Aún no termina el proceso de juicio político del fiscal general de Texas
AUSTIN, Texas, EE.UU. (AP) — La Legislatura de Texas ya tomó una decisión histórica con la destitución del fiscal general republicano Ken Paxton, pero ahora viene otra batalla más.
La Cámara de Representantes estatal, encabezada por el Partido Republicano, aprobó el sábado 20 artículos de juicio político por amplias acusaciones de irregularidades que han seguido a Paxton desde hace años, como abuso de poder y soborno. La votación suspendió de inmediato de su cargo al máximo abogado de Texas, pero la pelea política dentro del partido en el estado conservador más grande de Estados Unidos —una que incluso recibió golpes verbales el sábado del expresidente Donald Trump— está lejos de terminar.
Ahora sigue un juicio en el Senado estatal, controlado por los republicanos, que finalmente decidirá el destino de Paxton. Los aliados de Paxton cuentan con la victoria en ese juicio.
Uno de los integrantes de esa cámara es su esposa, la senadora estatal Angela Paxton, y ella podría votar sobre el futuro político de su marido, quien ahora está en peligro en parte debido a las acusaciones de soborno relacionadas con su relación extramatrimonial.
EL SENADO
Los juicios políticos en Texas son similares al proceso a nivel federal: después de que la cámara baja toma acción, el Senado lleva a cabo su propio juicio.
La cámara alta estatal anunció el lunes que el proceso comenzará a más tardar el 28 de agosto.
La Cámara de Representantes sólo necesitaba una mayoría simple de sus 149 miembros para destituir a Paxton, y la votación final fue un aplastante 121-23. Sin embargo, el umbral para una condena en el juicio del Senado es más alto y requiere una mayoría de dos tercios de sus 31 miembros.
Si eso sucede, a Ken Paxton se le prohibirá permanentemente ocupar un cargo público en Texas. Cualquier cosa menos significará que Paxton ha sido absuelto y que podrá reanudar su tercer mandato como fiscal general.
Paxton fustigó amargamente la investigación de la cámara baja como “corrupta” y conducida tan secreta y rápidamente que ni él ni sus abogados pudieron montar una defensa. También llamó al presidente republicano de la Cámara de Representantes, Dade Phelan, de ser un “centroizquierdista”.
El vicegobernador Dan Patrick preside el Senado. Al igual que Paxton, Patrick es un republicano que se ha aliado estrechamente con Trump y que ha impulsado las políticas de derecha de Texas durante la última década. Patrick aún no ha hecho comentarios sobre el juicio político ni sobre las acusaciones de la Cámara de Representantes estatal.
El Senado establecerá sus propias reglas de juicio, y Patrick declaró el martes que incluirá el testimonio bajo juramento de testigos. También podría sopesar si será necesario excusar a Angela Paxton de votar debido al conflicto de intereses.
El lunes, Angela Paxton se negó a comentar sobre el juicio político y el martes, Patrick no dijo si Paxton participaría en el juicio de su esposo en el Senado. Antes de la votación de juicio político en la cámara baja, Patrick había indicado que los 31 senadores votarían en el juicio.
Los cargos del juicio en el Senado incluyen uno de soborno relacionado con uno de los donantes de Paxton, el promotor de bienes raíces de Austin, Nate Paul, quien supuestamente contrató a la mujer con la que Paxton tuvo un amorío a cambio de ayuda legal.
Otro senador republicano con un conflicto potencial es el senador Bryan Hughes. Los artículos de la acusación en la Cámara de Representantes acusaron a Paxton de usar a Hughes como un “solicitante falso” de una opinión judicial empleada para proteger a Paul de la ejecución hipotecaria de varias propiedades.
La ley estatal requiere que todos los senadores estén presentes en un juicio político.
REPUBLICANOS CONTRA REPUBLICANO
La acusación contra Paxton ha sido liderada desde el principio por sus copartidarios republicanos, en contraste con los ejemplos recientes de juicio político en Estados Unidos, más destacadamente contra Trump.
Los juicios políticos a Trump en 2020 y 2021 fueron impulsados por demócratas que tenían el control mayoritario de la Cámara de Representantes de Estados Unidos. En ambos casos, los cargos que se aprobaron en la cámara baja fracasaron en el Senado, donde los republicanos tuvieron suficientes votos para bloquear una condena.
