Tribunal Supremo español ordena libertad de eurodiputada
MADRID (AP) — Un juez del Tribunal Supremo español ordenó el miércoles la excarcelación de la eurodiputada Clara Ponsatí, exmiembro del gobierno regional catalán, que huyó de España hace cinco años tras un intento independentista fallido.
Ponsatí, miembro del partido Juntos por Cataluña, quedó en libertad tras pasar un día en la cárcel al regresar y realizar una conferencia de prensa en Barcelona. Enfrenta cargos de desobediencia por su papel en la organización del referendo independentista catalán de 2017, que Madrid consideró ilegal.
Horas después de su excarcelación, Ponsatí voló a Bruselas para asistir a una sesión del Parlamento Europeo, pero debe comparecer ante un tribunal el 24 de abril y permanecer localizable por las autoridades españolas.
De ser declarada culpable de desobediencia a las órdenes judiciales de no proceder con el referendo separatista, sería castigada con multa y prohibición de ejercer cargos públicos por hasta dos años, pero no con cárcel.
Estaba acusada también de sedición, pero una enmienda reciente de la ley ya no la clasifica como delito con pena de cárcel.
Ponsatí junto con otros políticos catalanes huyó de la justicia española en 2017 después del referendo. Otro miembro del grupo fue el expresidente regional Carles Puigdemont, también eurodiputado de Juntos por Cataluña, a quien España desea juzgar por malversación de fondos.
Ponsatí dice que tiene inmunidad como miembro del Parlamento Europeo, pero el Supremo Tribunal español rechaza ese argumento porque los cargos en su contra, dice, son anteriores a su elección.
La unidad del campo independentista se rompió el año pasado cuando Juntos por Cataluña abandonó el gobierno regional encabezado por Izquierda Republicana.
A diferencia de Juntos, Izquierda Republicana apoya la coalición de gobierno central, de centroizquierda, y negocia una solución de la disputa con las autoridades españolas.
El gobierno español ha indultado a nueve líderes independentistas que no huyeron y fueron condenados de sedición y malversación de fondos públicos. Se consideró que con los indultos el gobierno central trataba de reducir las tensiones con Cataluña.
Las encuestas indican que los 7,5 millones de catalanes están divididos por igual entre los secesionistas y los que quieren seguir formando parte de España.
