Chile: batería de leyes en seguridad y control fronterizo

SANTIAGO (AP) — El gobierno chileno y los presidentes de la Cámara de Diputados y del Senado chileno anunciaron el viernes un acuerdo político transversal para desarrollar 31 propuestas legislativas con medidas de refuerzo en seguridad, control fronterizo, expulsión de migrantes que cometan delitos o persecución de las rutas de dinero del crimen organizado.

En medio de una importante crisis de seguridad agudizada en la última semana por la muerte de un tercer policía en menos de un mes, el gabinete de Gabriel Boric representado por su ministra del Interior, Carolina Tohá, junto con Vlado Mirosevic, titular del Congreso, y, Juan Antonio Coloma, del Senado chileno promovieron una batería de leyes que implican desde pequeñas reformas a grandes proyectos legislativos para los que urge el trámite parlamentario, según coincidieron las partes.

Este “fast-track legislativo” cuenta, de acuerdo a lo anunciado, con personas del oficialismo y de la oposición y trata el desafío “del problema del crimen violento que hoy está presente en muchos territorios de nuestro país”, señaló Tohá, afirmando que el gobierno le da “el mayor valor” al acuerdo logrado.

Entre las materias a tratar, plantean leyes para acelerar los procesos administrativos de expulsión de inmigrantes que cometan delitos, para una persecución penal más fuerte a reincidentes en delitos graves, para el control de identidad a personas en zonas fronterizas, así como para la creación de fiscalías especializadas en homicidios más complejos y de una defensoría de las víctimas.

También incluyen en sus planes una ley de delitos económicos, una ley anticelulares en las cárceles, proyectos de inteligencia financiera y para perseguir las rutas del dinero de las bandas de crimen organizado, entre otros, según el anuncio de Tohá, Coloma y Mirosevic.

Las propuestas incluyen varios tramos legislativos, de próxima aprobación, en un plazo de 75 o 150 días o de aquí a final de año.

“Hay que enfrentar estos temas”, afirmó Coloma, señalando que hay que ser “rápido” al dar paso a este tipo de legislación, señalando que tendrán un tratamiento urgente. “Chile lo necesita”, reiteró, afirmando que lo que buscan los ciudadanos es un acuerdo “para recuperar la seguridad” en el país.

Mirosevic, por su parte, recordó que “en ambas Cámaras hay muchas iniciativas en paralelo para hacerse cargo del tema de seguridad, lo que había que hacer era ordenarlas y priorizarlas”. Con ese fin, razonó el titular del Senado, se llega a estos 31 proyectos que espera que se conviertan en leyes de la República “lo antes posible”.

Algunos de ellos, acotó, se encuentran ya en sede parlamentaria, en distintos trámites, pero otros aún han de ser ingresadas. Esto significará, según Mirosevic, tener que convocar a “sesiones extraordinarias” donde el Congreso tendrá que votar más leyes y más rápidamente para que la agenda de seguridad avance.

Entre los delitos que están pendientes de aprobar en próximos días se encuentra el proyecto que sanciona actos preparatorios de sicariato y el proyecto de delitos económicos, pero también la iniciativa legislativa que otorga a la policía la facultad de requerir documentos migratorios y poner a disposición de la autoridad a quienes no lo acrediten.

En los próximos 75 días, se abordarán proyectos de ciberseguridad e infraestructura crítica de la información, delito de contrabando, sanciones a la usurpación, un proyecto para añadir formas alternativas de notificación en los procesos de expulsión a extranjeros, mayores exigencias para la libertad condicional o la obligatoriedad de realizar registros audiovisuales de las actuaciones policiales en procedimiento penal.

Tras el asesinato del último policía, hace una semana, el gobierno dispuso una serie de acciones que incluyen un aporte extraordinario de 1.500 millones de dólares para reforzar la seguridad policial en sus operativos e implementos y adelantó para este mes intervenciones policiales en las 30 barriadas con mayores cifras de delitos graves, una cifra que podría ampliarse en las próximas semanas, según lo anunciado por Tohá.

Las estadísticas oficiales indican que durante el año pasado la delincuencia creció un 44% en comparación con 2021, incluidos los homicidios y robos con violencia o con sorpresa.