EEUU: Para las víctimas de violencia doméstica, las leyes que obligan a entregar armas salvan vidas
Cuando Janet Paulsen estaba a punto de dejar a su marido —quien se había vuelto cada vez más inestable a lo largo de sus 15 años de matrimonio—, una noche, mientras él dormía, fue hasta las cajas fuertes donde guardaba sus armas para intentar cambiar la combinación de las cerraduras.
“Había 74 armas de fuego en mi casa”, dijo Paulsen, que se quedó atónita por la cantidad de armas que encontró, pero no pudo averiguar cómo cambiar los códigos. “Cuando fui a conseguir mi orden de protección, llevé conmigo fotos de todas esas armas de fuego”.
Georgia, donde ella vive, no es uno de los 21 estados con leyes para obligar a la gente a entregar sus armas mientras se considere que son un riesgo para ellos mismos o para los demás. Así que al marido de Paulsen, al que ella acusaba de comportamiento amenazador y errático, sólo se le ordenó que se mantuviera alejado de ella y de sus hijos gemelos de entonces 13 años hasta una audiencia.
Eso cambió unos días más tarde, cuando él trató de rastrearlos a través de una aplicación de localización de teléfono, una violación de la orden de protección que dio pie a un cargo por delito menor, dos horas en la cárcel y una orden judicial para confiscar sus armas.
Mientras Paulsen y los niños pasaban la semana en un motel donde se habían refugiado mientras él se mudaba, los policías incautaron más de 70 armas de fuego de su casa, en una comunidad a orillas de un lago a unos 50 kilómetros (30 millas) al noroeste de Atlanta.
Pero la policía, explicó Paulsen, dejó una pistola en una camioneta aparcada en la entrada, dudando de si la orden cubría el vehículo de Scott Bland.
Cinco días después, Bland tendió una emboscada a Paulsen en el garaje cuando ella regresaba a casa después de hacer las compras. Mientras ella intentaba huir, le disparó seis veces con una pistola semiautomática de 9 mm. Luego se suicidó.
“Tardé cinco años en armarme de valor para divorciarme de él, porque sabía que pagaría un precio. ¿Y sabes qué pasó cuando lo hice? Me disparó”, dijo Paulsen, de 53 años, ex administradora de propiedades y atleta de resistencia que quedó parcialmente paralizada tras haber sido baleada ese día de 2015.
Su tratamiento médico le ha costado desde entonces unos 2,5 millones de dólares, gran parte de ellos sufragados por la sociedad civil a través de los pagos del seguro médico.
“A cada paso del camino parecía que sus derechos eran más importantes... que los míos y los de mis hijos”, dijo, con voz quebrada.
Si Paulsen tuviera que enfrentar esas amenazas hoy en Seattle, no solamente el conjunto de armas de su marido se trasladaría al depósito de la policía, sino que un juez sostendría una audiencia a los pocos días para interrogarlo sobre su acceso a otras armas de fuego. ¿Alguien más de su familia tiene un arma? ¿Tiene acceso a armas en el trabajo? ¿Qué pasó con la pistola que figura en su historial de compras de armas de fuego?
Numerosas personas buscan protección en el condado de King cada semana por violencia doméstica, persecución, amenazas en la escuela u otros comportamientos preocupantes. Cuando hay armas presentes —como normalmente sucede en la mitad de los casos en que se admiten medidas por violencia doméstica—, la amenaza de lesiones o muerte es exponencialmente más alta, y un equipo interinstitucional puede empezar un procedimiento de entrega de armas en virtud de la ley estatal.
Se trata de un programa menos contencioso y no penal que se ha convertido en un modelo para otros condados. Pero esta iniciativa, y otras similares en diversas partes del país, podrían estar en peligro cuando la Corte Suprema de Estados Unidos considere el mes próximo si se puede obligar a las personas a entregar sus armas antes de una sentencia condenatoria.
Un tribunal federal de apelaciones, en un caso de Texas, juzgó esta práctica como inconstitucional. La Corte Suprema federal ha acordado debatir el tema el 7 de noviembre, pero nadie sabe si para anular el fallo del Quinto Circuito o para ratificarlo.
