Elecciones en Paraguay: ¿será el fin de hegemonía colorada?

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Elecciones en Paraguay: ¿será el fin de hegemonía colorada?
Santiago Peña, candidato presidencial por el gobernante Partido Colorado, habla durante un mitin en Villa Elisa, Paraguay, el miércoles 26 de abril de 2023. Las elecciones generales de Paraguay están programadas para el 30 de abril. (AP Foto/Jorge Saenz)

ASUNCIÓN (AP) — Un empleado del todopoderoso expresidente Horacio Cartes, acusado en Estados Unidos de corrupción y vínculos con el terrorismo, defenderá la continuidad del partido gobernante más longevo de Sudamérica en las elecciones generales del domingo en Paraguay contra una coalición de fuerzas políticas y sociales heterogéneas liderada por un acérrimo opositor.

La nación sudamericana sin salida al mar, en la que conviven una economía estable con altos niveles de pobreza y corrupción, ha sido prácticamente inmune a la alternancia política y a fenómenos sociales que sacudieron a la región en el último siglo, como la ola feminista.

El conservador Partido Colorado ha gobernado desde 1947, incluso como sostén político del dictador Alfredo Stroessner (1954-1989), con excepción de un breve período de tinte progresista liderado por el exobispo Fernando Lugo en 2008 y que terminó anticipadamente en 2012 con un juicio político.

Pero el malestar social por las deficiencias en la salud y la educación -acentuadas durante la pandemia de COVID-19-, la corrupción endémica expuesta al mundo por una potencia extranjera y la inseguridad ligada a la narco-criminalidad podrían impulsar un cambio político.

“Es un proceso electoral muy singular. Hay dos proyectos en pugna: uno de continuar con un sistema de 70 años de hegemonía y el otro proyecto de concertación, un experimento político inédito en Paraguay, que aglutinó a distintos partidos de centroderecha a izquierda”, dijo a The Associated Press Diego Abete Brun, profesor en ciencias políticas y director del programa de estudios Latinoamericano y Hemisféricos de la Universidad George Washington.

Paraguay ostenta estabilidad económica, una moneda -el guaraní- de las más antiguas de América Latina y una inflación acumulada en el año de 2,1% hasta marzo, que contrasta con el 21,7% de su vecino Argentina en el mismo período.

En contrapartida, siete de cada 10 trabajadores son informales, mientras la pobreza afecta a 24,7% de sus habitantes, según el último reporte del Instituto Nacional de Estadística. Dentro de este universo, 5,6% (414.000 paraguayos) son indigentes, el número más alto desde 2016.

“En este momento los estudios sugieren elecciones cerradas, con un escenario que no parece claro”, acotó el experto. “Es un final reñido, pero veo más viento a favor de la oposición”.

Como principal desafío a la hegemonía del Partido Colorado aparece la Concertación para un Nuevo Paraguay con el postulante Efraín Alegre, líder del tradicional Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA) y acérrimo opositor a Cartes.

Este abogado católico, de 60 años, buscará por tercera vez la presidencia y para que sea la vencida se asoció a fuerzas muy heterogéneas que tienen en común su rechazo al oficialismo. Entre ellos está el progresista Frente Guasú de Lugo, pero también colorados desencantados.

“La gente está convencida de que el 30 de abril llega el cambio, que vamos a iniciar un nuevo tiempo en el Paraguay”, dijo Alegre en una reciente entrevista con AP. “Todos entendemos que esta es la decisión de Paraguay por los próximos 15 o 20 años. No es una sola elección, no es cinco años, es un modelo agotado y la necesidad de recuperar el verdadero Paraguay”.

La responsabilidad de garantizar la continuidad de los colorados en el poder recayó sobre el economista Santiago Peña, exministro de Hacienda en el gobierno de Cartes (2013-2018) y quien hasta su postulación se desempeñaba como miembro del directorio del local Banco Basa, propiedad del magnate y exmandatario paraguayo.

La campaña de Peña a la presidencia se vio directamente golpeada por las sanciones económicas aplicadas en Estados Unidos contra Cartes, actual presidente del Partido Colorado, por sobornos generalizados y vínculos con miembros de Hezbollah, considerada una organización terrorista.

