Pedro Sánchez sopesa conceder amnistía a los separatistas catalanes para seguir en el poder

BARCELONA (AP) — El contador Oriol Calvo de Barcelona se metió en problemas con las autoridades cuando fue arrestado en 2019 durante una manifestación de simpatizantes de la independencia catalana que se tornó violenta. Un tribunal lo declaró culpable de desorden público y comportamiento agresivo hacia un policía, delitos que él niega.

El hombre de 25 años está entre varios miles de ciudadanos que enfrentan problemas jurídicos por su participación —frecuentemente pequeña— en el intento ilegal de los independentistas catalanes de separarse de España, que puso al país al borde de la ruptura hace seis años.

Ahora Calvo alberga esperanzas de que la declaración de culpabilidad que enfrenta y las de muchos otros sean anuladas si el presidente del gobierno español en funciones, Pedro Sánchez, decreta una amnistía general para los separatistas a cambio de que los partidos políticos de su movimiento lo ayuden a formar un nuevo gobierno en Madrid.

La sentencia de 18 meses de cárcel para Calvo fue suspendida debido a que fue su primer delito, pero sigue siendo una mancha en su historial y ha afectado su disposición a participar en la política. Él ha dejado de asistir a las manifestaciones en pro de la independencia por temor a que ello pudiese complicar su situación jurídica. También se sintió “estafado”.

Fue presa de “una profunda amargura”, señaló. “Me siento como estafado por el sistema (de justicia)..., pero también pienso en todos los esfuerzos que hemos hecho en la lucha por alcanzar la independencia. Pero eso tampoco ha arribado a buen puerto”.

Sánchez, que en el pasado ha concedido indultos a varios líderes del movimiento, dice que la amnistía será positiva para España porque reducirá más las tensiones dentro de Cataluña. Sin embargo, nadie duda de que lo está haciendo sólo por necesidad política, dado lo divisivo que es el movimiento independentista catalán, tanto dentro de Cataluña como en el resto de España.

En las elecciones nacionales efectuadas en julio ningún partido alcanzó una mayoría absoluta, y Sánchez quedó necesitado del respaldo de varios partidos pequeños para poder permanecer en el poder. Entre ellos están dos partidos catalanes partidarios de la secesión que encabezaron el infructuoso intento de ruptura de 2017 y que ahora disponen de los votos cruciales en el Parlamento que Sánchez requiere.

Viéndose ante la oportunidad de ejercer influencia política, los dos partidos separatistas la están aplicando. Han dicho que la ley de amnistía es un requisito para que respalden a Sánchez.

En un discurso el jueves ante una comisión del Senado para tratar el asunto, el presidente catalán regional, Pere Aragonès, dijo que una amnistía era “esencial” para que la vida política entre Cataluña y España vuelva a la normalidad.

El reloj sigue avanzando. Sánchez tiene hasta el 27 de noviembre para formar un gobierno, porque de lo contrario habrá una nueva convocatoria a elecciones en enero.

Sánchez y su Partido Socialista Obrero Español, de centroizquierda, han tratado de guardar el mayor silencio posible en lo relativo a la cuestión de la amnistía, pero el gobernante ha reconocido que sostienen conversaciones con los partidos catalanes, incluido uno encabezado por Carles Puigdemont, quien solía ser presidente de la Generalidad de Cataluña. Puigdemont huyó hacia Bélgica luego de que su sueño de forjar un nuevo Estado en el noreste de España se vino abajo.

Las cortes españolas aún intentan obtener la extradición de Puigdemont. Dado que muchos españoles lo consideran enemigo del Estado, cualquier acuerdo que pudiese beneficiarlo es políticamente tóxico.

Decenas de miles de personas marcharon por el centro de Barcelona el 8 de octubre en contra de una posible amnistía, un indicio del riesgo que Sánchez está corriendo.

El ingeniero aeronáutico Pablo Seco, de 23 años, acudió al mitin y dijo que una amnistía sería vergonzosa porque España no puede ser gobernada por personas que deseen escindirse del país.

Para Montserrat Nebrera, profesora de derecho constitucional en la Universidad Internacional de Cataluña, las negociaciones entre Sánchez y los separatistas son “un juego de espejos” en el que las dos partes tratan de demostrar que tienen la sartén por el mango, cuando en realidad se necesitan mutuamente.

“Yo creo que sobre todo le hace falta la amnistía a Pedro Sánchez por los cuatro votos que necesita, y al independentismo para intentar decir que no solamente ha salvado la espalda a sus principales dirigentes, sino también a cualesquiera activistas que se comprometieron en aquel momento y que por desobediencia, o por haber roto mobiliario urbano o por haber desobedecido, tienen condenas que quizá no son tan brillantes o tan espectaculares, pero que les han comprometido mucho la vida”, dijo Nebrera a la AP.

El Partido Popular —de centroderecha, que el mes pasado fracasó en su intento de formar un gobierno— ya está criticando a Sánchez por lo que considera es vender a España con tal de permanecer en el poder. El expresidente de gobierno Felipe González, de tendencia socialista, también ha dicho que no amerita conceder la amnistía.

España concedió una amnistía generalizada durante su transición a la democracia tras la muerte del dictador Francisco Franco en 1975. Pero expertos jurídicos se muestran divididos en lo que respecta a la constitucionalidad de una amnistía para los separatistas catalanes.

La organización catalana Omnium Cultural, partidaria de la independencia, dice que una amnistía debería beneficiar a unas 4.400 personas más, en su mayoría funcionarios menores y ciudadanos ordinarios que, o ayudaron a organizar un referendo ilegal en 2017 o participaron, como Calvo, en protestas que se tornaron violentas.

Pero Omnium y los dos partidos catalanes partidarios de la secesión dicen que quieren mucho más que sólo un expediente limpio para las personas que enfrentan problemas con las autoridades: desean que los términos de la amnistía establezcan un pretexto jurídico para que a la larga Cataluña lleve a cabo un referendo autorizado y vinculante sobre la independencia.

“Para nosotros, la amnistía, más que la resolución final del conflicto, es un punto de partida que ha de permitir abordar la resolución del conflicto”, dijo Xavier Antich, presidente de Omnium Cultural.

Sin embargo, esa posición de “ir por todo” podría generar el riesgo de echar por tierra toda la operación, y de dejar a gente como Calvo a su suerte.

“Eso del referendo acordado ya ha demostrado que no ha funcionado”, señaló Calvo. “Yo creo que intentar forzar una cosa que saben que no ocurrirá es inútil, y podría descarrilar el tema de la amnistía”.

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El periodista Hernán Muñoz contribuyó a este despacho.