Corte Penal Internacional autoriza reabrir investigación a fuerzas de seguridad de Venezuela
LA HAYA, Holanda (AP) — Fiscales internacionales deben reanudar la investigación de presuntos crímenes de lesa humanidad en Venezuela por parte de las fuerzas de seguridad bajo el mando del presidente Nicolás Maduro debido a que la investigación realizada por el país sudamericano ha sido insuficiente, dictaminó el martes la Corte Penal Internacional (CPI).
La corte suspendió una investigación sobre presuntas irregularidades, incluido el uso de fuerza excesiva y tortura —la primera en su tipo en América Latina— luego de que Venezuela solicitó hacerse cargo del caso en abril del año pasado.
Siete meses después, el fiscal de la CPI Karim Khan intentó reabrir su investigación y dijo que los esfuerzos venezolanos para impartir justicia “siguen siendo de alcance insuficiente o aún no han tenido ningún impacto concreto en los procedimientos potencialmente relevantes”.
Los jueces estuvieron de acuerdo, y el tribunal dijo en un comunicado el martes que las acciones de Venezuela “no reflejan suficientemente el alcance” de la investigación prevista, incluso generalmente estas se enfocan en los perpetradores de bajo nivel.
La organización Human Rights Watch (HRW) acogió con satisfacción el fallo.
“Con la decisión de hoy, los jueces de la CPI han dado luz verde al único camino creíble hacia la justicia para las víctimas de los abusos del gobierno de Nicolás Maduro”, dijo Juanita Goebertus, la directora para las Américas de HRW. “La decisión confirma que Venezuela no está actuando para hacer justicia por los crímenes que probablemente estén dentro de la investigación de la CPI. La impunidad sigue siendo la norma”.
Hace menos de tres semanas, Khan visitó Venezuela y firmó un memorando de entendimiento con Maduro para establecer una oficina para los fiscales de la CPI en el país.
El caso fue llevado a la corte con sede en La Haya en 2018 por los Estados miembros Argentina, Canadá, Colombia, Chile, Paraguay y Perú, quienes solicitaron una investigación sobre presuntos delitos en Venezuela desde principios de 2014, un año después de que Maduro asumiera el cargo.
Horas después, el gobierno de Maduro en un comunicado expresó su desacuerdo con el dictamen y reiteró que Venezuela ha denunciado “la intención de instrumentalizar los mecanismos de la justicia penal internacional con fines políticos” por parte de la Fiscalía de la CPI desde que comenzó el Examen Preliminar en febrero de 2018. El país lo atribuye a una supuesta estrategia de “cambio de régimen” impulsada Washington.
“Como parte de esa estrategia, operadores políticos nacionales e internacionales han pretendido sostener una acusación de supuestos crímenes de lesa humanidad que nunca han ocurrido, a partir de la deliberada manipulación de un reducido conjunto de delitos contra los derechos humanos que han sido o están siendo investigados y sancionados” por la justicia venezolana, indicó el escrito.
El gobierno venezolano agregó que recurrirá la decisión ante la Sala de Apelaciones, al tiempo que continuará haciendo uso de las acciones previstas en el Estatuto de Roma y el Derecho Internacional para “defender la verdad y asegurar sus derechos como Nación”.
La predecesora de Khan, Fatou Bensouda, realizó una investigación preliminar y en 2020 dijo que encontró una base razonable para concluir que se habían cometido crímenes de lesa humanidad en Venezuela, al menos desde abril de 2017. La investigación de Bensouda se focalizó principalmente en denuncias de fuerza excesiva, detención arbitraria y tortura por parte de las fuerzas de seguridad durante la represión de las protestas antigubernamentales en 2017.
La CPI es un tribunal de última instancia que investiga presuntos crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad y otros delitos graves cuando las naciones no pueden o no quieren hacerlo.
Los jueces de la Sala de Cuestiones Preliminares de la CPI dijeron que las investigaciones venezolanas parecían estar enfocadas en perpetradores directos y de bajo nivel. La CPI busca enjuiciar a los comandantes superiores considerados responsables de crímenes.
Los juicios y condenas por las muertes durante las protestas de 2017 hasta ahora han recaído en los autores materiales de algunos de esos crímenes, la mayoría agentes de los cuerpos de seguridad, pero hasta ahora no se han establecido responsabilidades en la cadena de mando.
Los jueces también señalaron que “Venezuela parece haber tomado medidas de investigación limitadas y que, en muchos casos, parece haber períodos de inactividad investigativa inexplicable”, dijo la corte en su declaración.
También dijeron que las investigaciones internas en Venezuela no parecían cubrir suficientemente partes de la investigación internacional, incluidas las denuncias de persecución y delitos sexuales.