En Texas, los republicanos tienen una mayoría grande en ambas cámaras y los líderes republicanos del estado tienen todas las palancas de influencia política.
En una protesta pacífica en el Capitolio estatal, Paxton pidió a los republicanos que lo defendieran durante la votación del sábado. La petición se hizo eco del llamado a las protestas que hizo Trump tras su derrota electoral el 6 de enero de 2021, cuando una multitud irrumpió violentamente en el Capitolio de Estados Unidos en Washington. Ese día, antes de la insurrección en Washington, Paxton habló en el mitin.
Trump se sumó a las protestas del sábado, al publicar en redes sociales una advertencia a los miembros de la Cámara de Representantes de Texas que “lucharé contra ustedes” si votaban a favor de un juicio político. Unos cientos de seguidores de Paxton acudieron a la galería de la legislatura para mirar el proceso.
Sin embargo, a los republicanos de la cámara baja no pareció importarles las amenazas de Trump. Sesenta de ellos, el 71% de la representación republicana de la cámara, votó a favor del juicio político.
El presidente del Partido Republicano, Matt Rinaldi —un aliado de Paxton—, declaró que el partido tendría que confiar en el “liderazgo de principios del Senado de Texas para restaurar la cordura y la razón”.
El traslado del proceso al Senado estatal podría darles tiempo a los simpatizantes de base de Paxton y a figuras nacionales como Trump para poder aplicar más presión política.
AÑOS EN FORMARSE
El proceso de juicio político se remonta a 2015, cuando Paxton fue señalado de cargos de fraude bursátil por los que aún no ha sido juzgado. Los legisladores acusaron a Paxton de hacer declaraciones falsas a los reguladores estatales de valores.
Pero la mayoría de los artículos de juicio político se derivan de sus contactos con el promotor inmobiliario Paul y de una revuelta notable de los principales subalternos de Paxton en 2020.
Ese otoño, ocho asesores principales denunciaron a su jefe ante el FBI, acusándolo de aceptar sobornos y de abusar de su cargo a fin de ayudar a Paul. Cuatro de ellos más tarde presentaron una demanda que se basaba en estas denuncias contra su exjefe. El caso dio lugar a una investigación penal federal que fue asumida en febrero por la Unidad de Integridad Pública del Departamento de Justicia de Estados Unidos, con sede en Washington.
Los cargos de juicio político cubren innumerables denuncias relacionadas con los tratos de Paxton con Paul. Las acusaciones incluyen intentos de interferir en juicios de ejecución hipotecaria y emitir inapropiadamente opiniones legales en beneficio de Paul, así como despedir, acosar e interferir con los empleados que denunciaron lo que estaba sucediendo. Los cargos de soborno se derivan del amorío, así como de que Paul supuestamente pagó unas renovaciones costosas en la casa de Paxton en Austin.
El caso afectó a la fiscalía general de Texas, que durante mucho tiempo ha sido uno de los principales opositores legales a los gobiernos demócratas en la Casa Blanca.
En los años transcurridos desde que los subalternos de Paxton acudieron al FBI, la fiscalía general del estado se ha vuelto inamovible debido al desorden. Abogados experimentados han renunciado por prácticas que, según dijeron, apuntaban a sesgar el trabajo legal, recompensar a los leales y eliminar a los disidentes.
En febrero, Paxton acordó resolver la demanda de las denuncias presentadas por sus exasistentes. La Legislatura deberá primero aprobar un pago de 3,3 millones de dólares y Phelan ha dicho que no cree que los contribuyentes deban pagar esa factura.
Poco después de que se llegó al acuerdo, la Cámara de Representantes estatal comenzó su investigación.
LA HISTORIA DE TEXAS
Es probable que los libros de historia destaquen a Paxton por su solicitud sin precedentes de que la Corte Suprema de Estados Unidos anulara la derrota de Trump por parte de Biden en los comicios de 2020. Ahora él es uno de los tres funcionarios en funciones que han sido llevados a juicio político en Texas.
El gobernador James “Pa” Ferguson fue destituido en 1917 por malversación de fondos públicos, malversación y desvío de un fondo especial. El juez estatal O.P. Carrillo fue obligado a dejar su cargo en 1975 por hacer uso personal de fondos y equipos públicos y por presentar declaraciones financieras falsas.
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Bleiberg reportó desde Dallas.
