Trump enfrenta diversos problemas jurídicos, no sólo en NY

El caso del pago de dinero en Nueva York para silenciar las acusaciones de un encuentro sexual extramarital, que ha derivado en la presentación de cargos penales contra Donald Trump, es sólo una de varias investigaciones que podrían representar problemas jurídicos para el expresidente.

Joe Tacopina, abogado de Trump, confirmó el jueves que le han informado que el exmandatario ha sido encausado por cargos que involucran pagos efectuados durante la campaña de 2016 para silenciar las afirmaciones de que él había tenido un encuentro de esa índole. Los cargos específicos no fueron dados a conocer.

Trump enfrenta una serie de pesquisas adicionales en un momento en que hace campaña en pos de un segundo periodo presidencial en 2024, incluida una investigación penal sobre documentos ultrasecretos hallados en su mansión de Florida, una indagación en Washington en torno a sus intentos de revertir los resultados de los comicios presidenciales de 2020, y una pesquisa en Georgia que examina si él y sus aliados interfirieron ilegalmente en las elecciones estatales de ese año.

El expresidente republicano ha rechazado haber actuado ilegalmente y dice ser blanco de demócratas que intentan impedir que regrese a la Casa Blanca.

A continuación presentamos un vistazo a las investigaciones en curso en varios estados y escenarios:

MAR-A-LAGO

De todas las pesquisas que Trump enfrenta, una indagación del Departamento de Justicia con respecto al almacenamiento de documentos gubernamentales ultrasecretos en su mansión de Florida, Mar-a-Lago, podría representar el riesgo jurídico más significativo, ya que los investigadores indicaron en documentos incoados ante la corte el año pasado que examinaban posibles faltas a diversas disposiciones jurídicas cuya infracción constituye un delito grave.

Dentro de esa indagación, agentes y fiscales han pasado meses entrevistando a diversas personas cercanas a Trump, incluido un asesor que fue captado en un video de vigilancia mientras movía cajas con documentos dentro de la propiedad, parte de su análisis en torno a si Trump o sus representantes intentaron obstruir la pesquisa sobre los documentos secretos.

Funcionarios federales obtuvieron una orden de allanamiento el año pasado para registrar su vivienda, convenciendo a un juez de Florida que había causa probable de que estuviese desarrollandose actividad criminal allí, incluida la retención deliberada de información nacional de defensa, una norma cuya infracción conlleva una pena de hasta 10 años de cárcel.

Un jurado investigador en Washington ha estado escuchando evidencia en la pesquisa. El año pasado, fiscales concedieron inmunidad limitada a un aliado cercano de Trump con el fin asegurar su testimonio, y más recientemente pudieron obtener el testimonio de un abogado de Trump del que se dice redactó un documento en el que se afirmaba que se había efectuado una búsqueda concienzuda de documentos secretos.

El procurador general Merrick Garland nombró en noviembre a Jack Smith, un fiscal veterano de delitos de guerra que previamente encabezó la sección de integridad pública del Departamento de Justicia, para que fuese fiscal especial en la investigación de Mar-a-Lago y en aspectos clave de una pesquisa por separado con respecto a los intentos por revocar los resultados de las elecciones presidenciales de 2020.

COMICIOS DE 2020 Y DISTURBIOS EN EL CAPITOLIO

Smith también ha estado encabezando un equipo que investiga los intentos de Trump y sus aliados para revocar los comicios, que Trump alegó falsamente que se los habían robado.

Fiscales federales han estado enfocados especialmente en un plan orquestado por aliados de Trump para desplegar una serie de electores presidenciales falsos en estados cruciales muy disputados, los cuales declararon falsamente que Trump, no el demócrata Joe Biden, había ganado las elecciones de 2020. Los fiscales han emitido citaciones para varios presidentes estatales del Partido Republicano.

Dichos fiscales han llevado a gran cantidad de funcionarios del gobierno de Trump ante ese jurado investigador para que sean interrogados, incluido al ex abogado de la Casa Blanca de Trump y a un alto asesor del vicepresidente Mike Pence. Un juez federal falló recientemente que Pence tendría que dar su testimonio ante el jurado investigador, aunque su equipo aún estaba sopesando el jueves si apelará.

En un indicio de la naturaleza creciente de la pesquisa, funcionarios electorales de varios estados cuyos resultados fueron disputados por Trump han recibido citaciones en las que se les piden comunicaciones pasadas con el exmandatario o que lo involucran a él y a sus asesores de campaña.

Una comisión de la Cámara de Representantes que investigó el ataque al Capitolio del 6 de enero de 2021 ha recomendado que el Departamento de Justicia interponga cargos penales contra Trump y socios que le ayudaron a lanzar una campaña de presión de gran alcance para intentar revocar su derrota electoral de 2020.

GEORGIA

Luego de que perdió los comicios de 2020, Trump le llamó al secretario de Estado de Georgia, Brad Raffensperger, y le exigió que “encuentre 11.780 votos”, apenas los suficientes para superar a Biden y revertir la derrota de Trump en el estado por un apretado margen.

Esa llamada telefónica del 2 de enero formó parte de una labor de un mes de un jurado investigador especial en Atlanta que indagaba si se cometieron delitos como parte de la campaña de presión para revertir la derrota de Trump.

Entre los que fueron interrogados por el jurado investigador especial estuvieron Rudy Giuliani, exalcalde de la ciudad de Nueva York y abogado de Trump; el senador republicano Lindsey Graham, de Carolina del Sur, y el gobernador de Georgia Brian Kemp.

Los fiscales le han advertido a Giuliani y a los republicanos de Georgia que se hicieron pasar como electores falsos que corren el riesgo de ser encausados. Los electores falsos firmaron un certificado en el que afirmaban que Trump había ganado los comicios y en el que ellos declaraban ser los electores del estado, a pesar de que Biden ganó el estado y ya se había certificado a electores demócratas.

Trump y sus aliados han rechazado haber actuado en forma ilegal, y él ha dicho repetidas veces que su llamada telefónica a Raffensperger fue “perfecta”.

Depende de la fiscal de distrito del condado Fulton, la demócrata Fani Willis, decidir si convocará a un jurado investigador regular e intentará que se apliquen cargos penales en el caso. El presidente del jurado investigador especial que indagó el caso a solicitud de Willis indicó públicamente en febrero que el panel había recomendado que se aplicaran varios encausamientos.

NUEVA YORK

La procuradora general de Nueva York, Letitia James, ha demandado a Trump y a la Organización Trump, alegando que engañaron a bancos y a las autoridades fiscales con respecto al valor de activos, entre ellos campos de golf y rascacielos, con el fin de obtener préstamos y beneficios fiscales.

La demanda podría derivar en sanciones civiles contra la compañía si la demócrata James gana la demanda. Intenta que se imponga una multa por 250 millones de dólares y se le prohíba a Trump hacer negocios en Nueva York. Fiscales de Manhattan investigaron la misma presunta conducta, pero no intentaron que se impusieran cargos penales.

Se programó un juicio civil en un tribunal estatal para octubre.

En un caso civil por separado en un tribunal federal de Nueva York, Trump ha sido acusado de violar a una excolumnista de una revista en un probador de ropa a mediados de la década de 1990. Ese caso está programado para ir a juicio el 25 de abril.

Trump ha insistido repetidas veces que nunca se encontró con la columnista, E. Jean Carroll, en la tienda, y ha rechazado las acusaciones de ella de que la violó. “Físicamente ella no es mi tipo”, señaló el exmandatario. Durante una deposición en octubre, identificó erróneamente una fotografía de ella tomada hace décadas, diciendo que era una de sus exesposas.