Guatemala: Corte Constitucionalidad dice que fiscalía y juez sí pueden suspender partido de Arévalo

CIUDAD DE GUATEMALA (AP) — La Corte de Constitucionalidad de Guatemala respaldó el jueves la actuación de la fiscalía y del juez penal que ordenó la suspensión del partido político del presidente electo, Bernardo Arévalo, al resolver el último recurso pendiente contra la arremetida de la justicia al movimiento Semilla y el proceso electoral.

En un comunicado, la Corte avaló que el juez penal tiene competencia para actuar y suspender la personalidad jurídica de organizaciones políticas cuando ve indicios de delitos relacionados con la Ley Contra la Delincuencia Organizada, que es la norma invocada por la fiscalía para investigar al Movimiento Semilla y pedir su suspensión.

El pronunciamiento de la Corte tiene como origen un recurso presentado por el Tribunal Supremo Electoral en el que cuestionaba que un juez del ámbito penal tuviera competencia para actuar en materia electoral.

Con el aval constitucional a las actuaciones de la fiscalía y del juez, “está diciendo que todo está bien, que no ha habido problema, y protegiendo al juez y la fiscalía”, explicó el abogado constitucionalista, Alejandro Balsells, en alusión a la investigación que inició el fiscal Rafael Curruchiche y a la orden del juez Fredy Orellana de suspender el partido con el que el progresista Arévalo ganó la presidencia.

La decisión de la Corte de Constitucionalidad llegó después de un viaje del presidente electo en Estados Unidos para denunciar la arremetida de la justicia contra su partido y contra el proceso electoral, tras una serie de allanamientos a las autoridades electorales que concluyeron con el secuestro de actas que contenían el recuento del voto ciudadano.

La fiscalía investiga varios casos, entre ellos presuntas irregularidades en las firmas presentadas para la constitución del Movimiento Semilla como partido y denuncias de supuesto fraude electoral del partido de Sandra Torres, que perdió las elecciones, a pesar de que el Tribunal Supremo Electoral (TSE) avaló y oficializó los resultados de ambas rondas de votación con la veeduría de organismos nacionales e internacionales que certificaron el proceso.

El abogado Balsells recordó que los miembros de la Corte han sido señalados por “ser parte de toda la estructura de cooptación del sistema de justicia”.

El fiscal Curruchiche, el juez Fredy Orellana —quien ordenó allanamientos a la sede del TSE—, así como la fiscal general, Consuelo Porras, y la fiscal y Cinthia Monterroso han sido sancionados por el gobierno estadounidense por obstruir la lucha anticorrupción, socavar la democracia en Guatemala y emitir resoluciones judiciales con fines políticos.

Estados Unidos ha dicho que sancionará y usará sus leyes contra aquellos que se interpongan en la transición del gobierno de Arévalo.

El presidente electo, por su parte, ha dicho que Porras encabeza junto a sus fiscales una maniobra para evitar que él asuma el poder en enero de 2024. A mediados de septiembre, Arévalo suspendió el diálogo que sostenía con el presidente actual Alejandro Giammattei para el traspaso de poderes, argumentando falta de condiciones debido a la persecución judicial por parte de la fiscalía. El miércoles las discusiones de transición se retomaron de forma oficial.

Las actuaciones judiciales contra Semilla y contra el proceso electoral han sido criticadas por países y organismos internacionales.

El jueves, el Alto Representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores sostuvo que el bloque sigue de cerca la situación en Guatemala tras la segunda vuelta que llevó al progresista Bernardo Arévalo a la presidencia y cuestionó la arremetida de la Fiscalía contra el proceso electoral.

En un comunicado Josep Borrell indicó que las “acciones adicionales dirigidas a modificar el resultado de las elecciones e instrumentalizar las instituciones judiciales y fiscales para socavar la democracia y el Estado de Derecho tendrían un impacto en las relaciones de Guatemala con la UE”.

El bloque europeo se sumó así a las manifestaciones de rechazo que ha recibido el Ministerio Público por sus cuestionamientos al proceso electoral desde la primera vuelta del 25 de junio cuando se oficializó que Arévalo competiría por la presidencia contra la ex primera dama Sandra Torres.

Las acciones “inaceptables dirigidas, en particular, por el Ministerio Público intentan intimidar a funcionarios y jueces y suponen una grave amenaza para la democracia en Guatemala”, expresó Borrell.

Mientras tanto, indígenas y campesinos protestaban por cuarto día consecutivo en reclamo de la renuncia de la fiscal general Consuelo Porras, a quien señalan de buscar impedir la llegada al poder de Arévalo.

Al mediodía había 41 carreteras bloqueadas en 12 departamentos del país, según la Dirección General de Protección y Seguridad Vial.

En una carta abierta, las organizaciones pidieron a la OEA invocar la Carta Democrática en Guatemala para “reestablecer el orden democrático”. También requirieron a los países de la Unión Europea y a Estados Unidos imponer sanciones a “actores corruptos que integran la estructura antidemocrática que pretende arrebatar nuestra poca democracia, sancionando los capitales que puedan tener en sus bancos, declarándolos non gratos y retirando sus visas para ingresar a sus territorios”.

La Corte de Constitucionalidad otorgó un amparo provisional solicitado por el Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras para garantizar las actividades diarias de los guatemaltecos, habilitar carriles específicos para manifestaciones y usar la fuerza pública para dispersar reuniones que causen gran perturbación como el bloqueo prolongado del tráfico.

A su regreso a Guatemala, en conferencia de prensa, el presidente electo dijo después de reunirse en Washington con varios sectores, entre ellos, empresariales, que existe una preocupación sobre la certeza jurídica del país por las acciones que lleva a cabo el Ministerio Público en el proceso electoral. Calificó la situación de “asalto espurio” y “total desprecio a las leyes del país”.

Sobre el amparo de la Corte para frenar manifestaciones y bloqueos en carretera, llamó a las fuerzas de seguridad a proteger a la población que se “manifiesta en forma pacífica”. Y pidió que se priorice el diálogo en cualquier circunstancia.