Cartes “ha aprovechado su riqueza e influencia adquiridas ilícitamente para ampliar su poder político y económico sobre las instituciones paraguayas”, afirmó el Departamento de Estado. El empresario, dueño de un conglomerado de empresas que van del tabaco, a la ganadería y grandes medios de comunicación, niega los cargos.

En la práctica, la acusación le impide a Cartes usar el sistema financiero de Estados Unidos.

Esto afectó el financiamiento de la campaña del candidato oficialista y está por verse si también impactará sobre el poderoso aparato de movilización de votantes del Partido Colorado el próximo domingo.

“Las sanciones han sido letales”, remarcó Abete Brun. “Cartes era el jefe de financiamiento del Partido Colorado. La caja se quedó sin caja. Finalmente, logró financiamiento de un banco local, pero por un monto muy inferior”.

La justicia paraguaya todavía no inició una investigación formal contra Cartes.

“La vinculación con Horacio Cartes es innegable. Políticamente, hemos trabajado juntos, he sido ministro de Hacienda del gobierno de él, pero las responsabilidades son personales”, se desmarcó Peña, de 44 años, en diálogo con AP a pocos días de la elección. No obstante, opinó que las acusaciones contra su padrino político “no tienen un sustento”.

“Creo que mi responsabilidad como parte de la oferta de política pública es no ser más de lo mismo, sino ser una opción diferente dentro de un partido que ha tenido más de 100 años de historia”, aseveró el postulante oficialista.

En un escenario de paridad, los paraguayos elegirán por voto electrónico al próximo presidente en una sola instancia electoral –el candidato con más votos gana—. También se votarán senadores, diputados y gobernadores.

Son 13 los aspirantes a la presidencia.

Un factor que suma incertidumbre al resultado es la baja participación ciudadana en las elecciones -en promedio vota entre un 60% y un 63% del padrón-, lo cual a priori juega a favor del aparato oficialista.

“Ya no sube de eso, en parte porque hay una población migrante paraguaya en Argentina, España y Estados Unidos que pese a tener derecho legal a votar no lo hace”, explicó la historiadora e investigadora Milda Rivarola, miembro de la Academia Paraguaya de Historia.

El mayor ausentismo en las elecciones se registra en la franja etaria de 18 a 25 años, el mismo que fue motor de las protestas callejeras entre 2021 y 2022.

“Es una franja más moderna, con acceso a tecnología. La política tal cual está no les resulta interesante. Tienen otra visión del mundo”, señaló Rivarola. “Toman las plazas dos o tres días, pero no tiene correlato político electoral”.

El feriado del lunes 1 de mayo por el Día del Trabajador es otro condimento que podría alentar el ausentismo, ya que muchos paraguayos aprovecharían el fin de semana largo para viajar al interior.

En una campaña electoral discreta en propuestas, uno de los puntos de mayor controversia entre los candidatos ha sido la alianza con Taiwán, un tema en el que se entrelazan la geopolítica con los intereses de productores de soja y ganaderos paraguayos que anhelan venderle a China.

El opositor Alegre adelantó que en caso de ganar se revisará la relación con Taipéi.

“En las condiciones actuales, el Paraguay hace un esfuerzo muy importante, siendo el nuestro un país pequeño, dejando de lado las oportunidades de China para mantener relaciones con Taiwán. Nosotros no vemos que Taiwán esté haciendo lo mismo”, afirmó Alegre. “Nos parece que no hay justicia en esta relación. Entonces tenemos una posición crítica”.

Paraguay es el único país sudamericano que mantiene lazos diplomáticos con Taiwán.

Por su parte, Peña defendió el vínculo con Taiwán en momentos en que el avance de China en Latinoamérica figura al tope de las preocupaciones de Estados Unidos en la región.

Una demorada reforma impositiva, la renegociación del acuerdo con Brasil por la distribución de la energía generada por la represa hidroeléctrica Itaypú y el reclamo de los campesinos paraguayos por legalizar entre 8.000 y 11.000 hectáreas de cultivo de marihuana -Paraguay es el mayor productor en Sudamérica-, son otros temas calientes que también deberá atender el nuevo gobierno.

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