AP EXPLICA: ¿Qué efectos enfrentará Panamá tras declararse inconstitucional el contrato-ley minero?
PANAMÁ (AP) — En un fallo histórico, la Corte Suprema de Panamá declaró inconstitucional el controvertido contrato-ley de minería que ha sido contestado con un mes de protestas ciudadanas y que permitía a una filial de una empresa canadiense extraer cobre por al menos 20 años a cielo abierto en una zona boscosa. Ahora todo el proyecto queda en el aire.
Según los argumentos del máximo tribunal, la negociación entre el Estado panameño y una subsidiaria de la canadiense First Quantum Minerals infringía 25 artículos de la Constitución sobre los derechos de los ciudadanos y los deberes del país de garantizar una vida en un ambiente sano y sin contaminación.
Ése era precisamente el principal reclamo de los críticos contra la prolongación por 20 años más —prorrogables incluso a otros 20— del proyecto de explotación ubicado en 12.955 hectáreas consideradas de riqueza biodiversa en el norte y en el Caribe panameño.
Con su decisión, la Corte Suprema acoge el criterio de los opositores. AP explica las implicaciones económicas, laborales y jurídicas que pueden aparecer en el horizonte panameño.
El dictamen llevaría al cierre de la mayor mina de cobre a cielo abierto en Centroamérica, de acuerdo con juristas y activistas ambientales.
De hecho, la Corte dispuso que el efecto del veredicto de inconstitucionalidad debe ser interpretado en el sentido de que no existe concesión minera.
El presidente panameño, Laurentino Cortizo, aseguró que acataría el fallo y que una vez que sea publicado en la Gaceta Oficial “se iniciará el proceso de transición para un cierre ordenado y seguro de la mina”.
Panamá no tiene experiencia al respecto y, según analistas, precisará apoyo técnico internacional. La posibilidad de que la minera y el Estado busquen un nuevo acuerdo no parece una opción tras el rechazo rotundo de la población mostrado durante más de un mes de protestas.
“Lo que queda ahora es llegar a un acuerdo para cerrar la mina; incluso, hay un plan que hablaba del cierre en el contrato”, apuntó a The Associated Press Rolando Gordón, decano de la facultad de Economía de la estatal Universidad de Panamá.
Analistas dicen que la empresa minera es libre de promover reclamos a través de arbitrajes internacionales con base en tratados comerciales suscritos entre Panamá y Canadá en busca de un resarcimiento.
Con el fallo, el Estado panameño y la minera se encaminan a un arbitraje en la ciudad de Washington en el centro internacional de arbitraje de disputas de inversión del Banco Mundial, aseguró a AP Rodrigo Noriega, quien tiene un doctorado en Derecho Internacional Ambiental de la Universidad de Yale.
“Eso será en seis meses y Panamá tiene muchos argumentos como los daños ambientales” para defenderse, consideró el jurista panameño.
Marta Cornejo, una de las demandantes que pedía la inconstitucionalidad del contrato, indicó que el Estado no debe temer ninguna demanda arbitral porque tiene pruebas para responder. “Con contundencia”, aseguró, se puede demostrar "que los corruptos intentaron vender nuestra nación y que una transnacional, a sabiendas de que violaba todas las normas constitucionales —que en efecto se violaron—, continuó adelante”.
Antes del fallo, la empresa dijo en un comunicado que se reservaba el derecho de activar medidas para defender su inversión, de 10.000 millones en casi una década.
En un comunicado, tras el veredicto, aseguró que desde el inicio ha “operado de manera consistente con transparencia y estricto apego a la legislación panameña”.
Destacó que el contrato fue el resultado de “un proceso de negociación largo y transparente, con el objetivo de fomentar beneficios económicos mutuos, garantizar la protección del medio ambiente”.
Cortizo, que defendió el contrato argumentando que preservaría 9.387 empleos directos (más de lo que reporta la minera), dijo tras el fallo que el cierre de la mina debe ser atendido de manera “responsable y participativa” debido al impacto que tendría, incluido el laboral. No obstante, dejó incierto el futuro de los trabajadores.
La empresa ha subrayado que la mina genera 40.000 empleos, entre ellos 7.000 directos, y que aporta el equivalente al 5% del Producto Interno Bruto panameño.
Tras el fallo, los trabajadores de la mina convocaron protestas simultáneas en la capital y en provincias. “No vamos a permitir que se pongan en riesgo nuestros puestos de trabajo que son el sustento para nuestras familias”, dijeron en un comunicado.
El Estado panameño recibió hace dos semanas el primer pago de 567 millones de dólares de First Quantum estipulado en el contrato. Ese monto fue directo a una cuenta restringida ante el conflicto legal y no se ha utilizado.
El contrato establecía que Panamá recibiría al menos 375 millones anuales por parte de la minera, un monto que los críticos consideraron exiguo. Los analistas estimaron que el cierre de la minera impactaría en las arcas públicas.
“No lo podemos negar, (el gobierno) tenía la esperanza que con ese contrato tapaba algunos huecos del presupuesto de la nación, cosa que no va a poder hacer ahora”, planteó Gordón.
La empresa comenzó a enviar mineral al extranjero en junio de 2019 y reportó exportaciones por 2.850 millones de dólares en 2022.
El Legislativo y el Ejecutivo, en medio de las protestas y en un intento por frenar las manifestaciones, aprobaron una moratoria minera a comienzos de mes que prohíbe nuevas concesiones de minería metálica y la renovación de las actuales, lo que fue considerado como un primer paso para hacer de Panamá un país sin esa actividad.
“Hay sectores en el país que quisieran un nuevo contrato, pero la población en sí no quiere más minería a cielo abierto, el mensaje fue claro”, recordó Gordón.
