Ecuador: Fiscalía detiene a máxima autoridad de Justicia, jueces, policías y otros funcionarios

QUITO (AP) — En un gigantesco operativo, agentes de la Fiscalía ecuatoriana detuvieron el jueves al menos a 29 personas, incluidos el presidente del Consejo de la Judicatura, jueces, fiscales, policías y agentes penitenciarios, entre otros, vinculados a una investigación sobre delincuencia organizada y narcotráfico.

Las autoridades investigan indicios de “una estructura criminal incrustada en todos los niveles del Estado y vinculada directamente al narcotráfico” que mostraría “la profunda descomposición estructural que campea en el país”, explicó la Fiscal General, Diana Salazar, en un video publicado en su cuenta en X, antes Twitter.

Salazar comunicó además el final de la operación “más grande en la historia contra la corrupción y el narcotráfico”, en la que intervinieron más de 900 personas entre fiscales, equipos tácticos y unidades especiales de la policía.

La Fiscalía señaló que “de la información que estamos recabando de los allanamientos en varias provincias, son 29 los detenidos”, aunque aclaró que “iremos actualizando” mientras terminan allanamientos que aún están en ejecución.

El Consejo de la Judicatura es la entidad encargada de la administración del sistema judicial y los concursos para elegir a los nuevos jueces, además de la aplicación de medidas disciplinarias a los funcionarios del sector, pero no imparte justicia.

En un comunicado, la Judicatura expresó “su profundo rechazo y preocupación” ante lo que calificó como “detención arbitraria y sin sustento” de Wilman Terán, presidente de ese organismo, así como el allanamiento a la sede de la institución, acciones que, dijo, “carecen de fundamento y atentan contra los principios de la función judicial”.

En el operativo se realizaron 75 allanamientos en seis provincias y se arrestó a jueces, exjueces y a un exgeneral de la policía —que estuvo activo hasta la semana pasada— entre otros funcionarios.

En su cuenta de X, antes Twitter, la Fiscalía General aseveró que durante la jornada se allanaron las instalaciones de la Fiscalía Provincial de Pichincha, ubicada en el centro norte de la capital, “donde se levantaron indicios relacionados con la investigación por presunta delincuencia organizada”.

También en la ciudad de Riobamba, 162 kilómetros al sur de Quito, se allanó un estudio jurídico privado para levantar indicios y se informaron nuevas detenciones, entre ellas la de un coronel y dos cabos de la policía, aunque no hay un balance total del número de detenidos.

El catedrático y analista de la Universidad San Francisco, Luis Espinosa, dijo a The Associated Press que “dentro de un país que se derrumba institucionalmente", Salazar se ha alzado como “un último bastión que ha puesto límites a los abusos de poder de los últimos tres gobiernos”, y añadió que ”la Fiscal se está jugando la vida".

En imágenes difundidas por la televisora Teleamazonas pudo verse a Terán escoltado policías. En un momento dado, dijo a los reporteros que “esta es una metida de mano a la justicia” y calificó su detención como “un abuso de poder”.

Germán Rodas Chaves, coordinador de la Comisión Nacional Anticorrupción, un organismo de la sociedad civil, aseveró a AP que el sistema judicial “está al servicio de sectores delincuenciales, la función judicial y muchos de sus jueces se han constituido en jueces de alquiler” que han permitido la impunidad.

Convocó al Ministerio Público a que lleve adelante el debido proceso para garantizar la transparencia en su actuación para “demostrarle al país que ha procedido de manera adecuada y pertinente respecto de quienes han sido detenidos”.

En declaraciones a la AP, el legislador Pedro Velasco, de la alianza política Actuemos, señaló que hay que apoyar a la Fiscalía porque “nos interesa que se combata toda forma de corrupción", pero además que se combata a las entidades donde supuestamente están "permeando organizaciones criminales y actividades ilícitas”.

A inicios de esta semana las bancadas de los partidos Social Cristiano, de derecha, y Construye, de centroizquierda, con el apoyo de 40 legisladores, presentaron un pedido formal de juicio político contra Terán a quien acusan de impulsar una “agenda de impunidad” de los acusados por corrupción.

El asambleísta Jorge Peñafiel, del movimiento Construye, que se ha pronunciado en contra de la corrupción, dijo en su cuenta de X que “el apresamiento de Terán es justo para seguir adelante en contra las organizaciones criminales. La moral, la honestidad no se negocian”.

La operación se produjo días después de que el embajador de Estados Unidos en Quito, Michael Fitzpatrick, afirmó que el narcotráfico estaba buscando extender su poder e influencia en la función judicial y que ha logrado un espacio importante en ámbitos como clubes de fútbol y medios de comunicación. No ofreció nombres ni más detalles.