Aumentan los cruces ilegales en frontera EEUU-México mientras el Congreso debate límites al asilo

LUKEVILLE, Arizona, EE.UU. (AP) — Hay cientos de fechas grabadas en las columnas de acero y concreto a lo largo de la frontera estadounidense con México, registro de los momentos en que la Patrulla Fronteriza ha reparado las aperturas ilegales de la barrera. Sin embargo, cada vez que una apertura es reparada, en poco tiempo otra columna es cortada, sopleteada o martillada para permitir el paso de grandes grupos de migrantes, usualmente lejos de la vista de los agentes.

Las aperturas se extienden por 48 kilómetros (30 millas) a lo largo de un camino sin pavimentar al oeste de Lukeville, un pueblo en medio del desierto de Arizona que no tiene más que un cruce fronterizo oficial, un restaurante y una tienda. Las fechas de las reparaciones datan en su mayoría desde la primavera de este año, cuando la región salpicada de cactus se convirtió en el punto más activo de cruces ilegales.

La Patrulla Fronteriza ofreció una visita guiada en Arizona para medios noticiosos, entre ellos The Associated Press, donde mostró mejoras en las condiciones de detención de migrantes y en los tiempos de procesamiento, pero el flujo de personas es abrumador. El pronunciado aumento en varias partes de la frontera ha agravado la frustración hacia las políticas migratorias del gobierno del presidente Joe Biden y ha intensificado la presión sobre el Congreso para que llegue a un acuerdo en torno a las normas para solicitar asilo, tanto así que la Casa Blanca y algunos demócratas en el Congreso están considerando importantes límites al proceso de asilo, como parte de un acuerdo que incluya un paquete de ayuda a Ucrania.

Mientras el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, salía de conversaciones a puerta cerrada con líderes legislativos el viernes, decenas de migrantes de Senegal, Guinea y México caminaban a lo largo de la muralla fronteriza construida en Arizona durante la presidencia de Donald Trump con la intención de entregarse a los agentes. Una mujer mexicana caminaba aceleradamente con sus dos hijas y cinco nietos de entre 2 y 7 años, tras ser dejada allí por un autobús y recibir instrucciones de guías.

“Nos dijeron a dónde ir, que vayamos derecho”, relató Alicia Santay, de Guatemala, que esperó en una carpa de la Patrulla Fronteriza en Lukeville para el procesamiento inicial. Santay, de 22 años, y su hermana de 16 esperaban ir a Nueva York, donde vive su padre.

Las fechas en que las aperturas en la barrera fueron reparadas con frecuencia están una al lado de otra, escritas en blanco sobre el acero oxidado. En un conjunto se veían cinco fechas entre el 12 de abril y el 3 de octubre. El viernes, los agentes recorrían la barrera buscando huecos y hallaron uno en una columna que ya había sido reparada dos veces: una el 31 de octubre y la otra el 5 de diciembre.

Los contrabandistas le cortan unos centímetros (pulgadas) a la parte inferior de cada poste de acero de 9 metros (30 pies), lo que según agentes puede tomar apenas media hora. Las columnas entonces se pueden mover, creando espacio para el paso de grupos grandes de personas. En algunos lugares las autoridades han soldado barras de metal horizontalmente para evitar los movimientos de las columnas, pero hay bastantes otros lugares que se pueden cortar.

Los agentes dicen que podría tardar hasta una hora manejar desde Lukeville para detectar cada hueco, un tiempo significativo cuando hay tantos migrantes por procesar.

“Nuestros oficiales y agentes están haciendo frente a grandes grupos de migrantes, lo que implica que algunos de nuestros agentes no están en la frontera, no realmente monitoreando algunos de esos cortes”, dijo Troy Miller, comisionado interino de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP por sus siglas en inglés). “Si no tenemos a nadie que atienda, entonces vas a ver esto que estás viendo”.

La cantidad de llegadas diarias “no tiene precedentes”, dijo Miller, ya que los cruces ilegales en diciembre superaron los 10.000 en ciertos días. La CBP suspendió el lunes el tráfico ferroviario transfronterizo en las ciudades texanas de Eagle Pass y El Paso en respuesta al número de migrantes que atraviesan México encaramados en trenes de carga, bajándose poco antes de entrar a Estados Unidos. El paso fronterizo de Lukeville está cerrado, así como un cruce peatonal en San Diego, para que más agentes puedan ser asignados a la afluencia de migrantes.

