Muchos estados de EE.UU. rechazan ayudas a víctimas negras de crímenes violentos
La fría formalidad de la carta está grabada en la memoria de Debra Long.
Comenzaba “Estimada demandante” y decía que su hijo de 24 años, Randy, asesinado a tiros en abril de 2006, no era una víctima “inocente”. Sin más explicación, la agencia estatal de Nueva York que asiste a las víctimas de crímenes violentos y sus familias se negó a ayudar a pagar su funeral.
Randy era padre, iba a casarse y estudiaba para convertirse en funcionario de libertad condicional para jóvenes cuando perdió la vida durante una visita a Brooklyn con amigos. Su madre, enojada y perpleja por la carta, se preguntó qué era lo que las autoridades veían, o no veían, en Randy.
“Parecía racial. Parecía que veían a un hombre afroestadounidense joven que murió baleado y asumieron que habría estado haciendo algo malo”, dijo Long. “Pero créame cuando le digo: mi hijo no”.
Debra Long había chocado contra un rincón bienintencionado del sistema de justicia penal que a menudo se percibe como injusto.
Todos los estados tienen un programa para reembolsar a las víctimas por ingresos perdidos, facturas médicas, funerales y otros gastos, que entregan cientos de millones de dólares en ayudas cada año. Pero un análisis de Associated Press descubrió que en muchos estados se rechaza de forma desproporcionada la ayuda para las víctimas negras y sus familias, a menudo por cuestiones subjetivas que los expertos consideran heredadas de prejuicios raciales.
AP encontró tasas de rechazo desproporcionadamente altas en 19 de 23 estados dispuestos a dar datos desglosados por raza, la mayor recopilación hasta la fecha de esas cifras. En algunos estados, como Indiana, Georgia y Dakota del Sur, los solicitantes negros tenían el doble de posibilidades que los blancos de ser rechazados. Entre 2018 y 2021, miles de familias negras recibieron rechazos que en conjunto suponían millones de dólares en ayudas negadas cada año.
Los motivos para esa disparidad son complejos y las normas sobre requisitos varían un poco entre estados, pero los expertos -incluidos los responsables de algunos de los programas- señalan a algunos factores en común:
— A menudo, los empleados estatales que revisan las solicitudes basan sus decisiones en información de reportes policiales y cuestionarios rellenados más tarde por los agentes en los que dan su opinión sobre el comportamiento de las víctimas, dos fuentes que podrían contener descripciones de lo sucedido con prejuicios implícitos.
— Esos mismos empleados podrían verse influidos por sus propios prejuicios cuando revisan sucesos que dejaron muertos o heridos. Sin darse cuenta, un análisis de los hechos se convierte en una opinión sobre culpabilidad percibida de las víctimas.
— Los protocolos de muchos estados se diseñaron hace décadas de acuerdo a prejuicios que beneficiaban a víctimas que fueran mejores testigos, lo que discriminaba a los que tuvieran antecedentes penales, multas sin pagar o adicciones, entre otros aspectos.
Mientras el sistema de justicia penal en general, desde los departamentos policiales a las cortes, reflexiona sobre el racismo institucional tras la muerte de George Floyd a manos de la policía, los programas de compensación empiezan también a revisar cómo afectan sus políticas a la gente de color.
“Tenemos esta larga historia en los servicios de víctimas en este país de centrarnos en si la gente es buena o mala”, indicó Elizabeth Ruebman, experta de una red nacional de activistas sobre compensación de víctimas y exasesora del fiscal general de Nueva Jersey sobre el programa estatal.
Como resultado, los solicitantes negros o de color tienden a enfrentar más escrutinio debido a prejuicios interiorizados, dijo Ruebman.
En algunos estados examinados por AP, como Nueva York y Nebraska, las tasas de rechazo a solicitantes negros y blancos no eran muy diferentes. Pero los dos revelaban una aparente discriminación en otros aspectos. Las familias blancas eran más propensas a que se las rechazara por motivos administrativos, como plazos vencidos o solicitar ayuda por delitos que no estaban cubiertos por el programa. En cambio, las familias negras eran más propensas a ser rechazadas por motivos subjetivos como si las víctimas podrían haber hecho o dicho algo para provocar un crimen violento.
En Delaware, donde los solicitantes negros suponían menos de la mitad de las solicitudes de compensación entre 2018 y 2021 pero más del 63% de los rechazos, funcionarios del estado reconocieron que incluso la mejor de las intenciones se ve superada por un prejuicio sistémico.
“Los programas estatales de compensación son recursos situados al final de un sistema de justicia penal cuyas fuentes están entrelazadas con la historia de desigualdad racial en nuestro país", escribió en un email Mat Marshall, vocero del fiscal general de Delaware. ”Incluso una normativa neutral en cuanto a raza en el nivel programático podría no conseguir resultados neutrales bajo las sombras que la raza y la justicia penal se arrojan entre sí".
