Tribunal de Texas analiza política migratoria del gobierno de Biden
HOUSTON (AP) — Durante un juicio el jueves sobre el destino de una parte clave de la política migratoria del presidente Joe Biden, un estadounidense que patrocina a uno de los inmigrantes del programa elogió sus beneficios económicos y señaló que era una forma de corresponder la bondad a un amigo necesitado.
Según el programa, hasta 30.000 personas pueden ingresar cada mes a Estados Unidos desde Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela por motivos humanitarios.
Texas encabeza una demanda presentada por 21 estados de tendencia republicana para detener el programa, argumentando que la administración Biden se ha extralimitado en su autoridad.
El gobierno federal y grupos defensores de los inmigrantes defienden el programa y aseguran que ha tenido éxito en reducir la migración y una crisis humanitaria en la frontera sur y ha proporcionado un camino seguro a Estados Unidos para inmigrantes desesperados que de otro modo estarían pagando a traficantes de personas y agobiando a los agentes fronterizos.
El programa ha “tenido un tremendo éxito en reducir la migración hacia la frontera suroeste”, argumentaron los abogados del Departamento de Justicia, que representa al gobierno federal en la demanda.
El juez federal Drew Tipton preside el juicio sobre la demanda de los estados en Victoria, Texas. Tipton, designado por Donald Trump, se ha pronunciado anteriormente en contra de la administración Biden sobre a quién priorizar para la deportación.
Los inmigrantes que reciben libertad condicional como parte del programa deben contar con alguien que los respalde financieramente. Eric Sype, de Oakland, California, patrocinó a su amigo Oldrys, un hombre de Nicaragua de 34 años cuyo apellido no se reveló.
El jueves ante el tribunal, Sype testificó que ayudó a Oldrys a acogerse al programa y lo conectó con vivienda y trabajo. Ahora vive en la casa de la infancia de Sype en el estado de Washington, donde el primo de Sype le ofreció a Oldrys un trabajo en la granja de la familia, que siempre ha tenido dificultades para encontrar suficientes trabajadores. Sype dijo que su amigo Oldrys batallaba para encontrar trabajo y mantener a su familia en Nicaragua, un país que enfrenta dificultades económicas por los daños de los huracanes, los levantamientos políticos y la pandemia.
“Realmente vemos esto como una oportunidad para darle la bienvenida a Oldrys a nuestra familia... en un momento en que lo necesita”, dijo Sype.
En documentos judiciales, Texas y otros estados han calificado el programa de la administración Biden como un “ejemplo extremo” de no aplicar las leyes de inmigración que le exigen “otorgar la libertad condicional sólo caso por caso para un beneficio público significativo o razones humanitarias urgentes”.
Si bien la demanda de los estados republicanos objeta el uso de la libertad condicional humanitaria para inmigrantes de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela, no ha planteado ninguna preocupación por su uso para otorgar entrada a decenas de miles de ucranianos debido a la guerra de Rusia.
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Juan A. Lozano está en la red social X como: @juanlozano70
