Temor de activista señalado en conferencia de López Obrador

CIUDAD DE MÉXICO (AP) — Un activista de derechos humanos en la peligrosa ciudad fronteriza de Nuevo Laredo, en el norte de México, afirmó el miércoles que sospecha de que el Ejército mexicano y el gobierno estén detrás de las denuncias que lo vinculan con un cartel de la droga, lo que podría poner su vida en riesgo.

Durante la última década, el activista Raymundo Ramos ha investigado varios asesinatos y desapariciones perpetradas por militares en Nuevo Laredo. El domingo, Ramos denunció el asesinato de cinco jóvenes por disparos de militares contra una camioneta, lo que finalmente fue confirmado por el Ejército. Fue la primera persona en denunciar públicamente las muertes.

El tema es delicado en un país donde decenas de activistas han sido asesinados en los últimos años. En muchas partes de México, ser identificado como colaborador del cartel de la droga puede ser una sentencia de muerte.

“En México hay una guerra de cárteles, entonces cualquier cartel pudiera atentar en contra mía o de mis familiares”, reprochó Ramos. El martes, la Comisión Nacional de Derechos Humanos de México le pidió que guardara silencio sobre el caso de Nuevo Laredo “a fin de evitar la generación de desinformación”.

La oficina de la ONU en México pidió el miércoles una “investigación diligente, pronta e imparcial” sobre los muertos y el herido “consecuencia del uso de la fuerza letal por parte de elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA)”, así como que se proteja a los testigos y a los defensores de los derechos humanos y periodistas que han estado documentando lo ocurrido en un contexto de adversidad.

El Ejército reconoció el martes en un comunicado que los militares implicados en el evento abrieron fuego contra la camioneta en la que viajaban los jóvenes pero argumentaron que eso ocurrió después de escuchar “un estruendo” y ver que el vehículo se alejaba a toda velocidad poco antes del amanecer del domingo.

El suceso provocó airadas confrontaciones entre soldados y residentes de Nuevo Laredo y el Ejército anunció que el incidente estaba bajo investigación.

El tema escaló a la conferencia de prensa matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador cuando Carlos Domínguez, que dirige un sitio web llamado Nación 14, fue seleccionado para hacer una pregunta y afirmó que Ramos trabajaba para un cartel de la droga.

El activista ha negado las acusaciones. “Claro, es una respuesta de SEDENA. Está usando la mañanera para desprestigiarme y para descalificar la denuncia de las víctimas”, dijo Ramos.

Domínguez reprodujo parte de una grabación de una supuesta llamada telefónica entre Ramos y un presunto narcotraficante.

Ramos desmintió que haya trabajado para el Cartel del Noreste, que domina Nuevo Laredo, y las investigaciones han demostrado que el teléfono de Ramos fue hackeado con el programa espía israelí Pegasus en 2020.

El spyware de Pegasus fue confirmada a través de una investigación forense realizada por el grupo Citizen Lab de la Universidad de Toronto. La empresa que fabricó el programa de Pegasus dice que se vende solo a los gobiernos.

López Obrador no respaldó abiertamente las afirmaciones de Domínguez, cuyo portal de internet se hace eco en gran medida de las declaraciones del presidente.

El reportero que hizo las acusaciones no dijo de dónde obtuvo la llamada telefónica grabada y sugirió que se habían encontrado armas en los cuerpos de los cinco hombres asesinados el domingo en Nuevo Laredo.

“Estos sujetos sean encontrados con arsenales y armas de alto poder”, dijo Domínguez al referirse a los jóvenes fallecidos. En relación con Ramos el periodista afirmó que “es un operador más del crimen organizado, en este caso, del cartel del Noreste”.

No obstante, no había armas en el informe de la escena del crimen ni mención a ellas en el comunicado de la Sedena sobre lo sucedido.

El hecho podría parecer una disputa entre el operador de un sitio web y un activista de derechos, pero la postura hacia Ramos aparece en otras declaraciones del gobierno. Las pocas personas a las que se les permite hacer preguntas en las conferencias presidenciales, conocidas como las “mañaneras”, son seleccionadas personalmente por el gobernante.

“Están haciendo un mal uso del periodismo”, protestó el activista al referirse al hecho de que el mandatario permita que haya personas, con una tenue una conexión con el periodismo, a las que se permite que presenten acusaciones en las sesiones informativas del presidente que son ampliamente cubiertas por los medios locales e internacionales.

López Obrador le ha dado a los militares un papel más importante que cualquier otro presidente mexicano moderno y las muertes del domingo ponen el foco en el Ejército.