Investigación AP: Jefe de prisión golpea presos; ascendido

El personal de la prisión no sabía mucho sobre el nuevo director interino. Después, dijeron, hizo una confesión extraña y alarmante: años atrás, golpeó a unos reclusos y se salió con la suya.

Thomas Ray Hinkle, un funcionario de alto rango de la Oficina de Prisiones de Estados Unidos (BOP, por sus siglas en inglés), fue enviado para restaurar el orden y la confianza a una prisión de mujeres sacudida por un escándalo deplorable. En lugar de eso, agregan los trabajadores, dejó aún peor la cárcel federal en Dublin, California.

El personal consideró a Hinkle un acosador y su presencia allí —justo después de las acusaciones de que el alcaide anterior y otros empleados agredieron sexualmente a las reclusas— una hipocresía de una agencia que se había comprometido públicamente a poner fin a su cultura abusiva y corrupta.

Así que, durante una reunión de personal en marzo, confrontaron al entonces director de la BOP y preguntaron: ¿Por qué, en lugar de despedir a Hinkle hace años, la agencia estuvo dispuesta a seguir promoviéndolo?

“Eso es algo que tenemos que investigar”, respondió Michael Carvajal, según personas en la sala.

Tres meses después, la BOP promovió nuevamente a Hinkle: lo puso a cargo de 20 prisiones federales y 21.000 reclusos desde Utah hasta Hawai como director interino de la región occidental. Entre ellas: Dublin.

ACUSACIONES MÚLTIPLES

Una investigación de The Associated Press descubrió que la BOP ha promovido repetidamente a Hinkle a pesar de las numerosas señales de alerta, y que lo recompensó una y otra vez durante una carrera de tres décadas mientras que otros que agredieron a los reclusos perdieron sus empleos y fueron a prisión.

La nueva directora de la agencia defiende a Hinkle, diciendo que es un hombre diferente y un empleado modelo y lo apoya incluso cuando promete trabajar con el Departamento de Justicia y el Congreso para erradicar la conducta inapropiada del personal. Y Hinkle, en respuesta a las preguntas de la AP, reconoce que agredió a reclusos en la década de 1990, pero que lamenta ese comportamiento y que ahora habla abiertamente al respecto “para enseñar a otros cómo evitar cometer los mismos errores”.

Estos son algunos de los hallazgos de la AP:

— Al menos tres reclusos, todos negros, han acusado a Hinkle de golpearlos mientras era funcionario correccional en una penitenciaría federal de Florence, Colorado, en 1995 y 1996. Los señalamientos se registraron en documentos judiciales y quejas formales a los funcionarios de la prisión. En los últimos años, dicen sus colegas, Hinkle ha hablado sobre haber golpeado a los presos cuando él era miembro de una pandilla violenta y racista de guardias llamada “The Cowboys” (“Los Vaqueros”).

– Un recluso dijo que se sintió aterrorizado cuando Hinkle y otro guardia lo arrastraron hacia arriba por un tramo de escaleras y lo azotaron contra las paredes. Otro afirmó que Hinkle estaba entre los guardias que lo arrojaron al piso de concreto, le escupieron y usaron lenguaje racista contra él. Un tercero dijo que Hinkle lo abofeteó y lo sujetó mientras otro guardia lo agredía sexualmente.

— La BOP y el Departamento de Justicia sabían de las acusaciones contra Hinkle en 1996, pero lo ascendieron de todos modos. La agencia promovió a Hinkle al menos nueve veces después de las supuestas palizas, y culminaron en junio con su ascenso a director regional interino.

— Al menos 11 guardias conectados con “Los Vaqueros” fueron acusados de delitos federales, pero Hinkle no. Tres fueron condenados y encarcelados. Cuatro fueron absueltos; cuatro se declararon culpables y acordaron cooperar. Hinkle fue ascendido dos veces antes de que terminara la investigación penal.

