Ecuador: falta de política frena solución crisis carcelaria

QUITO (AP) — La falta de una política eficaz de rehabilitación frena en Ecuador la solución a la crisis del sistema penitenciario que enfrenta una ola de violencia en alza desde 2021, diagnostican analistas, pese a que el gobierno ecuatoriano defiende sus logros en seguridad carcelaria.

Analía Silva una afrodescendiente de 61 años que estuvo presa en dos ocasiones por narcomenudeo, ha superado la exclusión y la pobreza que, aseguró, la llevaron a involucrarse en la delincuencia. Pero no lo hizo con la ayuda del Estado sino de organizaciones civiles.

“El Estado no rehabilita”, dijo a The Associated Press y cuestionó a un Estado que, afirmó, “no mira, no ayuda” a las mujeres afrodescendientes, indígenas o en situación de pobreza que en muchas ocasiones “delinquen porque tienen motivos… Cuando sus parejas se van, ellas se quedan con sus hijos y no les dan oportunidades”.

Silva aseguró que su situación cambió cuando se vinculó con la organización “Mujeres de Frente” a la que pertenece junto a otras 60 personas y que brinda apoyo a mujeres en situación de vulnerabilidad. Con ellas obtuvo una beca en formación política y colabora con la organización en talleres de costura y alfabetización, entre otros. Con su asesoría legal también pudo acceder a un bono estatal de pobreza de 240 dólares que le entregan por sus tres nietos huérfanos, a los que cuida desde la muerte de su hija, víctima de un feminicidio.

Un 54% de las mujeres detenidas en Ecuador ha cometido delitos relacionados con las drogas, según registros estadísticos del SNAI recogidos en un informe académico de diagnóstico de la situación carcelaria del país de 2021 por la Universidad de las Américas y el Centro de Etnografía Interdisciplinaria Kaleidos.

Las prisiones en Ecuador “son centros de deshumanización donde no existen posibilidades de rehabilitación”, dijo a AP Emilio Salao, voluntario de la Alianza contras las Prisiones, en la que confluyen varios colectivos.

Agregó que “mientras sigamos teniendo desnutrición crónica, mientras no se replanteen los sistemas educativos, mientras no se dé garantía a la salud de todos los ecuatorianos... seguiremos necesitando cárceles y seguiremos teniendo masacres”, opinó.

Ecuador cuenta con 36 centros penitenciarios, tres de ellos denominados “mega cárceles”, que acogen entre 4.000 y 7.000 reos cada uno y que han sido escenario de graves hechos de violencia.

Los motines se han tornado frecuentes en las prisiones de Ecuador. De acuerdo con cifras del Servicio de Atención a Personas Privadas de la Libertad, el año pasado 316 internos fueron asesinados por otros presos, mientras que en lo que va de 2022 ha habido alrededor de 120 homicidios.

Recientemente el presidente Guillermo Lasso evaluó la gestión de su gobierno en una entrevista televisiva en la que afirmó que entre las medidas adoptadas para afrontar la crisis penitenciaria se incorporaron a fines de noviembre 1.469 guías que duplicaron el contingente con el cual encontró al sistema al asumir en mayo del año pasado.

Pero la cifra actual de más de 3.000 agentes aún es insuficiente para alcanzar el estándar internacional de las Naciones Unidas que recomienda un guía por cada 10 presos.

Lasso impulsó también un censo penitenciario que calificó de “histórico” y que determinó una población carcelaria de 31.319 privados de la libertad, lo que representa una disminución del hacinamiento carcelario al 6% frente al 26% con el cual encontró al sistema.

Para el descongestionamiento de las cárceles el mandatario destrabó la entrega de indultos a condenados por delitos menores, a través de dos decretos que establecieron requisitos para su otorgamiento.

Hasta mediados de 2022, la cifra oficial se situaba en 800 indultos concedidos, según el propio jefe de Estado. A ello, se suman siete repatriaciones a México y Panamá, mientras que en el primer cuatrimestre del año en curso se registraron 1.553 excarcelaciones por beneficios penitenciarios y habeas corpus, un recurso para recuperar la libertad.

El problema, dijo a AP el analista especializado en defensa y seguridad Santiago Orbe, es la ruptura entre el discurso y la línea de acción del gobierno, que no ha concretado una política de seguridad y rehabilitación de largo plazo sino que reacciona “coyunturalmente”.

Una delegación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que visitó el país en diciembre de 2021 para constatar la situación de los privados de libertad señaló en un reporte de febrero de este año que 44% de las personas privadas de la libertad de entre 18 y 30 años son reincidentes y no cuentan con apoyo familiar.

A su vez, un 71% de la población carcelaria tiene educación básica, mientras la mayoría proviene de contextos con “altos niveles de violencia, pobreza, pobreza extrema” y consumo de drogas desde temprana edad.