Ecuador: 57 policías y guardias retenidos en 6 cárceles a la par de 4 coches bomba en Quito y el sur

QUITO (AP) — En seis prisiones de Ecuador, 57 policías y guardias penitenciarios fueron retenidos en lo que el gobierno atribuye a una acción de amedrentamiento al Estado del crimen organizado, el mismo día en que se confirmaron cuatro ataques con coches bomba entre la noche del miércoles y el jueves, que volvieron a poner atención sobre la violencia en el país.

Los atentados con coche bomba, dos de ellos en la capital en el primer ataque de esta modalidad en Quito, no dejaron víctimas ni heridos y las autoridades los relacionan con el traslado de cárcel de varios presos. Las dos explosiones de la capital, con horas de diferencia, ocurrieron en el entorno de oficinas del sistema penitenciario nacional.

Hay seis detenidos, que tenían antecedentes.

Los ataques suceden después del asesinato de un candidato presidencial pocos días antes de las últimas elecciones y de la reacción del gobierno ante el atentado a Fernando Villavicencio de trasladar a presos a otras prisiones, entre ellos, al líder de una de las bandas de crimen organizado que operan en el país a un centro de máxima seguridad.

En rueda de prensa, el ministro de Interior, Juan Zapata, afirmó casi un día después del primer ataque que todavía se está identificando a la organización criminal que estaría detrás de estos actos que calificó de “terroristas”. Sobre los 57 funcionarios retenidos por presos no quiso referirse, alegando que era para precautelar su seguridad mientras se procura su liberación.

No obstante, el Servicio Nacional de Atención a Personas Privadas de Libertad (SNAI), ente responsable del sistema penitenciario, ratificó que los 57 retenidos, de los cuales siete son policías, están en seis centros carcelarios sin proporcionar más detalles. En un comunicado, precisó que “información preliminar permite concluir que este suceso sería una respuesta de grupos criminales ante las intervenciones de la fuerza pública en los centros carcelarios”.

Otra explosión se produjo en Cuenca, al sur del país, la noche del jueves cuando un artefacto detonó y afectó a un vehículo, confirmaron los bomberos sin proporcionar más detalles del hecho. En esa ciudad se ubica la cárcel donde se encuentra uno de los grupos de servidores policiales y penitenciarios retenidos.

El secretario de Seguridad, Wagner Bravo, atribuyó por la mañana la retención de funcionarios en las cárceles a una acción de amedrentamiento al Estado en la radio local FMundo, donde además declaró que las explosiones de vehículos eran una reacción a las acciones del gobierno para controlar las cárceles y al traslado de seis presos posiblemente “involucrados en el asesinato del excandidato” Villavicencio el 9 de agosto.

La explosión más fuerte ocurrió la madrugada del jueves fuera de una de las oficinas del SNAI situada frente a una universidad. Horas antes, la noche del miércoles, había estallado otro vehículo en una zona cercana a donde anteriormente funcionaba la misma institución de control carcelario, informó la policía. En la zona, se encontraron restos de cilindros de gas de uso doméstico y de bloques de dinamita.

El director de investigación antidrogas de la policía, Pablo Ramírez, también relacionó los ataques explosivos con “varios traslados de privados de libertad” que se realizaron la víspera. No identificó a ningún grupo criminal como responsable de los hechos.

La policía confirmó que otros dos vehículos estallaron hacia la medianoche del miércoles en la provincia de El Oro, fronteriza con Perú. El primero en la pequeña localidad de Casacay, 370 kilómetros al suroeste de Quito, y el otro en la zona conocida como Bella India, sin dejar víctimas o daños. En ambos se usaron tanques de gas de uso doméstico.

Tampoco se informó si estos hechos están vinculados con lo ocurrido en la capital.

El ministro Zapata increpó en la rueda de prensa de la tarde a los administradores de justicia: “Hasta cuándo tenemos que seguir soportando la impunidad”.

En torno al caso fueron aprehendidas seis personas, cuatro de nacionalidad ecuatoriana y dos colombianos, que tenían antecedentes por extorsión, robo y asesinato. Tres de ellos habían sido detenidos 15 días atrás, sin embargo, fueron liberados con medidas sustitutivas, indicó la autoridad policial.

En cuanto a una vinculación de los hechos violentos con el traslado de cárcel de los presuntos asesinos del excandidato Fernando Villavicencio, el comandante de Policía, Fausto Salinas, aseveró que es una de las hipótesis que se investiga. Indicó que de acuerdo con los análisis policiales, los atentados de Quito fueron dirigidos al SNAI y no a la ciudadanía en general.

El ministro de Gobierno, Henry Cucalón, adjudicó lo ocurrido a las reacciones de bandas criminales por las acciones emprendidas desde el Estado para desarticular a las organizaciones criminales y que pretenderían frenar las incursiones en los centros penitenciarios. También hizo un llamado a los jueces para valorar las evidencias “con rigurosidad”.

Entre los restos de las explosiones en Quito se encontraron cilindros de gas de uso doméstico, combustible, mechas lentas y tacos de dinamita, precisó Ramírez. La zona permanece acordonada.

Otro hecho que causó alarma en Quito se produjo el jueves cuando un incendio provocado por un grupo de adolescentes en un centro de detención juvenil, que alberga a unos 90 internos menores de edad al norte de la ciudad, dejó cuatro heridos leves, confirmó el director de operaciones de los bomberos, Carlos Moncayo.

Los ecuatorianos están asediados por la violencia que las autoridades adjudican a enfrentamientos entre bandas que se disputan rutas y territorios para el expendio y distribución de drogas.

La Policía Nacional contabilizó 3.568 muertes violentas en los primeros seis meses de este año frente a las 2.042 reportadas durante el mismo período de 2022. El año pasado terminó con 4.600 muertes violentas, la tasa más alta de la historia del país y el doble del total de 2021.

El sistema penitenciario perdió en los últimos años el control de las grandes cárceles, que han sido escenario de violentos disturbios donde al menos 420 reclusos han muerto desde 2021, y ha optado por trasladar a los reclusos para reducir los conflictos entre las pandillas.