Expiran restricciones de EEUU al asilo conocidas como Título 42

EL PASO, Texas, EE.UU. (AP) — Las restricciones al asilo relacionadas con la pandemia que permitieron a Estados Unidos expulsar a millones de migrantes expiraron a primera hora del viernes, mientras algunos inmigrantes tratan de entrar al país antes de que empiecen a imponerse las nuevas restricciones anunciadas por el gobierno del presidente Joe Biden.

Mientras tanto, el ejecutivo sufrió un revés legal cuando un juez federal bloqueó temporalmente su intento de liberar a migrantes más rápidamente cuando las instalaciones de detención de la Patrulla Fronteriza se encuentren al máximo de su capacidad.

En el norte de México, algunos migrantes, incluidos niños, se paseaban por la frontera estadounidense, reforzada con alambre de púas y soldados, sin saber exactamente a dónde ir ni qué hacer a continuación. Otros se instalaron en refugios, decididos a conseguir una cita de asilo, aunque podrían tardar meses en obtenerla.

En Matamoros, frente a Brownsville, Texas, familias migrantes dudaron apenas un instante cuando venció el plazo para adentrarse en las aguas del río Bravo que separa las dos ciudades, sosteniendo sus celulares por encima del agua para iluminar el camino hacia Estados Unidos.

Las autoridades estadounidenses les gritaron para que diesen la vuelta.

“Tengan cuidado con los niños", gritó un agente a través de un megáfono. “Esto es especialmente peligroso para los niños".

Las normas que expiraron, conocidas como Título 42, estaban en vigor desde marzo de 2020 y permitían a los agentes fronterizos devolver rápidamente a los solicitantes de asilo a través de la frontera con el argumento de prevenir la propagación del COVID-19.

Las autoridades estadounidenses han estado revelando nuevas medidas que restringen los cruces ilegales al tiempo que establecen vías legales para los migrantes que presenten solicitudes por internet, consigan un patrocinador y se sometan a revisiones de antecedentes. En caso de tener éxito, las reformas podrían alterar por completo la manera como los migrantes llegan a la frontera sur de Estados Unidos.

Muchos migrantes estaban muy al tanto de los inminentes cambios en las políticas implementadas para poner fin a los cruces ilegales y alentar a los solicitantes de asilo a presentar solicitudes en línea y sopesar destinos alternativos, como Canadá y España.

“No sé qué va a pasar mañana, si van a extender esto o no”, dijo Jhoan Daniel Barrios, un expolicía militar venezolano mientras caminaba de un lado al otro en Ciudad Juárez, que colinda con El Paso, Texas, junto a dos amigos, buscando la oportunidad de pedir asilo en Estados Unidos.

“Es que ya no tenemos plata, no tenemos comida, no tenemos dónde quedarnos, el cártel se la pasa persiguiéndonos”, añadió Barrios, cuya esposa está bajo custodia de las autoridades estadounidenses. ”¿Qué vamos a hacer? ¿Esperar a que nos maten?”

La semana pasada, Barrios y sus amigos entraron en Estados Unidos y fueron expulsados. No tenían muchas esperanzas de obtener un resultado distinto el jueves.

Del lado estadounidense del río, muchos se entregaban de inmediato a las autoridades y esperaban ser puestos en libertad en lo que sus casos avanzan en las copadas cortes migratorias, lo cual suele tomar varios años.

De momento se desconoce cuántos migrantes se movilizaron o cuánto duraría la oleada. Pero hacia la noche del jueves el flujo parecía desacelerarse en ciertos lugares. Sin embargo, está por verse si el número de cruces aumentará nuevamente luego de la expiración de las restricciones.

Un funcionario federal estadounidense reportó que la Patrulla Fronteriza detuvo a unos 10.000 migrantes el martes, casi el doble que el nivel de marzo y apenas por debajo de los 11.000 que las autoridades han dicho que es el límite máximo que prevén después del vencimiento del Título 42.

Había más de 27.000 personas bajo custodia de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP, por sus iniciales en inglés), indicó el funcionario.

“Nuestros autobuses están llenos. Nuestros aviones están llenos”, dijo Pedro Cardenas, un comisionado municipal de Brownsville, Texas, limítrofe con Matamoros, México, mientras los recién llegados se dirigían a distintos puntos de Estados Unidos.

Tomará tiempo antes de que los resultados de las nuevas políticas se perciban. El presidente Biden ha reconocido que la frontera será un caos durante algún tiempo. Los grupos defensores de los inmigrantes han amenazado con emprender acciones judiciales. Y los migrantes que huyen de la pobreza, las pandillas y la persecución en sus países de origen siguen desesperados por llegar a territorio estadounidense a cualquier precio.

Aunque el Título 42 evitó que muchos migrantes solicitaran asilo, no tenía ninguna consecuencia legal, lo que alentaba los intentos reiterados de ingreso. Después del jueves, los migrantes que crucen de manera ilegal enfrentan la posibilidad de que se les prohíba entrar al país hasta por cinco años, así como posibles cargos penales.

