción, el ahorro, la inversión, la generación de riqueza, el crecimiento económico y, fundamentalmente, la libertad”, sostuvo el mandatario en un mensaje en cadena nacional.
A cambio, Milei propuso “un sistema económico basado en decisiones libres, adoptadas en un ámbito de libre concurrencia, con respeto a la propiedad privada y a los principios constitucionales de libre circulación de bienes, servicios y trabajo”.
A continuación, un detalle de las medidas anunciadas por el presidente argentino y qué obstáculos legales y políticos pueden afectar su implementación.
¿EN QUÉ CONSISTE UN DECRETO DE NECESIDAD Y URGENCIA?
Es una facultad del Poder Ejecutivo de emitir disposiciones de carácter legislativo en “circunstancias excepcionales”.
Según el gobierno, la gravedad de la situación económica en Argentina “no admite dilaciones y hace que sea imposible esperar el trámite normal de formación y sanción de las leyes”.
¿QUÉ REGULACIONES QUEDARON SIN EFECTO?
En su discurso, Milei sólo mencionó 30. Pero en el decreto se incluyen más de 300 normas derogadas o modificadas.
En materia laboral, introdujo cambios que desafían el poder de los sindicatos e implican un cambio en una legislación que hasta ahora ha favorecido a los trabajadores.
Por un lado, restringió el derecho a huelga en actividades esenciales como servicios hospitalarios, educación y transporte. Y abrió el juego para nuevos mecanismos de indemnización que harán menos engorroso el despido de empleados.
El decreto eliminó todas las herramientas de control de precios en un contexto de inflación interanual de más de 160% que, según las previsiones de los analistas, llegará a 200% al terminar el año.
Además, derogó la ley de alquileres para que plazos y moneda se definan libremente entre partes, modificó el marco regulatorio de la medicina privada para que las empresas fijen valor de cuota sin autorización previa del Estado, liberó el mercado aeronáutico y de las telecomunicaciones satelitales y limitó controles sobre empresas emisoras de tarjetas de crédito.
Privatizaciones de empresas públicas y clubes deportivos también quedaron habilitadas por el decreto.
¿ESTÁ VIGENTE EL DECRETO?
Sí, pero requiere ser convalidado por el Congreso. Según la norma, diputados y senadores no pueden modificar el texto y su potestad es aceptarlo o rechazarlo con el voto de la mitad más uno de los miembros presentes en cada cámara.
Sólo quedará sin efecto si las dos cámaras lo rechazan.
El partido gobernante Libertad Avanza es la tercera fuerza en el Parlamento, por lo que está obligado a negociar los votos.
Mientras dura el trámite legislativo, el decreto debe cumplirse, salvo que la justicia lo suspenda.
¿ES CONSTITUCIONAL EL DNU?
La mayoría de los constitucionalistas coincidieron que el decreto avanzó sobre facultades del Congreso, ya que muchas de las disposiciones no estarían justificadas dentro de un contexto de “circunstancias excepcionales”.
El economista Federico Sturzenegger, asesor del presidente y considerado del arquitecto del decreto, argumentó que “hay que dar una señal clara y contundente que Argentina se encamina hacia otra dirección y ésa es la emergencia que justifica el DNU”.
Se descuenta que organizaciones civiles como sindicatos y ciudadanos particulares se presentarán ante la justicia para pedir la nulidad del decreto.
