Misión de la ONU llegará a Honduras previo a instalar CICIH
TEGUCIGALPA (AP) — La ONU y el Gobierno de Honduras anunciaron este jueves que una misión exploratoria de expertos visitará en los próximos días el país centroamericano como primer paso para la instalación de la Comisión Internacional Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (CICIH).
La ONU, a través de un comunicado, informó que ese equipo “asistirá al Gobierno de Honduras a sentar las bases necesarias para el eventual establecimiento de un mecanismo internacional, independiente, imparcial y autónomo”, lo que incluye prestar asistencia técnica para evaluar “los instrumentos, instituciones, capacidades y legislación nacionales”
También identificarán y promoverán "las reformas necesarias para el eventual establecimiento del citado mecanismo”. En paralelo al trabajo de los expertos, ambas partes deben negociar los término del acuerdo bilateral sobre el que se implementaría la CICIH en caso de instalarse.
En la conferencia de prensa en la que el gobierno hondureño confirmó la visita estuvo el ministro de la Presidencia, Rodolfo Pastor de María Campos, y el canciller hondureño, Eduardo Enrique Reina, quien aseguró que el compromiso del gobierno de la presidenta Xiomara Castro es que la CICIH sea un organismo “independiente, autónomo e imparcial de factores internos y externos”.
Reina explicó que la llegada de la misión de la ONU es sólo el inicio de todo un proceso, pero que se deberán negociar los términos del acuerdo. "Porque lo que queremos es fortalecer las capacidades investigativas que den respuesta a la gran crisis de corrupción que ha vivido el país”, agregó Reina.
La CICIH sería un ente independiente de investigación que trabajaría como apoyo, no de acompañamiento o asesoramiento, al Ministerio Público de Honduras en la documentación de casos, con similares funciones a la misión que se instaló en Guatemala entre el 2006 y 2019.
“Nosotros lo que esperamos es que la ONU valorará que la misión pueda trabajar con términos de independencia del poder político y con una legislación que le dé posibilidades de un trabajo sin obstáculos para trabajar en las investigaciones”, declaró a The Associated Prees la analista y exrectora de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, Julita Castellanos.
A criterio de la experta, no cree que Naciones Unidas vaya aceptar llegar al país en condiciones que no sean óptimas para realizar su labor de forma Autónoma. “Lo que se ha planteado es que sea un órgano que pueda investigar con independencia y no de acompañamiento. Hay que recordar que se había planteado también de que sea un órgano acusador, pero entiendo que no se ha negociado todavía”.
Diversos sectores en Honduras cuestionaron al gobierno por la lentitud en los procesos para la llegada de la CICIH e incluso hay quienes consideran que esa dilación es una estrategia para que no venga al país.
“Creo que quienes nos han querido cuestionar, poner en duda, quedan sin argumentos, cuando se demuestra que con paso firme estamos luchando para que vuelva a existir la justicia y quienes son responsables de actos de corrupción y se han beneficiado de la impunidad a lo largo de ésta década puedan rendir cuentas ante un ente independiente e imparcial”, dijo al respecto de las críticas el ministro Pastor de María Campos.
“La CICIH viene y nadie la detiene”, enfatizó.
El gobierno de Honduras y la ONU firmaron el 15 de diciembre de 2022 en Nueva York un memorándum de entendimiento para la instalación de la CICIH.
El documento fue firmado por el canciller hondureño, Eduardo Enrique Reina, y el Secretario Adjunto de la ONU, Miroslav Jenča. La presidenta de Honduras, Xiomara Castro, y el secretario general del organismo, António Guterres, constaron como testigos.
Durante el gobierno del expresidente Juan Orlando Hernández, preso en Estados Unidos por delitos de narcotráfico, se instaló en Honduras la Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH), la cual no tenía la independencia necesaria para acusar.
La MACCIH fue instalada en Honduras el 22 de febrero de 2016 a petición del Gobierno del presidente Hernández, luego de que se firmara un acuerdo con la OEA el 19 de enero de 2016. Tras cuatro años de trabajo, el Congreso decidió no renovarle el acuerdo y tuvo que salir del país.
Durante esa misión anticorrupción, denunció varios episodios entre los que destacan la malversación de fondos por parte de la esposa del expresidente Porfirio Lobo (2010-2014), la exprimera dama Rosa Elena de Lobo, quien recientemente fue condenada a 14 años de prisión.
También denunció actos de corrupción en los que se vinculaban a varios políticos por los delitos de malversación de caudales, que también fueron procesados ante la justicia hondureña.
Uno de ellos fue el denominado “Arca abierta” en el que se acusó a nueve diputados en aquel entonces por el desvío de más de 21 millones de lempiras (más de 853.000 dólares) provenientes de la Secretaría de Finanzas, la Casa Presidencial y el Congreso Nacional.
También destapó el caso “Pandora” en el que se involucró a varios políticos por el desvío de más de 282 millones de lempiras (unos 11,7 millones de dólares) que fueron sacados de la Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG) y que supuestamente fueron utilizados en campañas políticas.