— En 2007, cuando era subdirector en una cárcel federal en Houston, Hinkle fue arrestado por intoxicación en público durante un festival de música, luego de que la policía dijera que se embriagó, mostró su tarjeta de identificación de la BOP y rechazó las órdenes de irse. Después de que se abandonara el caso, la agencia promovió a Hinkle.

— Hinkle también ha sido criticado como alto cargo de la agencia. El Departamento de Justicia lo reprendió en marzo luego de que fuera acusado de intentar silenciar a una informante. La BOP dijo que estaba aplicando medidas correctivas después de que él impidió la investigación de una integrante del Congreso y envió correos electrónicos a todo el personal criticándola a ella y a la agencia. Tres meses después, fue ascendido como director regional interino.

— La BOP, que ya estaba bajo un escrutinio intenso del Congreso por innumerables crisis y disfunciones, no hizo público el ascenso de Hinkle. En vez de ello, la agencia dejó el nombre y la biografía de su predecesor en su sitio web y rechazó las solicitudes de información básica sobre él.

La AP ha pasado meses investigando a Hinkle, ha obtenido más de 1.600 páginas de registros judiciales e informes de la agencia Archivos Nacionales y Administración de Documentos de Estados Unidos (NARA, por sus siglas en inglés) y ha revisado miles de páginas de documentos de casos penales relacionados y apelaciones, y entrevistado a decenas de personas. Muchos hablaron bajo condición de anonimato por temor a represalias o porque no estaban autorizados para hablar públicamente.

En conjunto, todo muestra que si bien la Oficina de Prisiones ha jurado cambiar su cultura tóxica a raíz de Dublin y otros escándalos —una promesa reiterada recientemente por la nueva directora de la agencia, Colette Peters—, ha seguido promoviendo a un hombre involucrado en uno de los períodos más oscuros y abusivos de su historia.

“TODOS SOMOS HUMANOS”

El alcance del supuesto comportamiento inadecuado de Hinkle y su subsiguiente ascenso a los rangos más altos de la BOP nunca había sido revelado. Los hallazgos de la AP plantean dudas graves sobre los estándares de la agencia, su selección e investigación de antecedentes de candidatos para puestos de primer nivel y su compromiso explícito de erradicar el abuso.

“Como mínimo, el incidente en el festival de música, el manejo del caso de la informante y la investigación del Congreso muestran su juicio extremadamente pobre”, opinó Allan Turner, exalcaide de una prisión federal que revisó los hallazgos de la AP.

“Esto debería haber sido una señal de alerta para cualquier junta de promoción, y ciertamente no es el nivel de juicio apropiado que se espera de alguien que desempeña un papel de liderazgo en una institución correccional o en una región”, agregó Turner, profesor investigador emérito en el Departamento de Criminología, Derecho y Sociedad de la Universidad George Mason en Fairfax, Virginia.

Este reportaje es parte de una investigación en curso de la AP que ha descubierto fallas profundas, no reportadas previamente, dentro de la BOP, la agencia de aplicación de la ley más grande del Departamento de Justicia, con más de 30.000 empleados, 158.000 reclusos y un presupuesto anual de alrededor de 8.000 millones de dólares.

El periodismo de investigación de la AP reveló abusos sexuales desenfrenados y otras conductas penales por parte del personal, decenas de fugas, muertes y una escasez grave de personal que ha obstaculizado la respuesta durante emergencias.

En respuesta a las preguntas detalladas de la AP, Hinkle admitió que golpeaba a los presos cuando fue oficial penitenciario, pero aseguró que ha hecho cambios significativos en su vida desde entonces, como el buscar tratamiento profesional y dejar el alcohol. Dijo que fue disciplinado —una suspensión de dos semanas por no denunciar el abuso a un recluso—, y que cooperó plenamente con los investigadores.

“Con el apoyo de mis amigos, familia y colegas, y gracias a la ayuda profesional, he aprovechado al máximo mi posibilidad de recibir una segunda oportunidad de servir honorablemente en la BOP durante los últimos 12 años”, manifestó Hinkle.

