Bukele ordena nuevo cerco militar en busca de pandilleros que atacaron a policías

SAN SALVADOR (AP) — Más de 8.000 efectivos de la Fuerza Armada y de la policía de El Salvador cercaron el martes por completo un departamento en la zona central del país bajo el argumento de la búsqueda de pandilleros en áreas rurales a los que responsabilizan del ataque el fin de semana una patrulla de las fuerzas de seguridad en el que dos policías resultaron heridos de bala.

“Desde esta madrugada, 7.000 soldados y 1.000 policías han establecido un cerco de seguridad alrededor de todo el departamento de Cabañas. Su labor será evitar la salida de pandilleros del departamento y cortar todas las líneas de suministro de los grupos terroristas", informó el presidente Nayib Bukele en su cuenta oficial de la red social X, antes conocida como Twitter.

El mandatario afirmó que en las últimas semanas, “Cabaña se ha convertido en el lugar con mayor número de células terroristas, que han llegado ahí buscando sus áreas rurales para ocultarse”. Ya en junio de 2022, el gobierno salvadoreño desmanteló varios campamentos clandestinos en el mismo departamento a los que, según las autoridades, van los pandilleros cuando huyen hacia zonas rurales.

En el operativo en Cabañas, los uniformados han tomado control de las carreteras y calles de acceso al departamento y se realiza registros de los vehículos de pasajeros y particulares. Las personas deben de identificarse para poder entrar y salir de la zona, mientras también se realizan registros en las comunidades para localizar y capturar a los pandilleros.

“Los más de 1.100 kilómetros cuadrados de Cabañas están cercados. Los terroristas van a enfrentar la justicia”, advirtió en un tuit el director general de la Policía, Mauricio Arriaza Chicas.

Éste es el quinto cerco militar de seguridad que implementa el gobierno salvadoreño, que en mayo despegó 5.000 militares y policías en Nueva Concepción, departamento de Chalatenango, en el norte del país, tras el asesinato de un policía.

Desde el 27 de marzo del año pasado rige estado de excepción en El Salvador, promovido por el presidente Bukele como parte de su estrategia de mano dura contra estructuras criminales, que implica la suspensión de derechos fundamentales como el de asociación, el de tener asistencia de un abogado y el de conocer las razones de una detención. Esta situación le ha conllevado duras críticas de organismos de derechos humanos.

Bukele advirtió que “el cerco se mantendrá mientras los operativos puedan extraer a todos los pandilleros”.

Dijo que la población de Cabañas, sus visitantes y turistas pueden estar tranquilos y realizar sus actividades normalmente, ya que “este masivo cerco garantiza aún más la seguridad de la zona y no lo levantaremos hasta dar con todos los delincuentes”.

El domingo, dos agentes de la policía nacional civil resultaron heridos de bala en una zona rural del municipio de Ilobasco, departamento de Cabañas, a 60 kilómetros al noreste de la capital, cuando presuntos pandilleros emboscaron a una patrulla de las fuerzas de seguridad.

El Congreso aprobó recientemente una reforma para procesar en grupo a los pandilleros capturados en régimen de excepción, en un intento por acelerar la burocracia judicial de miles de casos que se han acumulado en los últimos meses.

Más del 90% de los 71.000 supuestos pandilleros o colaboradores que han sido capturados solo tiene detención provisional decretada por un juez, es decir, están en prisión sin condena firme. Según el Ministerio Público, la mayoría están por el delito de agrupaciones ilícitas.

Con la nueva reforma, podrían ser procesados en los tribunales de crimen organizado en grupos de 900 personas.

También se aprobó un aumento de penas de 45 a 60 años de cárcel para los cabecillas de las pandillas.

Pese a las restricciones en derechos, Bukele mantiene un alto nivel de popularidad por encima del 80% y estudios de opinión locales atribuyen esa calificación al combate a las pandillas. Según las más recientes encuestas, el 97,7% de los salvadoreños piensa que la violencia ha disminuido y el 81,8% que el estado de excepción ha ayudado mucho a controlar la delincuencia.