Conflicto por reforma constitución provincial se nacionaliza en Argentina
BUENOS AIRES (AP) — El conflicto en una provincia del norte de Argentina, por una controversial reforma de la constitución local que detonó en violentas protestas, se nacionalizó el miércoles con la amenaza del presidente Alberto Fernández de acudir a la justicia para derogar la norma.
Pueblos originarios y sindicatos rechazan desde hace varios días el cambio normativo con movilizaciones en la provincia de Jujuy, a 1.500 kilómetros de la capital, que han dejado decenas de detenidos y heridos. Las protestas continuaron el miércoles en el centro de Buenos Aires en repudio por el accionar de la policía para controlar las manifestaciones.
La reforma impulsada por el gobernador de esa provincia, Gerardo Morales, atañe con restricciones protesta social, medio ambiente y explotación de tierras donde viven comunidades aborígenes y enfrenta también el rechazo del gobierno nacional.
“He instruido al ministerio de Justicia para que analice y eventualmente promueva acciones de inconstitucionalidad de los artículos de la reforma votada en Jujuy que violan la constitución nacional y los tratados internacionales”, anunció el presidente Fernández en una declaración desde Casa de Gobierno, mientras en Jujuy los opositores a la reforma mantenían bloqueadas varias carreteras y marchaban con antorchas en la capital provincial.
En Argentina rige un sistema político federal que habilita a la cada provincia a tener su propia constitución, al margen de la constitución nacional.
El gobernador Morales, de la Unión Cívica Radical -uno de los partidos que integra la principal coalición opositora a nivel nacional- defendió su reforma constitucional, aunque aceptó que dos de los artículos modificados, referidos a las tierras en donde viven comunidades aborígenes, volverán a su antigua redacción porque generan “dudas”.
El mandatario provincial también reivindicó el accionar policial el miércoles en distintas entrevistas. Además, responsabilizó al presidente Fernández y a la vicepresidenta y exmandataria Cristina Fernández de Kirchner (2007-2015) de alimentar la protesta social en su provincia.
“El gobierno nacional está agitando. Los responsabilizo a Alberto Fernández y a Cristina Fernández. Les reparten plata”, afirmó.
Los hechos más graves se sucedieron la víspera cuando grupos radicalizados incendiaron algunas dependencias de la legislatura provincial durante la sesión que puso en vigencia a la nueva constitución. Alrededor de 70 personas resultaron heridas y unas 60 fueron arrestadas el martes durante la manifestación de partidos de izquierda y sindicatos frente a la legislatura provincial.
Las fuerzas de seguridad dispararon balas de goma y gases contra manifestantes, que a su vez respondieron a piedrazos y provocaron daños en automóviles que usaron como barreras de protección.
Fernández criticó el uso de la fuerza pública contra las movilizaciones. “Los hechos de represión y violencia estatal sucedidos en Jujuy son inadmisibles en nuestra vida democrática”, sostuvo el mandatario peronista. “A tal punto ha llegado el conflicto generado por el gobierno de Jujuy, que, por primera vez en mucho tiempo algo acaecido en nuestro país, ha provocado la alerta y la condena de los organismos internacionales, defensores de los derechos humanos”.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) señaló en un comunicado la necesidad de que se respeten “los estándares de uso de la fuerza provincial durante las protestas” en uno de los distritos “con mayor población indígena auto reconocida”.
También objetó la reforma constitucional por “la criminalización total de los cortes de ruta” y alertó que “no habría cumplido con la debida consulta a los pueblos indígenas en decisiones que afectan sus derechos, territorios y recursos naturales”.
En la misma línea se pronunciaron las organizaciones no gubernamentales Amnistía Internacional y Human Rights Watch.
