Guatemala: escritores dudan de juicio justo a periodista

CIUDAD DE GUATEMALA (AP) — Veinticinco reconocidos escritores internacionales dijeron el martes en una carta abierta que dudan de que pueda haber un juicio justo en el caso contra el periodista José Rubén Zamora, crítico y opositor del gobierno guatemalteco dedicado a asuntos anticorrupción. Esta preso bajo acusaciones de la Fiscalía de lavado de dinero desde julio de 2022.

“La manera en que su caso está siendo procesado por las autoridades guatemaltecas resulta vergonzosamente inaceptable y es digno de la atención de las más altas instancias, como la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el Comité Contra la Tortura, la Cruz Roja Internacional, la Relatora Especial de libertad de expresión de la ONU o incluso la Haya”, dice la carta.

Entre los firmantes, figuran escritores como el británico estadounidense de origen indio Salman Rushdie, el nicaragüense exiliado Sergio Ramírez o los estadounidenses Junot Diaz, Francisco Goldman, Carolyn Forché y Jon Lee Anderson, entre otros.

“Se han rechazado todos las pruebas de descargo presentadas por la defensa, lo que permite prever un juicio con nulas posibilidades de un fallo justo apegado a las leyes del país”, denunciaron los escritores.

La carta reprocha que haya una degradación sistemática de los derechos humanos básicos en Guatemala, como la libertad de expresión, la igualdad ante la ley y el derecho de defensa. Indican que eso sucede en países “con gobiernos tan corruptos como el de Guatemala”.

Zamora, de 66 años, es un reconocido periodista y presidente de El Periódico. Ha sido galardonado con premios como el María Moors Cabot de la Universidad de Columbia, el Premio Internacional a la Libertad de Prensa y el Premio al Héroe Mundial de la Libertad de Prensa del Instituto Internacional de Prensa. Su juicio está programado para el 2 de mayo.

El Periódico es un medio crítico del presidente guatemalteco, Alejandro Giammattei, y está especializado en temas de corrupción. Tras la captura de Zamora, cerró su edición impresa.

El periodista fue detenido tras la denuncia de Ronald Navarijo, un amigo suyo y comerciante acusado de corrupción, quien le dijo a la Fiscalía que Zamora le había pedido bancarizar dinero en efectivo.

La defensa de Zamora sostiene que el periodista buscó apoyo en Navarijo para no ser él quien ingresara el dinero, ya que provenía de una donación y se usaría para pagos del medio. La defensa dijo también que el acoso gubernamental -que incluso bloqueó la pauta publicitaria para el medio- era el motivo por el que no se quería exponer al donante.

Los escritores firmantes recordaron que el fiscal Rafael Curruchiche, jefe de la Fiscalía especial contra la impunidad que lleva a cabo las pesquisas contra Zamora, fue sancionado por el Departamento de Estado estadounidense retirándole la visa de entrada a ese país por obstruir la lucha anticorrupción y socavar el Estado de derecho en Guatemala.

La Fiscalía se ha alineado en su acusación con la Fundación contra el terrorismo, un colectivo de derecha que defiende a exmilitares acusados de violaciones a los derechos humanos cometidos durante el conflicto armado interno y que han dirigido las acusaciones y el acoso público a operadores de justicia que trabajaron temas anticorrupción. Son también querellantes en el proceso contra Zamora.

Cuatro abogados defensores de Zamora han tenido que renunciar a la defensa denunciando presiones judiciales y criminalización. Dos de los abogados aceptaron cargos contra Zamora para salir en libertad (por lo menos uno fue forzado, dice la carta). Zamora, ante el hostigamiento a sus defensores, decidió que en su juicio lo acompañaran defensores públicos.

Diversos medios, organizaciones y gobiernos han solicitado la liberación de Zamora y han denunciado que en Guatemala hay criminalización contra periodistas por su trabajo. Varios comunicadores se han exiliado del país.

Durante el gobierno de Giammattei, más de 35 funcionarios del Poder Judicial, entre jueces, fiscales, magistrados y abogados, se han exiliado denunciando persecución judicial luego de haber contribuido en investigaciones anticorrupción y contra crímenes de lesa humanidad. Países como Estados Unidos y organizaciones de derechos humanos han mostrado su preocupación por el deterioro del Estado de derecho en Guatemala.