La Corte Suprema parece estar bastante interesada en los casos que conciernen a los derechos relacionados con las armas. La mayoría conservadora votó el año pasado a favor de anular las restricciones impuestas desde hace tiempo en Nueva York a la portación oculta de armas. Esto ha hecho que tribunales de menor instancia, a veces a regañadientes, anularan más de una docena de medidas de seguridad para las armas a nivel estatal y local. Los activistas que luchan contra la violencia doméstica temen que las llamadas leyes de “bandera roja”, que alejan las armas de las personas en crisis, puedan ser el próximo objetivo.
Mientras tanto, algunos tribunales estatales están relajando las prohibiciones a las armas de fuego por otros motivos. Las órdenes de entrega de armas están suspendidas por lo menos en cinco condados de Washington desde que un tribunal estatal de apelaciones afirmó que son violatorias de la Cuarta Enmienda constitucional, que ampara el derecho a estar protegido de registros e incautaciones indebidos, y del derecho a no autoincriminarse establecido por la Quinta Enmienda.
Esto preocupa a los activistas, que señalan datos recientes que indican que las incautaciones de armas podrían reducir en 10% o más las más de 2.500 muertes anuales por violencia doméstica en el país, en más de la mitad de las cuales están implicadas armas de fuego. El momento más peligroso para las víctimas es cuando tratan de salirse de una relación, mucho antes de que su agresor sea condenado por algo.
“Es muy preocupante”, comentó Karla Carlisle, subdirectora del Northwest Justice Project, que representa a víctimas de violencia doméstica y ha pedido a la Corte Suprema de Washington que ratifique la ley estatal. “Sigo aguardando que ocurra lo peor, que es que alguien pierda la vida”.
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Una de las clientas de Carlisle se ha mudado al otro lado del estado con sus hijos para intentar evitar ese destino.
“Isabelle”, quien pidió que no se publicara su nombre real para protegerse a sí misma y a su familia, obtuvo en mayo una orden de protección por violencia doméstica en un condado rural de Washington, pero el juez no quiso ordenar a su esposo, del que está separado, que entregara sus casi 40 armas. En cambio, a su cónyuge se le dijo que no las “poseyera”. Pero sin actuación de la policía, Isabelle no tiene ninguna garantía.
Carlisle está usando este caso —y su contradicción inherente— para impugnar la sentencia del tribunal de apelaciones de Washington.
“Hay víctimas que hasta se cambian de casa porque no quieren vivir en esa situación", dijo Jordan Ferguson, un sargento jubilado de la policía de Spokane, que ahora pertenece a la Coalición Regional contra la Violencia Doméstica de Spokane.
Durante las horas de entrevistas que hizo este verano, Isabelle describió un ciclo de 20 años de comportamiento tóxico que encajaba en los patrones clásicos de abuso: atenciones y cariños desbordados (“lovebombing”), al principio. Aislamiento, al poco tiempo. Embarazos para retenerla, después de que tuvieran tres hijos en dos años. Manipulación psicológica ("gaslighting"), a medida que su miedo crecía. Persecución, cuando quiso trabajar entregando correo.
"Es que realmente te enamoras de una mentira, y la esperanza se vuelve una adicción, de que esa persona (que conociste al principio") regrese", dijo. “Pero me convirtió en una esclava”.
Ese comportamiento peligroso se volvió más intenso después de que su marido, que trabajaba como camionero, sufriera una lesión en la cabeza en su trabajo en 2016, explicó Isabelle. Habían empezado a adquirir armas por ahí de 2008, cuando la recesión económica del país les hizo perder su casa y su negocio, y consideraron la posibilidad de convertirse en distribuidores autorizados de armas de fuego. Eso nunca pasó, pero aun así acumularon AK-47, pistolas, rifles y piezas de armas que valían miles de dólares.
Cuando se ponía de mal humor, contó, su marido blandía una pistola en el dormitorio durante la noche y a veces la atemorizaba, a veces la amenazaba, a veces juraba que iba a matar a toda la familia.
