España: Buscan cerrar huecos en ley de consentimiento sexual

MADRID (AP) —

El gobierno español se comprometió el martes a modificar una nueva ley sobre consentimiento sexual que, si bien tenía la intención de proteger a las mujeres, inadvertidamente ha causado la reducción significativa de las penas de cárcel de agresores sexuales.

La ley, conocida como “Sí es Sí”, hace que el consentimiento verbal, o su ausencia, sea el factor clave en casos de acusaciones de agresión sexual. Pero al mismo tiempo, modificó las penas de cárcel pertinentes para ese tipo de crímenes, lo que ha llevado a muchos jueces a restarle meses o incluso años de cárcel a violadores o abusadores convictos.

Por primera vez desde que la polémica ley entró en vigencia hace casi cuatro meses, el presidente de gobierno Pedro Sánchez habló públicamente sobre correcciones al texto.

“La Ley Integral de Libertad Sexual ha tenido una consecuencia no deseada como es la rebaja de penas en algunos casos. Se trata de una cuestión, señorías, técnica, que no refleja la voluntad ni del Ejecutivo ... Y esos efectos indeseados, por supuesto, los vamos a corregir”, dijo Sánchez en una sesión del Senado.

La portavoz del gabinete, la ministra de Política Territorial, Isabel Rodríguez, admitió que tales efectos indeseados deben ser eliminados.

“Es evidente que hay una preocupación, que hay una alarma social, que hay que hacerse cargo también del sentir de esas víctimas que están viendo como esos efectos no deseados hacen reabrir el dolor de aquella situación. Y por tanto, entendemos que hoy la mejor forma de defender la ley del sí es sí es llevar a cabo los ajustes técnicos necesarios para evitar que estos efectos se produzcan”, dijo Rodríguez en una reunión del gabinete.

Desde que entró en vigencia la ley, se le ha reducido la pena de cárcel a más de 300 agresores sexuales y por lo menos 30 que casi terminaban su sentencia han sido puestos en libertad.

Ello ha provocado el clamor de grupos feministas y consternación entre la población en general, lo que ha incrementado la presión sobre el gobierno izquierdista, que recalca sus credenciales feministas y cuyo gabinete tiene una mayoría de mujeres.

La ley fue aprobada por 205 de los 350 miembros de la Cámara de Diputados en agosto, tras un proceso de redacción que tardó dos años.

“Yo estoy convencido que (ninguno de esos 200 diputados) ninguna de las personas que participaron en esa tramitación de una norma querían los efectos indeseados que (estamos conociendo, que se están produciendo y que) han generado una preocupación social que desde el gobierno hacemos nuestra”, declaró el martes el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños.

Cambiar la ley, sin embargo, podría generar tensiones entre el gobierno socialista de Sánchez y su socio de coalición, el partido anti-austeridad Unidas Podemos, especialmente en un año electoral.

La ministra de Igualdad, Irene Montero, quien impulsó la ley, dijo que siguen en curso negociaciones entre los miembros de la coalición para reformarla.

“Ninguna reforma penal va a evitar estas decisiones judiciales, hemos trabajado (a propuesta del presidente y del Partido Socialista) hasta cuatro reformas penales que mantengan el consentimiento como centro del Código Penal. Han sido rechazadas. No les voy a ocultar que tenemos una discrepancia sobre el consentimiento. Vamos a seguir trabajando para que haya acuerdo”, declaró la ministra.

Montero, de Unidas Podemos, impulsó la ley y acusó a los jueces de malinterpretarla debido a lo que calificó de sexismo endémico en los tribunales. El sistema judicial español, así como políticos de otros partidos, sostienen que la ley estaba mal redactada.

Rodríguez, la vocera del gabinete, mencionó ajustes técnicos a la ley, pero se negó a dar detalles sobre cómo se podría satisfacer los intereses de ambos partidos políticos.

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Wilson reportó desde Barcelona.