"Caso Metástasis", o cómo el narcotráfico infiltró a la justicia y la Policía en Ecuador

QUITO (AP) — Sobornos por 450.000 dólares, joyas y casas a cambio de protección.

Por al menos varios meses, policías, jueces y abogados operaron en una red sin precedente de apoyo a quien fuera un importante narcotraficante en Ecuador, un país que ha visto en los últimos años un incremento de la violencia y los homicidios atribuidos al crimen organizado, según ha revelado la Fiscalía del país sudamericano.

En la que ha sido descrita como la mayor operación contra la corrupción y el narcotráfico, el llamado "Caso Metástasis" ha comenzado a dar luz sobre los presuntos vínculos entre autoridades y los grupos del crimen organizado, que derivó en la detención de 31 personas, incluidos Wilman Terán, el titular del órgano que supervisa a los jueces en el país y al general Pablo Ramírez, quien hasta hace unos días fuera jefe de la Policía Antinarcóticos.

Un juez de la Corte Nacional de Justicia envió a prisión preventiva a 16 de los detenidos, incluido el presidente del Consejo de la Judicatura, tras escuchar a la Fiscal Diana Salazar presentar los cargos contra los implicados.

Les señala de haber recibido sobornos para proteger a Leandro Norero, alias “El Patrón”, un supuesto narcotraficante asesinado en la cárcel en 2022 y señalado de financiar a algunos grupos criminales ecuatorianos y tener vínculos con el cártel mexicano Jalisco Nueva Generación.

“El caso Metástasis es una clara radiografía de cómo el narcotráfico se ha tomado el Estado para, a través del dinero mal habido, operar en instancias políticas y judiciales y lograr impunidad en algunos casos”, dijo la fiscal Salazar.

Para los otros 14 procesados, entre ellos, el general Ramírez, se dictó prohibición de salida del país y presentación ante un juez cada 15 días. El juez negó las medidas de incautación de cuentas bancarias.

La revelación ocurre a menos de un mes de la llegada a la Presidencia de Ecuador del empresario Daniel Noboa, quien ha dicho que su prioridad es reducir la violencia que padece el país.

La fiscal aseguró que la red operó al menos entre mayo y octubre de 2022, y que los funcionarios recibían sobornos de entre 6.000 y 450.000 dólares, además de joyas y bienes inmuebles, a cambio de que el grupo criminal recibiera sobreseimientos judiciales, asesoramientos, beneficios administrativos y recursos jurídicos favorables para Norero, sus hermanos y esposa.

Según Salazar, dos hombres cercanos a “El Patrón” eran los responsables de entregar los sobornos a los funcionarios. Uno de ellos, dijo, habría operado incluso “en coordinación” con el alcalde de Manta, Agustín Intriago, quien fue asesinado en julio por desconocidos en esa ciudad portuaria.

La fiscal dijo que los primeros sobornos habrían ocurrido en mayo del año pasado, tras la detención de la esposa y el hermano de Norero por un caso de lavado de dinero. Según la investigación, el narcotraficante pagó 450.000 dólares a funcionarios judiciales de la sala que llevó el caso de su hermano para que lo liberaran.

Norero es considerado el fundador de un grupo criminal conocido como “Chonekillers” y al paso del tiempo se volvió también financista de bandas del crimen organizado como “Los Tiguerones” y “Los Lobos”, que han sido señalados de ser algunos de las organizaciones detrás de la violencia que ha sacudido a Ecuador en los últimos años.

“El Patrón” fue detenido en mayo de 2022, luego de que fingiera su muerte durante la pandemia de COVID. Y sólo unos meses después, en octubre, murió en la prisión donde se encontraba tras una trifulca entre grupos rivales que dejó 16 fallecidos.

Al momento de la muerte del narcotraficante, el general Ramírez era el director del sistema penitenciario. Entonces, señaló la Fiscalía, el funcionario otorgaba “favores administrativos" y "fungía como facilitador del crimen organizado, un narco general”.

La Fiscal señaló que el sistema de sobornos implantado por Norero benefició también a sus sicarios quienes obtuvieron libertad. El capo, además, pagó a varios policías procesados por “filtrar información”, brindar protección a sus bienes incautados “fingiendo falsos operativos” y captar a más agentes para su red y otra serie de ilícitos.