Demandas brasileñas vinculan a JBS con destrucción de Amazonía en área protegida
JACI PARANÁ, Brasil (AP) — El gigante procesador de carne JBS SA y otros tres mataderos enfrentan demandas por millones de dólares en daños ambientales por su presunta compra de ganado criado ilegalmente en un área protegida de la Amazonía brasileña.
Las demandas, presentadas del 5 al 12 de diciembre por el estado de Rondonia, en el oeste de Brasil, tienen como objetivo la explotación de un área protegida conocida como Jaci Paraná que alguna vez fue un bosque tropical húmedo, pero ahora en gran medida transformado en pastizal tras décadas de uso indebido por parte de acaparadores de tierras, madereros y ganaderos.
A pesar de una ley que prohíbe el ganado comercial en la reserva, actualmente unas 216.000 cabezas pastan allí, según la división animal del estado.
Las demandas contienen un tipo de evidencia que llama la atención de los expertos en deforestación y veteranos del comercio ilegal de ganado en Brasil: Documentos de transferencia que muestran que las vacas van directo al matadero desde las áreas protegidas, con información aparentemente proporcionada por los propios ganaderos ilegales.
“En dos décadas de luchar contra la crianza ilegal de ganado en la Amazonía, nunca había visto un permiso de tránsito con el nombre de una unidad de conservación en él”, dijo Jair Schmitt, jefe de protección ambiental de Ibama, la agencia ambiental federal de Brasil.
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Este artículo fue producido como parte de una colaboración entre la organización de noticias brasileña Agencia Pública y The Associated Press.
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De las 17 demandas, tres nombran a JBS junto con ganaderos que presuntamente vendieron 227 cabezas de ganado criadas en Jaci Paraná. Las demandas exigen alrededor de 3,4 millones de dólares por “invadir, ocupar, explotar, causar daños ambientales, impedir la regeneración natural y/o beneficiarse económicamente” de las tierras protegidas.
JBS declinó responder preguntas de The Associated Press y dijo que “no ha sido citada por el tribunal, lo que hace imposible realizar ningún análisis todavía”.
También se acusa a tres empresas procesadoras de carne más pequeñas de causar daños ambientales al comprar ganado de la reserva. Frigon, Distriboi y Tangara no respondieron a las preguntas.
Frigon tiene vínculos con personas influyentes en la política de Rondonia y está acusada de comprar la mayor cantidad de ganado: Casi 1.400 cabezas de ocho ranchos ilícitos. El fiscal del estado busca 17,2 millones de dólares de Frigon y de esos ganaderos.
Tanto Frigon como las dos plantas de JBS supuestamente involucradas han exportado carne a Estados Unidos, así como a China —el mayor comprador de carne de res brasileña—, Hong Kong, Rusia, Egipto, Marruecos, España, Turquía, Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudí y otros, según datos de Panjiva, una empresa que utiliza registros aduaneros para rastrear el comercio internacional.
Las demandas tienen como objetivo poner precio a la destrucción de los bosques tropicales húmedos primarios, una tarea difícil dado que son prácticamente irremplazables excepto después de varias décadas. Un expediente judicial cifra los daños en la reserva en unos 1.000 millones de dólares. No está claro si los cientos de otros invasores en Jaci Paraná también serán demandados para obtener una compensación.
“Los invasores y sus principales socios comerciales —madereros y empresas procesadoras de carne— se apropian el total las ganancias mientras trasladan a la sociedad los costos del daño ambiental”, dicen las demandas.
En un indicio de la posible gravedad de las nuevas demandas, un funcionario judicial que intentaba entregar una notificación de desalojo a uno de los agricultores ilegales de la reserva dijo que fue amenazado de muerte.
La deforestación es una gran preocupación en la selva amazónica, donde muchos buscan sacar provecho de sus vastos recursos mediante la minería, tala, agricultura y más. Además de dañar una biosfera crítica, la presión del desarrollo también amenaza al sumidero de carbono —el depósito natural que absorbe y captura el dióxido de carbono— que es crítico para un planeta que se calienta peligrosamente debido al cambio climático. Dos tercios de la deforestación de la Amazonía se deben a la conversión a pastizales, según el gobierno.
Rondonia, en la frontera con Bolivia, es el estado más deforestado de la Amazonía brasileña.
La creación de la Reserva Jaci Paraná y otras áreas de conservación estatales fue financiada por el Banco Mundial en la década de 1990 como una especie de resarcimiento, según el banco. Años antes, había financiado la construcción de la carretera BR-364, una vía que atrajo a la selva tropical a miles de colonos desde el sur de Brasil. En cinco décadas, alrededor del 40% de dicha selva había desaparecido, según Mapbiomas, un consorcio brasileño de organizaciones sin fines de lucro, universidades y startups tecnológicas.
Otras unidades de conservación también fueron invadidas por acaparadores de tierras, con pocas objeciones de las autoridades. Algunos gobiernos brasileños incluso las alentaron. En 2010, el presidente Luiz Inácio Lula da Silva, en su segundo mandato, redujo en dos tercios el Bosque Nacional Bom Futuro, adyacente a Jaci Paraná. Los acaparadores de tierras finalmente obtuvieron títulos de propiedad sobre lo que se suponía era un bosque protegido.
