Protestan en casi un tercio de Perú para exigir renuncia de presidenta y legisladores

LIMA (AP) — Manifestantes y policías chocaron el miércoles en Lima durante las protestas efectuadas en diversas partes de Perú para exigir la renuncia de la presidenta Dina Boluarte y los miembros del Congreso, apenas cuatro meses después de las movilizaciones que dejaron entre diciembre y febrero 67 muertos y 1.956 heridos.

La Defensoría del Pueblo, que monitorea la conflictividad nacional, dijo en un informe que las manifestaciones, en las que participaron miles de personas, tuvieron lugar en 58 provincias, equivalentes al 29,6% del total de ellas en Perú.

Por la noche, en Lima, los enfrentamientos entre la policía y manifestantes dejaron al menos cuatro contusos, entre ellos la periodista independiente peruana Gabriela Ramos, quien fue alcanzada por cinco perdigones y trasladada a un hospital, indicó la Asociación Nacional de Periodistas del Perú. Un policía sufrió una pedrada en la mano izquierda, agregó.

Agentes antimotines lanzaron decenas de bombas lacrimógenas a manifestantes que intentaban acercarse al palacio del Congreso, en el centro histórico capitalino. Quienes protestaban arrojaron botellas de plástico con agua y piedras. También se enfrentaron con patadas al cordón policial que, en algunos puntos, comenzó a lanzar los gases lacrimógenos para hacer retroceder a la marcha por varias cuadras.

En ciertos momentos, los agentes usaron sus varas para hacer retroceder a los manifestantes, quienes coreaban “fuera Dina asesina” acompañados por tambores.

La policía había desplegado agentes en todo el país como medida para mantener el orden público ya que la convocatoria era también para dos decenas de ciudades peruanas. En la movilización principal de Lima las exigencias de los manifestantes incluían que se castigue a los responsables de los fallecidos en las anteriores protestas.

El gobierno también había advertido días atrás que haría uso de la fuerza, incluso con armas de fuego, en caso de que hubiera peligro para la vida de policías.

En la capital, la movilización se congregó inicialmente en una plaza distante a un kilómetro del palacio presidencial y del Congreso y luego fue avanzando hacia las sedes institucionales lo que obligó la contención policial.

La avenida llamada Abancay, una vía clave de acceso al palacio legislativo, estaba repleta al final de la tarde de personas con banderas de Perú, así como otras de color negro, en señal de duelo por los fallecidos en los primeros meses del año. Varios policías quitaron a los manifestantes y destruyeron con los pies una gigantesca efigie con forma de rata, elaborada con caña de bambú y papel.

Los que protestaban tenían pancartas que decían “en democracia no se mata a los que protestan”, “no a la dictadura asesina” o con caricaturas de Boluarte con casco, empuñando un fusil sobre un tanque militar con la frase: “Me quedo hasta 2026”. También llevaban réplicas de lápidas negras con letras y cruces blancas con los nombres de las decenas de fallecidos en la primera serie de protestas de inicios de año.

En la plaza mayor de la región Huancavelica, en los Andes, la policía usó gases lacrimógenos para dispersar a 3.000 manifestantes luego de que la puerta de la oficina local del Ministerio del Interior fuera consumida por el fuego, confirmó el primer ministro Alberto Otárola en conferencia de prensa.

Las televisoras locales mostraron a manifestantes en Huancavelica, entre ellos, albañiles, universitarios y vecinos, que coreaban “esta democracia ya no es democracia; Dina, asesina, el pueblo te repudia”, una réplica que se hizo popular en Perú durante las pasadas manifestaciones.

El ministro del Interior, Vicente Romero, dijo a inicios de semana que si las manifestaciones son violentas se responsabilizará a los líderes de las protestas y aseguró que están identificados.

Por su parte, el jefe policial Jorge Angulo dijo el miércoles a la radio local RPP que se desplegarán 24.000 policías entrenados para contener manifestaciones, luego de observaciones a las fuerzas de seguridad peruana enviadas por Naciones Unidas y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre el uso excesivo de la fuerza entre diciembre y febrero.

Aunque el gobierno de Boluarte ha acusado a los manifestantes de violentos, cifras lanzadas por la Defensoría del Pueblo han indicado que entre diciembre y febrero, de un total de 1.327 protestas realizadas apenas el 11,5% fueron violentas.

El gobierno afirmó que la minería informal, el narcotráfico y el contrabando financiaban las marchas. También, que los manifestantes usaban armas de fuego, pero al momento no se ha mostrado evidencias.

Por el contrario, en tres meses de conflictividad se registraron 67 muertos. Al menos 30 de los 49 civiles que murieron directamente en choque con la policía durante las jornadas de movilizaciones fallecieron por impacto de bala, según las autopsias revisadas por The Associated Press.

Ocho puntos de carreteras en las regiones Cusco, Arequipa, Ayacucho y Loreto fueron bloqueados, según el Ministerio de Transportes, pese a que hace una semana el gobierno extendió por un mes la suspensión de la libertad de tránsito y de reunión en varias carreteras clave del país para evitar los cortes viales.

El martes, la presidenta Boluarte declaró en un tono de advertencia que no serán permitidas manifestaciones violentas ya que suponen “una amenaza a la democracia”. La mandataria no se pronunció durante la jornada.

Boluarte llegó al poder el 7 de diciembre de 2022 luego que el Congreso destituyó al entonces presidente Pedro Castillo quien intentó disolver el Parlamento para evitar una votación en su contra. Ese mismo día Castillo fue detenido y continúa en prisión provisional mientras es investigado por cargos de rebelión y corrupción. Al ser vicepresidenta de Castillo, Boluarte se convirtió en mandataria.

Cinco días después de asumir el cargo, Boluarte, en medio de las protestas, aseguró que había asumido “la iniciativa de llegar a un acuerdo con el Congreso para adelantar las elecciones generales al mes de abril de 2024”. Pero en junio la mandataria cambió de decisión y aseguró que se quedaría en el poder hasta 2026, cuando culmina el periodo presidencial para el cual fue elegido Castillo, quien empezó su gestión en 2021.

Entre enero y marzo el Congreso archivó cinco iniciativas de adelanto de elecciones, una de ellas enviada por la mandataria y en medio de sucesivas manifestaciones, sobre todo en los Andes del sur y en la capital. El Congreso junto a Boluarte poseen elevados índices de impopularidad, según todas las encuestas.