Ecuador y Argentina enfrentan crisis por fuga de exministra

QUITO (AP) — Ecuador y Argentina afrontaban el miércoles una crisis diplomática por la fuga de una exministra del entonces presidente Rafael Correa sentenciada por corrupción.

La crisis se desató luego de que la Cancillería argentina informó la noche del lunes a su par ecuatoriana que la ex alta funcionaria María Ángeles Duarte ya no se encontraba en la residencia del embajador argentino en Quito y que había salido por decisión propia. Más tarde, se conoció que había dejado esa sede el viernes.

Duarte informó el martes que se encontraba en la embajada argentina en Caracas, ante lo cual Ecuador declaró persona non grata al embajador Gabriel Fuks, mientras que Buenos Aires respondió con un pedido para que el diplomático ecuatoriano Xavier Monge abandone ese país. Las relaciones de las dos naciones quedaron entonces a nivel de encargados de negocios.

El canciller ecuatoriano Juan Carlos Holguín, en una comparecencia en la Asamblea, dijo que “hubo complicidad (de Argentina), quiero decirlo de manera directa”. explicó que hubo reclamos de esa embajada en noviembre y a inicios de este mes por un patrullero que estaba haciendo tareas de vigilancia fuera del perímetro de ese lugar. También un pedido de que no se tomen notas de las visitas a esa embajada.

“Los dos estados tienen responsabilidad en una crisis como esta”, planteó el miércoles a The Associated Press Grace Jaramillo, de la Universidad British Columbia, en Vancouver, Canadá. Argentina “no respetó los debidos procesos en Ecuador” y tiene directa responsabilidad en el escape y del lado ecuatoriano su cancillería no respondió a tiempo ante “un insulto en su propio territorio y no reaccionó a tiempo por canales regulares”.

“Esta situación habla de una falta de respeto dramática entre estados, y otra vez Ecuador queda mal en el escenario internacional” por la falta de respeto a su función judicial, agregó.

El excanciller y analista diplomático Luis Gallegos, en declaraciones a la AP, señaló que las actitudes del gobierno argentino “han llevado en este caso a la situación de generar un impasse”, al considerar que era posible solucionar este inconveniente mediante otros mecanismos contemplados en el derecho internacional.

Dijo que habrá que ver ahora la voluntad de los dos países de virar la página y continuar adelante luego de que se conozcan las investigaciones completas de lo ocurrido, ante lo cual “al gobierno ecuatoriano no le quedó más remedio que adoptar su decisión”.

Duarte ingresó a la residencia del embajador argentino en agosto del 2020 para evitar cumplir una sentencia de ocho años de prisión tras ser acusada de ser parte de una organización que según los investigadores cobró coimas por unos 7,3 millones de dólares a contratistas de obras públicas. Entró a esa residencia acompañada de un hijo menor de edad cuyo padre es argentino. Fue acogida por razones humanitarias, según se informó en ese momento.

Argentina informó en diciembre que concedió asilo por razones humanitarias a Duarte y que esperaba recibir del gobierno ecuatoriano un salvoconducto para que la exministra se desplazara al aeropuerto, lo que neutralizaba la orden de captura que pesaba sobre ella. Pero eso no ocurrió y se mantuvo en la residencia del embajador, en el norte de la capital.

Para el analista internacional y profesor de la Universidad Hemisferios, Juan Francisco Camino, la fuga de la exministra revela omisiones importantes por parte del Estado ecuatoriano y la falta de colaboración del Estado argentino, pero apuntó que en cualquier caso “no creo que esto derive en una ruptura de relaciones”.

El presidente argentino Alberto Fernández es afín a Correa (2007-2017), en cuyos gobiernos Duarte se desempeñó como ministra de Desarrollo Urbano y Vivienda entre 2007 y 2009​​, luego fue jefa de la cartera de Inclusión Económica y Social de 2009 a 2010 y ministra de Transporte y Obras Públicas de 2010 a 2014.

Fue en relación con su último cargo que la exfuncionaria fue sentenciada a ocho años de prisión por el delito de soborno en un caso de aportes de campaña irregulares al entonces partido de gobierno Alianza País por parte de empresas ecuatorianas e internacionales, incluida la brasileña Odebrecht, según las autoridades judiciales.