Juez de Nevada niega petición de referendo para decidir fondos públicos para estadio de Atléticos

CARSON CITY, Nevada, EE.UU. (AP) — Un juez de Nevada negó la propuesta de poner un referendo a votación, con el apoyo del sindicato de maestros del estado, para que los votantes decidieran si el gobierno debía dar 380 millones de dólares en dinero público para financiar el propuesto estadio 1.500 millones de dólares para los Atléticos de Oakland en el Strip de Las Vegas.

El juez de Distrito de Carson City James Russell tomó partido el lunes con dos grupos de cabildeo afiliados a los sindicatos de que están a favor del financiamiento público. Con esta decisión, el sindicato, que tiene el apoyo del grupo Schools over Stadiums, tendrá que encontrar otra forma de detener el financiamiento público que aprobó la legislatura estatal este año.

En entrevista, el portavoz de Schools over Stadiums Alexander Marks dijo el martes que los líderes de la organización seguramente apelación la decisión en la Suprema Corte del estado y volverán a presentar una petición de referendo.

“Aunque la decisión es decepcionante, no es poco común. Los educadores se sobreponen todos los días a los obstáculos, especialmente en un estado que es el 48mo del país”, dijo Marks en un comunicado de prensa publicado tras la decisión en referencia a la posición en la que se ubica el estado en financiamiento a la educación. “Estamos comprometidos con darle la oportunidad a los votantes de Nevada decidir si el dinero de nuestros impuestos debe usarse para subsidiar estadios a multimillonarios” —en referencia al dueño de los Atléticos John Fisher.

El debate sobre si debe usarse dinero público para financiar el estadio en Nevada está sucediendo en todo el país.

Un representante de los Atléticos y oficiales de turismo de Nevada han asegurado que el financiamiento público podría ayudar a mejorar la escena deportiva de Las Vegas y ser un motor económico. Pero economistas, educadores y representantes han advertido que los beneficios son mínimos en comparación al gasto.

Bradley Schrager, abogado de los dos demandantes, argumentó que el lenguaje en la petición es demasiado amplio, confuso y engañoso.

“La gente de Nevada mercen medidas que se lleven a cabo bajo la ley”, dijo Schrager el martes. “Y esta, al menos por ahora, no lo fue”.