Ecuador: Avanza fase final del juicio político al presidente Lasso

QUITO (AP) — El presidente Guillermo Lasso se defendió el martes de las acusaciones de asambleístas opositores que le imputan malversación de fondos públicos, en la primera jornada de la fase final de un inédito juicio político que podría terminar en su destitución u obligarlo a disolver la legislatura.

El mandatario derechista subrayó que no existen pruebas ni méritos para culparlo de corrupción en la empresa estatal Flota Petrolera Ecuatoriana FLOPEC en relación con la ampliación de un contrato con la empresa Amazonas Tanker que habría causado un perjuicio al Estado por más de seis millones de dólares.

Acusó a los asambleístas de “abandonar” su rol de legisladores. “Ustedes no crean leyes sino que las destruyen, ustedes no afianzan normas sino que las debilitan, las desgarran y las ultrajan. Ustedes no piensan en cómo crear reglas de convivencia sino en cómo romperlas”, señaló.

El debate se suspendió después de la intervención de 39 legisladores, en una jornada que se prolongó por poco más de 13 horas. El presidente de la Asamblea, Virgilio Saquicela, convocó para la mañana del miércoles la continuación del debate en el recinto, donde resta la intervención de unos 30 asambleístas.

Al final del debate, previsto para el miércoles, la ley dispone un plazo de hasta cinco días para que se vote la moción de censura y destitución del presidente Lasso.

El proceso de juicio fue avalado por la Corte Constitucional a finales de marzo y desde entonces ha seguido un largo camino al interior del legislativo que dio paso a la fase final, donde los asambleístas Viviana Veloz, del partido Unión por la Esperanza, afín al expresidente Rafael Correa (2007-2017), y Esteban Torres, del Partido Social Cristiano, actuaron como interpelantes.

Veloz exhibió videos y documentos a los que describió como pruebas “irrefutables” de las presuntas irregularidades en el contrato con Amazonas Tanker en las tarifas de flete y sostuvo que eso prueba la responsabilidad política de Lasso quien, afirmó, aún a sabiendas de la corrupción consintió, organizó y fue “parte del entramado que operaba en las empresas públicas y en FLOPEC”.

De su lado Torres aseveró que el proceso político en la Asamblea no busca una reparación económica sino sancionar a un servidor público que no ha cumplido debidamente su función y que no goza de confianza.

“Quiero ser muy claro con el país que no se le está acusando al presidente Lasso de haberse apropiado de dinero público en provecho propio”, sino de no haber impedido el contrato que le causó un perjuicio al Estado, subrayó.

Acompañado de su gabinete, Lasso llegó al mediodía al recinto parlamentario donde dijo que durante su gobierno la FLOPEC no firmó ningún contrato ni se modificó ningún decreto o ley, aunque advirtió que “si algún funcionario violentó las normas que debía cumplir o si usó su cargo para favorecerse a sí mismo o a terceros, sólo espero que la justicia lo sentencie con la pena más dura”.

Destacó que esa empresa perdía seis millones de dólares al año y que en lo que va de su administración ha declarado ganancias por 180 millones de dólares.

En la réplica, Torres insistió que en el banquillo de los acusados en la Asamblea está la corrupción en las empresas públicas, “no está sentada en el banquillo ni la democracia, ni la constitución, ni la estabilidad política, no se trate aquí de confundir con falacias... no existe golpe, existe juicio político”.

El presidente ecuatoriano no se presentó por segunda vez en la jornada para refutar esos argumentos en el pleno del legislativo, donde se abrió el debate en el que cada uno de los 137 asambleístas podrá hacer uso de 10 minutos para exponer su criterio antes de que se llame a una votación final, que se espera hasta cinco días después de finalizado el debate.

La suerte del juicio político estaría echada, aseguró a The Associated Press Simón Pachano, politólogo y catedrático de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, FLACSO. “Los votos están decididos”, dijo en alusión a que la oposición no contaría con el respaldo de 92 legisladores requerido para defenestrar al mandatario.

Pachano reconoció que si bien Lasso llega “muy debilitado”, el Legislativo “tiene más desprestigio”, lo que hace que sea “muy factible" la disolución de la Asamblea, una atribución del presidente contemplada en la constitución.

Ese recurso permite al mandatario disolver la Asamblea por una vez y convocar a elecciones anticipadas, una figura que el propio Lasso y sus voceros no han descartado.

Cientos de simpatizantes de la oposición y del gobierno se congregaron en los alrededores de la Asamblea en apoyo a cada bando con pancartas y banderas, custodiados por un fuerte contingente policial. No se produjeron incidentes.

La analista y catedrática Andrea Endara, de la universidad ECOTEC de Guayaquil, coincidió con Pachano en que la posibilidad de disolver el Legislativo --llamada popularmente “muerte cruzada”-- condicionaría el voto a favor del gobernante.

Sin embargo, discrepó con su colega sobre el resultado final del proceso. “Los votos pueden cambiar hasta el último segundo”, dijo la analista a AP y enfatizó que “en política todo es posible”. Para Endara, todos los acuerdos que se generen “pueden ser rotos en el último segundo”.

El forcejeo político se tradujo en las calles en incertidumbre.

Melnis Cuenca, jubilada 68 años, aseveró a la AP que está de acuerdo con la destitución de Lasso porque “con este presidente estamos de mal en peor” aunque expresó su deseo de que la Asamblea tenga “un plan para que después de que lo saquen, la Asamblea nos de una solución, algo mejor”.

Rodrigo Garcés, un comerciante de repuestos de vehículos de 53 años, rechazó una eventual destitución del presidente. Consultado por AP dijo que “la Asamblea no sirve para nada” y que la inestabilidad que genera “perjudica a todos”. Reiteró que “las actividades económicas han bajado, no hay circulante y es cada vez más difícil que la gente cumpla con sus obligaciones”.

La Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos (OEA) pidió en un comunicado que el juicio político contra Lasso ofrezca “todas las garantías de justicia y respete las normas del debido proceso”.

Lasso, un exbanquero de derecha de 67 años, asumió el poder en mayo de 2021 y es el primer presidente sometido a un juicio político en Ecuador. En 2022 superó un primer intento de la Asamblea para censurarlo por conmoción interna tras una movilización indígena que paralizó al país durante varias semanas.