“No puedo explicar por qué algunos sacan a la luz la historia de hace tantos años, pero mi pasado lejano no refleja quién soy ahora”, agregó Hinkle, quien negó “vehemente y categóricamente” haber empleado insultos raciales, intimidar a denunciantes y cualquier acusación reciente de conducta inapropiada.

“Mi historia, que he compartido con mis compañeros del personal, tiene más que ver con la esperanza y el cambio después de recibir ayuda y no con la automedicación con alcohol”, aseveró Hinkle. “Todos somos humanos y cometemos errores. No es vergonzoso admitir nuestros problemas y buscar ayuda”.

La BOP respondió a preguntas detalladas sobre Hinkle con una declaración de Peters, que lo defiende a él y las decisiones de la agencia de promoverlo.

“El señor Hinkle ha reconocido abiertamente sus errores previos, pasó por el programa de disciplina de los empleados, buscó ayuda profesional y reformuló sus experiencias como oportunidades de aprendizaje para otros”, afirmó Peters. “Hoy, estoy segura de que se ha convertido en un supervisor eficaz para nuestra agencia”.

Al mismo tiempo, Peters dijo que continúa comprometida a trabajar dentro de la agencia y el Departamento de Justicia y con el Congreso “para erradicar la conducta incorrecta del personal y otras preocupaciones”.

La AP también presentó solicitudes ante la BOP bajo la Ley de Libertad de Información para obtener antecedentes sobre Hinkle, incluido su historial laboral, asignaciones de trabajo y fotografía oficial. La agencia afirmó que “no tenía registros públicos que respondieran” a la solicitud de la AP.

La agencia también rechazó una solicitud de los registros disciplinarios de Hinkle. Alegó que “incluso reconocer la existencia de dichos registros... constituiría una invasión de la privacidad personal claramente injustificada”.

“UNO DE LOS VAQUEROS ORIGINALES”

Hinkle no mostró preocupación por su derecho a la privacidad cuando se puso de pie frente a su jefa, los alcaides y los jefes sindicales y les contó lo que había hecho.

Era 2020. La nueva directora regional, Melissa Rios, estaba rodeada de gente en la sede regional en Stockton, California. De repente, ahí estaba Hinkle, su suplente, quien hablaba extensamente sobre cómo maltrató brutalmente a los reclusos mucho tiempo atrás.

“Soy uno de los Vaqueros originales de Florence”, reconoció Hinkle, según personas que estaban allí. Agregó, citado por ellos: “Abusábamos de los reclusos” y “los estábamos agrediendo”.

En la sala, las personas se miraban entre sí desconcertadas. ¿Lo contaba como una historia con moraleja o estaba fanfarroneando?

Recién salido de la Infantería de Marina, Hinkle fue parte de la primera ola de funcionarios penitenciarios contratados para formar parte del personal en la penitenciaría federal en Florence, Colorado. La prisión, abierta en 1993, era parte de un grupo construido en el desierto a 175 kilómetros (110 millas) al sur de Denver para aliviar el hacinamiento en otros lugares. Al lado, surgía una prisión de mayor seguridad: la llamada “Alcatraz de las Montañas Rocosas” para terroristas, capos de la mafia, jefes del narcotráfico y otros delincuentes peligrosos.

La población de reclusos federales se había triplicado desde 1980, impulsada por un aumento en los crímenes violentos y las sentencias mínimas obligatorias por delitos de drogas. Dentro de las paredes recién construidas de la penitenciaría de Florence, “Los Vaqueros” tomaban el control.

Un guardia dijo a un jurado de investigación que el director de la prisión había dado “luz verde” para que “Los Vaqueros” atacaran a los reclusos. En particular, “Los Vaqueros” actuaron con brutalidad en la unidad de alojamiento especial (SHU, por sus siglas en inglés), una prisión dentro de la prisión para reclusos con problemas disciplinarios.

Caminaban con gorras de béisbol de los “Vaqueros” y dejaban un medallón de los “Vaqueros” como tarjeta de presentación. Lanzaban una pelota que decía “Amor de vaquero” a una celda, esperaban hasta que un recluso la recogía y luego entraban rápidamente y lo atacaban.