Si bien en ese momento Isabelle lo ignoraba, la presencia de una pistola aumentaba cinco veces la posibilidad de que muriera a manos de su marido, de acuerdo con un análisis de los datos disponibles realizado por Everytown for Gun Safety. Ella sólo rezaba para que no matara a sus niños.
Isabelle decidió este año que ya no podía aguantar más, cuando él se enfureció porque ella decidió ir a Texas para el funeral de una hermana que no había visto en 10 años. Regresó a casa una semana más tarde y le dijo que quería el divorcio. Él suplicó que lo resolvieran.
Luego, en marzo, su marido se apuntó a la cabeza con una pistola cargada y le dijo: “Deberíamos irnos todos juntos”, pero luego aventó la pistola a la cama y la estranguló, según el expediente de su caso. El juez concedió la orden, pero —contrariamente a lo que establece la ley estatal— no ordenó que entregara las armas de fuego por un año.
“¿Sus derechos de posesión (de armas) son más importantes que los derechos de su esposa y sus hijos a estar a salvo? ¿O, ni siquiera de su esposa y sus hijos, sino de las personas que lo rodean?”, preguntó Isabelle. “¿Sus derechos a las armas valen más que los derechos de los demás?”
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A nivel nacional, más del 20% de las personas que mueren a tiros en casos de violencia doméstica no son la víctima prevista: niños, otros familiares, transeúntes, policías y, por supuesto, los autores de un homicidio-suicidio.
Desde hace tiempo, la policía sabe que las intervenciones domésticas representan situaciones de riesgo para sus agentes. Y las investigaciones realizadas en los últimos años —tras la preocupante epidemia nacional de masacres— dejan claro que la violencia intrafamiliar puede ser un indicio crucial de daños públicos.
Sólo una pequeña fracción de los agresores termina cometiendo una masacre. Sin embargo, más de la mitad de los que llevan a cabo masacres tienen un historial de violencia intrafamiliar o de género, entre ellos el atacante de la escuela primaria Sandy Hook, que mató a su madre esa mañana, y el atacante de Uvalde, que envió violentas amenazas sexuales a las mujeres de su comunidad de videojugadores. Pero el riesgo más grande de las masacres con cuatro o más víctimas mortales no es para un público preocupado, sino para los propietarios de armas y sus familias.
“Fue una casualidad que llegara sola a casa esa noche. Nos esperaba a mí, a mis dos hijos y a mi padre”, dijo Paulsen, que había estado en el entrenamiento de fútbol americano de sus hijos. “Esta realmente pudo haber sido una tragedia mucho mayor”.
April Ross, exfiscal del condado de Fulton que ahora dirige el Comité sobre Violencia Familiar de Georgia, dijo que los agentes de policía que intentan mantener a salvo a las familias en su estado enfrentan una situación complicada.
“Sólo quieren que quede claro, de una forma u otra: ¿podemos entrar a la casa e incautar las armas, o no? Pero, ahora mismo en Georgia eso depende de dónde vivas”, explicó Ross. “Como no hay una legislación a nivel estatal, cada circuito y cada sheriff tienen su pequeño feudo y ellos establecen las leyes para ese condado”.
La propia Ross fue tiroteada en 2014 por su marido, del cual se había separado, y quedó paralizada. Antes de suicidarse, el hombre también le disparó a un amigo que estaba en el carro de ella. No había pedido una orden de protección porque, como fiscal, no creía contar con las pruebas suficientes, hasta que fue demasiado tarde.
Ross, que ahora es tetrapléjica, cree que el hecho de que el estado no retire las armas al conceder una orden de protección perjudica no sólo a las víctimas, sino a los propios agresores.
“Lo que se ha perdido en el debate es el valor de la vida humana”, afirmó Ross. “Esos dos hombres están muertos pero podrían no estarlo, y sus vidas también tenían valor”.
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En Seattle, los jueces todos los días hacen malabarismos con un número vertiginoso de casos de órdenes de protección, escuchando tanto a los demandantes como a los demandados, sea que comparezcan en video o personalmente en la sala del tribunal. El objetivo es intervenir antes de una tragedia, eliminando las armas de la ecuación.
