Fiscalía de Guatemala solicita retiro de inmunidad de presidente electo Bernardo Arévalo
CIUDAD DE GUATEMALA (AP) — La fiscalía guatemalteca informó que solicitó el retiro de inmunidad del presidente electo Bernardo Arévalo y de su vicepresidenta Karin Herrera, entre otras personas, con el fin de que sean investigados por haber supuestamente alentado la toma de la única universidad pública del país a través de mensajes en sus redes sociales.
La fiscalía de Delitos contra el Patrimonio Cultural los señala por los presuntos delitos de depredación de bienes culturales, asociación ilícita y tráfico de influencias, pues —según sostiene— sus opiniones habrían impulsado a estudiantes universitarios a la toma de las instalaciones de la Universidad de San Carlos de Guatemala —de abril de 2022 a junio de 2023— lo que según señala ocasionó daños a la institución.
Los estudiantes tomaron las instalaciones en respuesta a lo que denunciaron como una elección fraudulenta del rector Walter Mazariegos.
La fiscalía nunca investigó el fraude denunciado, aunque sí adelantó pesquisas en el caso de la toma de la universidad. El jueves anunció que iba a solicitar el retiro de inmunidad de Arévalo, Herrera y algunos diputados actuales y electos, entre ellos Samuel Andrés Pérez Álvarez, jefe de bancada del Movimiento Semilla, que llevó a Arévalo a ganar la presidencia en una segunda ronda en agosto.
La solicitud de retiro de inmunidad generó la duda sobre a quién le corresponde conocer de la solicitud.
El abogado constitucionalista Alejandro Balsells dijo que “es una situación única, no se había dado, la Ley no dice a quién le corresponde conocer, además él (Arévalo) siendo diputado y presidente electo tiene doble inmunidad”.
La víspera, la fiscalía también ordenó la aprehensión de varios estudiantes universitarios, catedráticos y miembros de Semilla por el mismo caso, lo que generó inmediatamente el rechazo y la preocupación de gobiernos como el de Estados Unidos y organizaciones internacionales que consideran las nuevas acciones judiciales como un intento de socavar la transición democrática en Guatemala.
En respuesta a las acciones de la fiscalía el gobierno estadounidense respondió sancionando a 11 guatemaltecos entre empleados de la fiscalía y otros que participan de lo que califican como “continuos y descarados intentos de socavar la transición pacífica del poder en Guatemala al presidente electo Bernardo Arévalo”, según dijo el Departamento de Estado. También anunció que continuará con las sanciones.
En conferencia de prensa el viernes, el portavoz del secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, dijo que éste estaba alarmado por las últimas medidas de la fiscalía guatemalteca.
“(Guterres) reitera su llamado a las autoridades a garantizar que se respete la voluntad democrática expresada a través de las urnas y a abstenerse de actos que puedan socavar el proceso democrático o que puedan constituir represalias por el ejercicio de los derechos humanos”, expresó el portavoz Stephane Dujarric a la prensa.
Por su parte, autoridades indígenas que lideran por más de mes y medio protestas en Guatemala exigiendo la renuncia de Porras, a quién señalan de intentar invalidar las elecciones generales ganadas por Arévalo, anunciaron el viernes que intensificarán sus acciones a raíz de las detenciones.
Reiteraron su pedido a la Organización de Estados Americanos (OEA) a aplicar de urgencia la Carta Democrática, así como a países democráticos firmantes de las convenciones internacionales sobre delincuencia organizada y contra la corrupción a imponer sanciones a funcionarios corruptos del Estado guatemalteco que socavan la democracia.
El presidente colombiano Gustavo Petro dijo el viernes en un mensaje por la red social X, antes Twitter, que “Guatemala vive una crisis de su democracia porque las fuerzas ligadas al narcotráfico y la corrupción no quieren el triunfo del pueblo guatemalteco en las elecciones”.
Por su parte, el ex embajador de Estados Unidos en Guatemala, Stephen McFarland, dijo vía telefónica a The Associated Press que “desde afuera se ve que hay un gobierno (actualmente dirigido por el presidente Alejandro Giammatei) que quiere perpetuarse en dictadura, y se parece tanto a los gobiernos de Venezuela como el de Hugo Chávez (fallecido en 2013) y de (su mentor) Nicolás Maduro, o como el de Nicaragua con Daniel Ortega. Allí el país pierde su imagen de democracia y su imagen de estabilidad".
“Lo que ha hecho la fiscalía ayer (jueves) con las detenciones es un secuestro, los tiene como rehenes, el propósito es enviar mensajes para fomentar el miedo entre la oposición”, agregó.
La fiscalía mantiene, según los críticos, una arremetida contra Arévalo y opositores, quienes, acompañados de la comunidad internacional, han denunciado que la intención de la fiscal general Consuelo Porras es que el presidente electo no pueda tomar posesión al cargo en enero de 2024.
El gobierno estadounidense anunció el jueves sanciones contra 11 guatemaltecos entre empleados de la fiscalía y otros que participan de lo que calificó como “continuos y descarados intentos de socavar la transición pacífica del poder en Guatemala".