En 2019, el ultraderechista Jair Bolsonaro fue elegido presidente, al igual que su aliado Marcos Rocha como gobernador de Rondonia, con campañas que prometían legalizar a los terratenientes ilegales. Los especuladores de tierras araron las tierras de conservación.
Con las promesas políticas, se indujo a 778 invasores de tierras a presentarse y registrar las propiedades que ocupaban, así como su ganado para inspección sanitaria.
“Eso revela la contradicción entre las agencias públicas, ya que la agencia de salud animal valida el ganado criado ilegalmente”, dijo Paulo Barreto, investigador sénior de Imazon, una organización sin fines de lucro que monitorea el ganado en la región. “Esto también revela la fragilidad del sistema de control de JBS”.
El dinero potencial que se podía ganar fue irresistible. La privatización de Jaci Paraná habría significado agregar franjas de terrenos públicos al mercado inmobiliario. Las 151.000 hectáreas (583 millas cuadradas) convertidas en pastizales valdrían alrededor de 453 millones de dólares, según la geógrafa Amanda Michalski, investigadora de la Universidad Federal de Rondonia. Y los nuevos propietarios habrían obtenido esas tierras gratuitamente.
En su declaración, JBS declinó hacer comentarios sobre sus operaciones en Rondonia, pero dijo que, en la Amazonía en su conjunto, el 94% de las compras son de ganado legal, citando una auditoría publicada en octubre por el Ministerio Público Federal de Brasil, que examina periódicamente las ventas de ganado para contrarrestar la deforestación causada por el comercio de carne.
No obstante, la misma auditoría encontró que el 12% del ganado comprado por JBS en Rondonia provenía de áreas deforestadas ilegalmente.
Y esas auditorías sólo examinan las compras directas. No rastrean el vasto comercio de lavado de ganado en Brasil, que transfiere vacas de un área ilegal a una granja legal antes de venderlas a los mataderos, lo que enturbia deliberadamente la posibilidad de identificar su origen.
En noviembre, un informe de Imazon calificó a JBS como la empresa con mayor probabilidad de comprar ganado de áreas deforestadas ilegalmente con base en varios factores que incluyen dónde están ubicados los mataderos y sus áreas de compra.
“Las empresas deben boicotear las zonas ganaderas con alto riesgo de actividad ilegal y falta de aplicación de la ley”, dijo Barreto, coautor del estudio. “Al comprar ganado de estas áreas, las empresas respaldan comportamientos depredadores e ilegales y fortalecen el poder político de estos actores”.
En julio pasado, periodistas de la AP visitaron Jaci Paraná y vieron en tierra lo que las imágenes satelitales detectaron desde el espacio: las únicas áreas boscosas que quedaban estaban a lo largo de dos ríos. Con casi el 80% destruido, es la unidad de conservación más devastada de la Amazonía brasileña.
Jaci Paraná está designada reserva extractiva, un tipo de protección en el que a las comunidades forestales se les permite vivir sus estilos de vida tradicionales sin talar, amparadas de los acaparadores de tierras y la ganadería.
Pero sucedió lo contrario: decenas de familias que antes se ganaban la vida como “seringueiros” —extractores de látex de los árboles de caucho— y recolectaban nueces de Brasil dentro de la reserva han sido expulsadas por la fuerza. Los pocos que quedan viven a lo largo de las orillas del río —y la mayoría teme ser entrevistados por miedo a ser atacados—.
Lincoln Fernandes de Lima, de 45 años, cuya familia ha vivido en la zona durante tres generaciones, describió a los acaparadores de tierras que “quitan toda la madera y los árboles de nueces de Brasil. Llegan a la fuente de agua, ya habiendo talado los árboles a su alrededor, y siguen tirando, tirando”, dijo en una entrevista en julio. “Cuando los residentes salen de sus casas para hacer algo en el bosque, disparan a las ollas y sartenes. Y muchas, muchas veces las casas son derribadas con una motosierra”.
En septiembre, dos hombres armados visitaron a De Lima y le dijeron que su jefe había adquirido el área. Le dieron 24 horas para irse. Lo tomó como una amenaza de muerte y se fue —la tercera vez que lo expulsaban de la reserva—.
Cinco días después, incendiaron la casa de su vecino, el cauchero Efigenio Mota da Silva.
Huyeron a la aldea de Jaci Paraná, donde decenas de familias de recolectores de subsistencia expulsadas han buscado refugio. En el pueblo también vive Rosa Maria Lopes. Nació en 1952 en un bosquecillo de caucho dentro de la reserva. Su familia vivió en la misma zona durante más de un siglo, pero también fue desterrada por los ganaderos. El lugar donde creció ahora es un pastizal.
“No queda nada allí”, dijo a la AP en el porche de la casa de su hija. “Ya nadie habla de las nueces de Brasil, de los árboles de aceite de copaiba o de caucho. No se habla del maíz, la calabaza o lo que sea que se sirva en la mesa. Es sólo ganado, granjas y pastizales. ¿Vamos a comer sólo pasto?”.
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Valente informa para Agência Pública. Maisonnave es corresponsal de The Associated Press para la cuenca del Amazonas. La periodista de la AP Camille Fassett, en Seattle, contribuyó a este despacho.
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