En su conjunto, las audiencias ofrecen una mirada reveladora a las vidas de los innumerables estadounidenses que están preocupados por las armas que están en sus casas.
— Un juez habla con una mujer de treinta y tantos años que aparece en video desde su carro y está agitada. Ha obtenido una orden de protección temporal por violencia doméstica, y su ex ha entregado un AK-47, pero no la pistola SIG Sauer registrada en su historial de compras. El hombre no se presenta a la audiencia, así que el juez fija una nueva fecha tres semanas más tarde. Mientras tanto, a la mujer le preocupa que él pueda todavía tener esa arma.
— Un joven padre con antecedentes penales dice que no tiene el arma de asalto denunciada por una exnovia, y afirma que los policías que registraron su pequeño departamento, incluida la habitación de su bebé, “no podrían no haber encontrado un arma como un AK-47”. (El juez le cree).
— Un adolescente de aspecto delgado insiste en que no sabe el nombre del amigo que le entregó la pistola tipo Glock que se le ve exhibiendo en una foto de celular tomada en casa del amigo. Una adolescente hizo la denuncia. “No lo puedo decir porque no quiero que se meta en problemas”, dice el adolescente, sentado junto a su madre y hablando con una mezcla de bravuconearía y miedo. (Lo juzgan no creíble y le dicen que debe encontrar el nombre y la dirección del amigo para la siguiente audiencia).
— Uno de los casos más problemáticos involucra a un veterano cuya esposa está preocupada por su seguridad. Él prestó servicio en el ejército sólo brevemente, hace treinta años, pero dice a la gente que es un agente de las Fuerzas Especiales. Ha sido detenido porque supuestamente intentó atraer a dos niños en un Costco diciéndoles que había una “situación de emergencia” en los alrededores. En otra visita, le dijo algo parecido a una mujer que se encontraba con su bebé en el estacionamiento. Y había entrado en un edificio de departamentos de Bellevue para visitar a un amigo enfermo de cáncer con un AR-15 colgándole del hombro. Su esposa dice que cada vez que bebe, saca sus armas para limpiarlas. Aun así, el juez —después de admitir que la portación abierta en el edificio de departamentos era legal, y con los cargos de secuestro de Costco desestimados— niega la petición del fiscal para que se emita una orden de protección por riesgo extremo. El hombre seguirá con sus armas.
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Ross y Paulsen han instado a la Asamblea General de Georgia a adoptar leyes estatales de bandera roja para proteger a víctimas vulnerables como ellas. Dado que los republicanos son mayoría —y el representante Andrew Clyde, dueño de una armería en Georgia, distribuye pins con AR-15 entre sus compañeros—, saben que el reto es enorme.
“A pesar de ser una víctima de arma de fuego, no soy alguien que dice que los derechos de la Segunda Enmienda no son importantes”, indicó Ross.
Pero cree que "la obsesión y la fascinación por la cultura de las armas” en Estados Unidos necesita ser analizada, y los datos sobre armas y violencia doméstica tienen que ser tomados en serio.
“La realidad es que este problema no nació de un día para otro, y no se va a resolver de un día para otro. Pero por algún lado tenemos que empezar”, dijo Ross. “Los estados necesitan empezar a aprobar leyes congruentes y hacerlas cumplir”.
Paulsen a veces guarda una pequeña pistola en la cesta de su andadera.
“De hecho ahora tengo un arma de fuego”, comentó. “Así que no es que quiera quitarle las armas a la gente porque se me antoja. Pero si estás amenazando con matar a alguien, ahí sí, necesitas entregar esa arma”.
Isabelle se llevó la mitad de la colección de armas de su familia cuando huyó, un punto de discordia en su divorcio en curso. Dijo que era el único patrimonio que tenían. Cada noche duerme con una pistola debajo de su almohada.
“No salgo sin mi pistola, aunque sólo lleve a mis hijos a la escuela, porque tengo demasiado miedo de que me agarre desprevenida”, comentó.
