Alerta por oleada de atentados en conflictiva región chilena

SANTIAGO (AP) — El gobierno chileno anunció el miércoles que los militares, que colaboran en el mantenimiento del orden público en una conflictiva región del sur del país, declararon una alerta roja tras el incremento de la violencia, lo que se traducirá en la movilización de más contingentes del Ejército, vehículos blindados y dos helicópteros.

La región afectada es La Araucanía, 700 kilómetros al sur de la capital chilena, que junto a la aledaña Biobío cumplirán dentro de cinco días un año bajo estado de emergencia, lo que faculta al presidente Gabriel Boric a usar a los militares en la vigilancia de rutas y tareas de seguridad en colaboración con la policía.

El reforzamiento de las medidas se produce tras varios ataques incendiarios y con armas de fuego ocurridos entre el martes y la madrugada del miércoles a una comisaría, una vivienda, cinco camiones, una camioneta y una sede vecinal, según informes policiales.

Entre los atentados destaca uno con disparos contra el domicilio de Héctor Urban, uno de los redactores de la nueva constitución electo el pasado fin de semana, que se produjo poco después de que la camioneta de su padre fuera baleada. No hubo heridos.

En la zona apareció un cartel con una leyenda que pedía la liberación de “presos políticos” de la etnia mapuche. El gobierno afirma que todos los presos lo están por cometer delitos.

En La Araucanía y el Biobío hay sectores minoritarios de indígenas que exigen la devolución de territorios ancestrales, mientras la mayoría mantiene la misma demanda, pero por medios pacíficos.

Las autoridades dicen que la persistencia de hechos de violencia en una región bajo estado de emergencia demuestra la complejidad que enfrenta el Estado para mantener la paz y cuando hay grupos organizados que no están dispuestos a respetar la institucionalidad y la vida de las personas.

Boric afirma que busca solucionar el conflicto con el pueblo mapuche mediante el diálogo, para lo cual designó una comisión especial para que cuantifique la cantidad de territorios ancestrales cuya devolución es exigida por los indígenas y cuántos se podrían retribuir. No obstante, el gobernante considera que los resultados se verían después de que concluya su mandato en marzo de 2026.