Asesinato de policía golpea a gobierno de Chile
SANTIAGO (AP) — El asesinato de un policía chileno el jueves, el tercero en 23 días, volvió a golpear al gobierno del presidente Gabriel Boric, cuyo principal problema es una ola de delincuencia.
El aumento de los crímenes violentos es un dolor de cabeza para el gobernante, que tras el asesinato de un segundo policía a fines de marzo acordó con el Congreso acelerar la tramitación de una serie de proyectos de ley sobre seguridad estancados por meses en el Legislativo.
A pocas horas de que el Congreso aprobara la víspera un proyecto de ley para proteger a los policías que usen sus armas en situaciones de peligro inminente para sus vidas o las de terceros, delincuentes balearon en la cabeza a un agente.
Tras asistir al velorio del agente asesinado, Boric anunció un incremento de 1.500 millones de dólares anuales, que se sumarán al presupuesto de seguridad, para reforzar la protección de las policías con equipamientos más seguros.
Agregó que solicitó a las policías presentar y poner en práctica un plan para reforzar la seguridad de sus miembros. “Vamos a cuidar a quienes nos cuidan”, señaló.
El jefe nacional de la policía uniformada, general Ricardo Yáñez, reiteró al borde de las lágrimas su “basta ya” de asesinatos de policías. El impacto en la institución también lo reflejó otro general, Alex Chaban, quien rehusó hablar con la prensa si entre ellos estaba una periodista que aludió a los policías como “pacos”, una forma despectiva de referirse a ellos. Finalmente hizo declaraciones.
La fiscalía que indaga el último asesinato difundió fotografías de dos extranjeros “de interés criminalístico” en el caso. Coincidentemente, el fiscal nacional Ángel Valencia declaró que el Ministerio Público de la capital chilena pedirá la prisión preventiva de todos los extranjeros que sean detenidos y no cuenten con cédula de identidad chilena.
Boric promulgó el jueves la ley sobre el uso de armas por parte de la policía y otras tres que aumentan las condenas para los delitos de extorsión, secuestro y porte de armas en lugares altamente concurridos. Las normas entrarán en vigor luego de un par de trámites burocráticos.
La ley referida a las armas necesita un protocolo que establecerá las situaciones en que podrán ser utilizadas que ingresará la próxima semana al Congreso para su aprobación, anticipó la ministra del Interior, Carolina Tohá.
Hasta ahora los policías que usaban sus armas en actos de servicio frente a delitos graves eran inmediatamente investigados por el Ministerio Público, suspendidos de sus labores y no recibían sus sueldos.
La promulgación de la ley fue un golpe para el Partido Comunista y el izquierdista Frente Amplio, la coalición política más cercana a Boric, que votaron en contra y planeaban impugnarla en el Tribunal Constitucional.
La oposición de centroderecha no pierde ocasión de recordarle a las autoridades sus severas críticas a la policía en el pasado reciente. Los juicios más severos se escucharon tras la represión policial de las protestas que siguieron a un estallido social en 2019 cuando se registraron masivas violaciones a los derechos humanos, según coincidentes organizaciones internacionales.
“Vale la pena reflexionar respecto a nuestras actuaciones en el pasado”, señaló Boric a fines de marzo.
Otras medidas anunciadas por el gobierno el último mes son el mejoramiento de los chalecos antibalas, del equipamiento disuasivo y el uso obligatorio de cámaras corporales. Esto último no se cumple porque no hay suficientes, indicó Tohá.
Añadió que se anticipará un plan de intervención policial en una treintena de comunas donde se registran la mayor cantidad de delitos violentos.
La aprobación de Boric ha sufrido una persistente caída, según varias encuestas en las que más de dos tercios de los consultados mencionaron a la delincuencia como su mayor preocupación.
Según cifras oficiales el año pasado la delincuencia creció un 44% en comparación con 2021. Entre los delitos que más aumentaron figuran el robo con violencia, con sorpresa y los homicidios.
