Fiscales de La Haya y Venezuela evalúan cooperación en investigación sobre violaciones a DDHH
CARACAS (AP) — El Fiscal de la Corte Penal Internacional, Karim Khan, se reunió el jueves con el jefe del Ministerio Público de Venezuela con miras a implementar un mecanismo de entendimiento con el gobierno del presidente Nicolás Maduro. El presidente venezolano se comprometió en su momento a cooperar para esclarecer los hechos en torno a la investigación sobre presuntos crímenes de lesa humanidad cometidos durante las protestas de 2017.
En las manifestaciones contra el gobierno venezolano de hace seis años murieron 120 personas. El caso fue llevado a la Corte de La Haya por alguno de los Estados miembros -Argentina, Canadá, Colombia, Chile, Paraguay y Perú- que solicitaron una investigación de los presuntos delitos cometidos por la fuerza pública.
Lo que indaga la CPI son denuncias de torturas y ejecuciones extrajudiciales presuntamente cometidas por la policía y la Guardia Nacional venezolanas durante la represión de las protestas.
En la reunión del jueves, se revisó la puesta en marcha de un memorando de entendimiento suscrito entre ambas partes en el 2021, según informó fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, a través de Twitter. No ofreció más detalles sobre el mecanismo de cooperación, pero sí apuntó que intercambió comentarios con el fiscal de la CPI sobre los “logros en materia de protección de los derechos humanos en Venezuela”.
No hubo un pronunciamiento inmediato del fiscal Khan o de la CPI tras la reunión del jueves.
La investigación sobre los presuntos crímenes de lesa humanidad en el país sudamericano se reabrió en noviembre pasado por petición de Khan, al constatar que había indicios del cometimiento de estos delitos, al menos desde abril de 2017, y de que el país no ha demostrado que haya hecho justicia o reparado a las víctimas.
La CPI es una instancia de último recurso que investiga presuntos crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad y otros delitos graves cuando las naciones no pueden o no quieren hacerlo.
Venezuela reaccionó entonces ante la reapertura del caso, acusando al fiscal jefe de La Haya de tener una “visión claramente prejuiciada" sobre la situación, en palabras de la Cancillería del país. Se cuestionó también que el proceso sea parte de una estrategia promovida por Washington para desacreditar al gobierno de Maduro y que se estaban "reproduciendo sin ponderación las campañas que pretenden instrumentalizar el tema de la justicia y los derechos humanos con fines políticos”.
Seis meses antes de que el fiscal de la CPI solicitara reabrir la pesquisa, Venezuela había requerido al ente de justicia internacional que difiriera la investigación. Como respaldo, el gobierno venezolano entregó el 28 de febrero un documento que, a su juicio, “desvirtúa todas las falacias de la agresión mediática y geopolítica puesta en marcha para acusar a Venezuela de supuestos crímenes de lesa humanidad".
El 1 de abril, Khan anunció que fueron desestimados los recursos presentados por Venezuela contra la apertura de la investigación.
El gobierno venezolano sostiene que su sistema judicial está activado para garantizar la justicia bajo su jurisdicción.
Los juicios y condenas por las muertes durante las protestas de 2017 han recaído en los autores materiales de algunos de esos crímenes, la mayoría agentes de los cuerpos de seguridad, pero hasta ahora no se han establecido responsabilidades en la cadena de mando, según denuncias de opositores y activistas de derechos humanos.