El impacto financiero de una lesión o muerte asociada a un crimen puede ser significativo. Los gastos inmediatos para cosas como limpiar la escena de un crimen o atención médica pueden suponer miles de dólares, lo que hace que la gente se endeude, gaste sus ahorros o recurra a familiares.
Después de que mataran a Randy, Debra Long pagó el funeral con dinero que había ahorrado para la entrada de su primera casa. Diecisiete años más tarde, aún arrienda un apartamento en Poughkeepsie, New York.
Cada año se rechaza la compensación a miles de personas por motivos que no tienen nada que ver con el crimen en sí. Se les niega por el comportamiento de la víctima antes o después del crimen.
Las solicitudes se pueden desestimar si la policía u otros funcionarios dicen que la persona no cooperó con la investigación. Eso puede perjudicar sin saberlo a personas que temen sufrir represalias si hablan con la policía o a personas que no tienen información. Una mujer de Chicago que recibió un disparo en la espalda vio rechazada la ayuda por no cooperar, a pesar de que no había podido identificar al tirador porque no había llegado a verle.
Y la compensación se puede rechazar debido a pruebas circunstanciales o sospechas, sin la carga de prueba necesaria en una investigación penal.
Muchos estados niegan las compensaciones en función de una categoría de comportamientos poco definida, a menudo conocida como “mala conducta contribuyente” que incluye desde utilizar un insulto durante una pelea a tener drogas en el organismo. Otras veces se han negado las ayudas a gente porque la policía encontró drogas en el suelo cerca de ellos.
En los datos examinados por AP, los solicitantes negros tenían casi tres veces más probabilidades de que se les negaran las ayudas por motivos asociados al comportamiento, como la mala conducta contribuyente, que las personas de otras razas.
“Muchas veces es percepción”, dijo Chantay Love, directora ejecutiva del Centro de Sanación Todo Asesinato es Real en Filadelfia.
Love enumera ejemplos recientes. Un hombre al que mataron cuando intentaba detener una pelea estaba en libertad condicional y se le negó la compensación, porque el estado argumentó que debería haberse mantenido al margen del incidente. Otro murió apuñalado, y el estado dijo que había contribuido al suceso porque unas horas antes había pedido el alta para salir de un centro de salud mental en contra de la recomendación de un médico.
Long revisó la versión policial de la muerte de su hijo. Llamó a los detectives y trató de averiguar si habían dicho algo a la Oficina de Servicios de Víctimas que pudiera implicar a su hijo en alguna clase de delito. No había nada en el reporte. Y los detectives dijeron que no habían enviado ninguna información adicional.
A cada oportunidad que tuvo, Long recordó a los detectives y a los funcionarios del estado que revisaban su solicitud que Randy nunca había tenido problemas con la ley. Quería que comprendieran que la injusticia también afectaba al hijo pequeño de Randy, que sólo conocería a su padre a través de los recuerdos de otros.
Long mantuvo la información sobre el caso de su hijo en una caja cerca de la cocina. Mientras se apilaban más de 20 libretas llenas de conversaciones con detectives, Long colocó la carta de rechazo del estado en una carpeta para no perderla, pero también para no tener que verla cada vez que buscaba algo.
“Lo que se queda en su mente es que su ser querido no era importante”, dijo Love, del grupo activista de Filadelfia. “Vacía de sentido el que fue un homicidio y crea una parte de culpa para la víctima”.
En los últimos años, varios estados y ciudades han cambiado los requisitos para centrarse menos en el comportamiento de las víctimas antes o después de los delitos.
Una ley que entró en vigor en septiembre en Pensilvania indica que no se puede negar la ayuda financiera a los solicitantes para funerales o terapia debido al comportamiento de una víctima de homicidio. En Illinois, un nuevo director de programa ha dado nueva formación al personal sobre cómo los prejuicios interiorizados pueden afectar a sus decisiones. Y en Newark, Nueva Jersey, la policía ha cambiado el lenguaje que emplea en los informes para describir sus interacciones con las víctimas, lo que ha reducido los rechazos por falta de cooperación.
Long, que ahora trabaja como activista para ayudar a víctimas, estaba en formación en 2021 cuando un orador empezó a elogiar el programa de compensación de Nueva York. Ella intentó mantenerse callada y completar la clase, pero no pudo. Le habló al grupo sobre su experiencia y el impacto de la carta.
Más tarde, un empleado de la Oficina de Servicios de Víctimas se acercó a Long y la convenció de solicitar la ayuda de nuevo, explicando que la agencia había mejorado con formación y otros cambios que beneficiarían a su petición. Unas semanas más tarde, y casi 15 años después del entierro de Randy, la solicitud de Long fue aprobada y el estado le envió un cheque de 6.000 dólares, la cantidad que habría recibido en 2006. Utilizó parte de ese dinero para ayudar al hijo de Randy, que ahora está en la universidad, a pagar las clases de verano.
“No se trata de la cantidad económica”, dijo Long. “Era la forma en la que me sentí tratada”.
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Catalini informó desde Trenton, Nueva Jersey, Lauer informó desde Filadelfia.
