Colombia: investigan si narcos pagan por entrar a paz total

BOGOTÁ (AP) — La Fiscalía colombiana abrió una investigación que busca determinar la presunta existencia de una red de abogados y organizaciones que estarían tratando de vincular a narcotraficantes y personas requeridas en extradición con la política del gobierno llamada “paz total” a cambio de dinero.

El fiscal general de Colombia, Francisco Barbosa, dijo el lunes a la prensa que en los próximos días serán citados a declarar bajo gravedad de juramento Juan Fernando Petro, hermano del presidente de la República, varios abogados y el Alto Comisionado para la Paz, Danilo Rueda, quien denunció la presunta red ilícita en la prensa.

Rueda hizo la denuncia el fin de semana en una entrevista con Revista Semana en la que detalló que algunos abogados estarían cobrando hasta un millón de dólares a narcotraficantes para incluirlos en un programa gubernamental de convivencia y paz.

“Hemos tenido información e indicios de que está sucediendo una operación irregular e ilegal, en donde quizás algunos clientes están siendo engañados al recibir ofrecimientos para ser gestores de paz”, señaló el funcionario y aclaró que el ingreso al programa pasa por protocolos “rigurosos”.

Con las declaraciones bajo juramento, la Fiscalía aspira a construir líneas de investigación que le permitan continuar ahondando a partir de lo denunciado en la prensa.

“Las expectativas de paz que hemos generado son negocio también para avivatos (aprovechados)”, indicó el presidente, Gustavo Petro, el sábado en un mensaje de Twitter en el que recalcó que solo el Alto Comisionado para la Paz puede adelantar acercamientos de paz. “Ni militantes, ni abogados, ni funcionarios, ni familiares míos en cualquier nivel están facultados para negociar la paz”, agregó.

Los gestores de paz hacen parte de un proyecto más grande impulsado por Petro llamado “paz total”, con el que el gobierno busca acercamientos y diálogos de paz con diversos grupos armados ilegales que incluyen tanto a la guerrilla Ejército de Liberación Nacional como a bandas criminales dedicadas al narcotráfico como el cártel Clan del Golfo.

Para adelantar las negociaciones, el gobierno ha pedido a la Fiscalía suspender las órdenes de captura de algunos miembros de grupos ilegales y la entidad ha negado las peticiones respecto de miembros del Clan del Golfo.

Luego de una reunión con el presidente Petro el lunes, el fiscal aclaró que no suspenderá órdenes de captura con fines de extradición debido a que no “existe marco jurídico constitucional para hacerlo” y, por tanto, se requiere una ley para que esas organizaciones criminales se sometan a la justicia que el gobierno estaría dispuesto a presentar ante el Congreso.

Petro ha planteado a Estados Unidos hacer modificaciones en el acuerdo de extradición para permitir que no sean extraditados los narcotraficantes que negocien con el gobierno colombiano beneficios jurídicos y no reincidan.

En lo que se ha convertido en un tema de debate en la agenda binacional, el ministro del Interior colombiano, Alfonso Prada, dijo recientemente que el gobierno va a “respetar” los procesos y no pedirá a las autoridades la suspensión de captura de quienes tengan un proceso de extradición formal activo con el fin de habilitarlas para que hagan parte de diálogos de paz.