Las instalaciones de detención a lo largo de la frontera estaban muy por encima de su capacidad. Pero la noche del jueves, el juez federal T. Kent Wetherell, designado al cargo por el presidente Donald Trump, frustró el plan del gobierno de comenzar a dejar en libertad a los migrantes cuando los centros de detención alcanzaran el 125% de su capacidad o en donde las personas estuvieran retenidas por un promedio de 60 horas. Las liberaciones expeditas, con notificaciones para reportarse a una oficina de inmigración en los siguientes 60 días, también se habrían activado cuando las autoridades detuvieran a 7.000 migrantes a lo largo de la frontera en un solo día.

El estado de Florida argumentó que el plan del gobierno era prácticamente idéntico a otra medida de Biden que había sido invalidada previamente por una corte federal. Horas antes el jueves, el Departamento de Justicia argumentó que su nueva medida era en respuesta a una emergencia y que evitar que se implementara “podría abrumar la frontera y plantear graves riesgos a la salud y la seguridad de los no ciudadanos y los funcionarios de inmigración”.

Wetherell bloqueó las liberaciones durante dos semanas y programó una audiencia para el 19 de mayo para determinar si se extiende o no la orden.

El secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, ya había advertido de un mayor hacinamiento en las instalaciones de la Patrulla Fronteriza.

“No puedo enfatizar lo suficiente la presión sobre nuestro personal y nuestras instalaciones, pero sabemos cómo lidiar con esa presión”, dijo el jueves a la prensa.

Minutos antes de que entraran en vigor las nuevas restricciones, grupos de defensa de los migrantes presentaron una demanda para bloquear la iniciativa que prohíbe el asilo para cualquiera que cruce un tercer país, como México, para llegar a la frontera estadounidense, con pocas excepciones.

La demanda, presentada en una corte federal en San Francisco por el Center for Gender & Refugee Studies y otros grupos, sostiene que el gobierno de Biden “redobló” una política propuesta por el expresidente Donald Trump que ya fue rechazada por el mismo tribunal. La Casa Blanca afirma que la nueva directriz es considerablemente distinta.

Mientras los migrantes se apresuraban a llegar a territorio estadounidense antes del vencimiento de las medidas, el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador señaló que había habido un incremento en el número de traficantes en la frontera sur de México que ofrecían llevar a los migrantes a Estados Unidos y les decían que la frontera estaba abierta desde el jueves.

El miércoles, el Departamento de Seguridad Nacional anunció una regla que hará sumamente difícil que cualquier persona que atraviese otro país, como México, o que no presente una solicitud por internet, sea elegible para obtener asilo. También anunció toques de queda con monitoreo GPS para las familias puestas en libertad en Estados Unidos antes de su evaluación inicial de asilo.

El gobierno señala que está acelerando la expulsión de migrantes considerados inelegibles para permanecer en Estados Unidos, como las casi 400 personas que fueron enviadas en avión de regreso a Guatemala desde Estados Unidos el jueves.

Una de ellas era Sheidi Mazariegos, de 26 años, quien llegó a Guatemala el jueves con su hijo de 4 años, apenas ocho días después de que fueron detenidos cerca de Brownsville.

“Escuché en las noticias que había oportunidad de entrar, lo escuché en la radio, pero todo era mentira”, aseguró la guatemalteca, quien contó que traficantes la llevaron hasta Matamoros y la colocaron a ella y su hijo a bordo de una balsa. Ambos fueron detenidos por agentes de la Patrulla Fronteriza.

Mazariegos, quien dijo que migró debido a la pobreza y que esperaba reunirse con sus hermanas que viven en Estados Unidos, había dejado a su esposo enfermo y a otros dos hijos en Guatemala.

Al mismo tiempo, el gobierno ha presentado nuevas vías legales para entrar en Estados Unidos.

Hasta 30.000 personas procedentes de Haití, Cuba, Nicaragua y Venezuela pueden entrar cada mes si presentan una solicitud en línea, cuentan con un patrocinador financiero e ingresan vía aérea. Se están abriendo centros de procesamiento en Guatemala, Colombia y otros lugares. Cerca de 1.000 personas pueden entrar a diario por cruces terrestres desde México, siempre que consigan una cita mediante una app.

En albergues del norte de México, muchos migrantes eligieron no dirigirse a toda prisa a la frontera y esperar la fecha de sus citas de asilo ya programadas, o mantenían la esperanza de conseguir una por internet.

En el albergue Ágape Misión Mundial, en Tijuana, cientos de migrantes pasaban el rato. Daisy Bucia, de 37 años, y su hija de 15, llegaron al albergue hace más de tres meses procedentes del estado mexicano de Michoacán, huyendo de amenazas de muerte, y tienen una cita para pedir asilo el sábado en California.

Bucia leyó en redes sociales que las restricciones de la era de la pandemia estaban llegando a su fin en la frontera entre Estados Unidos y México, pero prefirió cruzar con mayor certeza en una fecha posterior.

“La gente lo que quiere es confundirte, más que nada”, destacó Bucia.

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Gonzalez informó desde Brownsville, Texas, y Spagat desde Tijuana, México. Los periodistas de The Associated Press Colleen Long y Rebecca Santana en Washington, D.C.; Christopher Sherman en Ciudad de México; Gerardo Carrillo en Matamoros, México; María Verza en Ciudad Juárez, México; Morgan Lee en Santa Fe, Nuevo México, y Suman Naishadham en Tijuana, México, contribuyeron a este despacho.