Las detenciones por cruces ilegales superaron los 2 millones por primera vez en cada uno de los dos últimos años fiscales del gobierno estadounidense, lo que refleja los cambios tecnológicos que han aumentado la movilidad global y una serie de flagelos que impulsan a la gente a abandonar sus hogares, como la desigualdad, las catástrofes naturales, la represión política y el crimen organizado.

Miller afirmó que las soluciones recaen mucho más allá de la CBP, que incluye la Patrulla Fronteriza, e involucran a otras agencias cuyas responsabilidades tienen que ver con la detención a largo plazo y las revisiones de las solicitudes de asilo. Sobre los cortes en el muro, Miller dijo que las autoridades mexicanas “tienen que dar un paso adelante”.

Las detenciones en el sector Tucson de la Patrulla Fronteriza, que incluye Lukeville, superaron a las de los otros sectores de la frontera mexicana de mayo a octubre, excepto junio, según las últimas cifras públicas. Se trata de una actividad similar a la de los primeros años de la década de 2000, antes de que el tráfico se desplazara a Texas, pero la demografía es muy diferente.

Las detenciones de personas que viajan en familia se acercaron a las 72.000 en el sector Tucson entre el 1 de octubre y el 9 de diciembre, más de nueve veces que en el mismo periodo del año pasado. Esto supone un gran cambio respecto a la época en que casi todos los migrantes eran hombres adultos. Las detenciones de no mexicanos superaron las 75.000, casi el cuádruple que hace un año y más de la mitad de todas las detenciones del sector.

Los senegaleses representaron más de 9.000 detenciones en Tucson entre el 1 de octubre y el 9 de diciembre, mientras que las detenciones de personas procedentes de Guinea e India superaron las 4.000 cada una. Los agentes han registrado la presencia de migrantes de unas cuatro docenas de países del hemisferio oriental.

Los agentes que recogen a los migrantes cerca del muro los conducen a Lukeville para que les tomen fotos con un teléfono móvil, lo que inicia su procesamiento. Conducen unos 45 minutos hasta una estación en Ajo que se construyó para detener a 100 personas, pero que el viernes albergaba a 325. Algunos son trasladados en autobús a otros sectores de la Patrulla Fronteriza, pero la mayoría son enviados a Tucson, a unas dos horas de distancia.

Desde un campamento cerca del Aeropuerto Internacional de Tucson, construido para unas 1.000 personas, algunos migrantes son trasladados en avión a la frontera de Texas para su procesamiento. Otros son dejados en libertad en un plazo de dos días, según lo dispuesto por una orden judicial en el sector Tucson. La política de la CBP limita la detención a 72 horas.

La mayoría son puestos en libertad con notificaciones para presentarse ante tribunales de inmigración, los cuales de antemano tienen más de 3 millones de casos pendientes. Algunos son retenidos durante más tiempo por el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE).

Las tiendas de campaña están muy lejos de parecerse a las de 2021 en Donna, Texas, donde más de 4.000 migrantes, en su mayoría niños no acompañados, fueron retenidos en un espacio que, según las restricciones del COVID-19, estaba diseñado para 250 personas. Algunos permanecieron ahí durante semanas, contando tan sólo con colchonetas y mantas isotérmicas para dormir. En 2019, los investigadores encontraron a 900 personas hacinadas en una celda para 125 en El Paso, y algunos detenidos se habían subido sobre los inodoros para tener espacio para respirar. Llevaban ropa sucia durante días o semanas.

Los debates en el Congreso pueden dar lugar a la legislación sobre inmigración más importante desde 1996. Entre los posibles cambios se incluyen más detenciones obligatorias y un uso más amplio de una norma para elevar el umbral de las entrevistas iniciales de asilo. Aunque desde mayo se ha aplicado un criterio más estricto a decenas de miles de migrantes que entraron ilegalmente en el país, éste no se utiliza en el sector Tucson de la Patrulla de Fronteras debido a los flujos extraordinariamente elevados.