El año pasado, en un raro momento de bipartidismo, el Congreso estadounidense promulgó la primera serie significativa de medidas de seguridad de las armas que había sido capaz de aprobar en décadas: un paquete de 13.000 millones de dólares que incluye financiación e incentivos para que más estados adopten leyes de bandera roja. Y el mes pasado, el presidente Joe Biden anunció planes para crear una oficina de prevención de la violencia armada.
Pero la Corte Suprema pronto podría desbaratar esos planes mientras configura el panorama de la Segunda Enmienda en una nación con más de 400 millones de armas en manos privadas.
“De alguna manera, creo que la promesa de las leyes de bandera roja es que... están diseñadas para funcionar en una nación inundada de armas”, dijo Nick Suplina, vicepresidente sénior de leyes y políticas de Everytown for Gun Safety, aunque piensa que “sería mejor contar con un sistema en el que detuviéramos las cosas desde el principio”.
April Zeoli, investigadora de la Universidad de Michigan que estudia la prevención de las lesiones por armas de fuego, dijo que las leyes que incautan las armas en un momento de conflicto pueden ofrecer a las víctimas un margen de tiempo seguro para irse. ″¿Queremos quedarnos de brazos cruzados y ver cómo sigue sucediendo esto (la violencia)? ¿O queremos adoptar una herramienta que permita, en algunos casos, que los tribunales y las personas intervengan?", dijo Zeoli.
Reconoció que las investigaciones en su campo apenas van empezando después de un periodo de 20 años en que se vieron frustradas por el Congreso, bajo la presión de la industria.
Esto está empezando a cambiar en medio de la indignación pública por las matanzas a tiros, entre ellas la masacre ocurrida en la secundaria Marjory Stoneman Douglas de Parkland, Florida, en 2018. Pero hay mucho más que ella quiere saber acerca de la violencia armada que ocurre en los hogares.
“Uno pensaría que todo el mundo podría consultar cuántas órdenes de alejamiento se emiten en Estados Unidos en un cierto año, ¿correcto? Pero no podemos”, dijo Zeoli. “¿Cuántas órdenes de alejamiento con restricción de arma de fuego hay en Michigan, mi propio estado? No lo sé... nadie me lo puede decir”.
En San Diego, la fiscal municipal Mara Elliott comparó quitarle el arma a alguien durante un momento de crisis a retirarle las llaves a un conductor borracho, una práctica de salud pública que el país ha terminado por respaldar.
“Sería bueno que la gente entendiera que esta no tiene que ser una cuestión partidista”, dijo Ferguson, el exagente de policía de Spokane. “Es una cuestión de seguridad”.
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Paulsen, que creció cerca de Chicago y se mudó a Georgia para ir a la universidad, conoció a su marido a través del trabajo. Su matrimonio empezó feliz, y él fue el principal cuidador después de que tuvieran a los gemelos. Ayudó a entrenar a los equipos de béisbol de los chicos mientras crecían.
Pero con el paso de los años, se volvió cada vez más inestable. De camino a casa con los niños, se paraba a beber en un cementerio cercano. Lo echaron de un restaurante local. Amenazó dos veces con suicidarse. Y una vez le disparó a alguien que intentaba robar una camioneta todoterreno de su garaje, con la misma arma que después utilizaría contra Paulsen y para matarse.
"La situación empeoró rápidamente cuando le dije que quería el divorcio”, dijo Paulsen. “Era sexualmente abusivo, era emocionalmente abusivo, era inestable. Pero no había habido violencia (física) previa. Esa es otra cosa que la gente no entiende".
“No tienes que estar llena de moretones para estar en una situación de violencia doméstica”, comentó.
La noche antes de que le disparara, Paulsen había sido galardonada por su trabajo voluntario con la comunidad de béisbol de Acworth (sus dos hijos, Hunter y Fisher, son ahora lanzadores universitarios). A la mañana siguiente, temiendo todavía la ira de su marido, fue al tribunal para pedir un permiso de portación oculta de arma.
“Llegó por correo 10 días después, cuando estaba en coma luchando por mi vida”, dijo Paulsen. “Así que esa no es la respuesta, ¿sabes?”
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