Se reunían fuera del horario laboral para hablar sobre golpizas. Enfatizaban el secretismo, sobornaban a los reclusos con cigarrillos para que se mantuvieran callados y repetían frases como “miente hasta que mueras”.

En total, dijeron los fiscales, “Los Vaqueros” golpearon a más de una veintena de prisioneros —muchos de ellos negros— en menos de tres años.

PALIZAS, SIN CONSECUENCIAS

Hinkle fue señalado de agredir al menos a tres presos. Las quejas se detallaron en acciones judiciales y quejas formales ante los funcionarios de la agencia. Dos dijeron que Hinkle los golpeó cuando él y otros guardias los llevaron a la SHU el 29 de octubre de 1995, después de un levantamiento violento en la prisión de seguridad media que era vecina de Florence.

Ambos hombres dijeron que estaban completamente restringidos —esposas, cadenas y grilletes—, incapaces protegerse de los guardias equipados con cascos, coderas y rodilleras.

Marion Bryant Jr. alegó en una demanda, luego resuelta por la BOP por 7.500 dólares, que Hinkle y otros guardias lo arrastraron hacia arriba por un tramo de escaleras y lo estrellaron contra las paredes en un pasillo oscuro. Dijo que los guardias restringieron sus brazos, lo hicieron tropezar, lo patearon en la ingle y se burlaron de él con insultos raciales.

“Te mataremos si te metes con el personal”, dijeron usando un vulgarismo, según Bryant.

Bryant afirmó que Hinkle y otro oficial lo llevaron después hacia abajo por unas escaleras, lo arrastraron por un pasillo y lo arrojaron al piso de una celda, donde Hinkle le quitó las ataduras y la ropa.

“Estoy aterrorizado. No sé qué me va a pasar”, testificó Bryant en una declaración del 2000.

Bryant, un ex linebacker de la Universidad de Utah, dijo en documentos judiciales que sufrió magulladuras en las costillas, un labio roto y lesiones en el hombro izquierdo, pero que el personal médico de la prisión no lo revisó durante más de una semana.

Norman McCrary acusó a Hinkle y a otros tres guardias de arrojarlo contra el piso de concreto, escupir en él y llamarlo “jod(asterisk)(asterisk)(asterisk)(asterisk) negro”.

Bryant y McCrary, ambos recluidos por delitos de drogas, se encontraban entre las dos decenas de reclusos llevados a la SHU a raíz del levantamiento.

Bryant fue acusado de romper la pata de una mesa en el tumulto y blandirla contra un trabajador de la prisión “de manera amenazante”. Él negó la acusación, pero luego se declaró culpable de agredir a un oficial correccional, lo que agregó dos años a su sentencia. Bryant dijo que fue retenido en la unidad de alojamiento especial durante seis meses después de su presunta golpiza.

Hinkle fue acusado por un colega en los procedimientos judiciales de agredir casi al mismo tiempo a un tercer recluso, Reginald McCoy. McCoy, de 52 años, dijo a la AP que Hinkle estaba entre los cuatro guardias que lo abofetearon y lo sujetaron mientras otro guardia toqueteaba sus genitales. McCoy, quien también responde al nombre Kojovi Muhammad y cumple cadena perpetua por distribución de cocaína, dijo que otro guardia lo golpeó en la mandíbula y causó que escupiera sangre y perdiera dientes. Pretendió estar inconsciente hasta que se fueron.

Un guardia dijo a un jurado de acusación que investigaba a “Los Vaqueros” en el 2000 que McCoy fue enviado a la unidad de alojamiento especial por acosar supuestamente a una empleada, y que una vez que estuvo en una celda de detención, Hinkle y otros guardias lo agredieron.

Los fiscales enumeraron el asalto de McCoy entre decenas de actos en la acusación a los siete miembros de “Los Vaqueros”. No mencionaron a Hinkle, quien no fue acusado.

La política de la BOP prohíbe a los trabajadores usar “brutalidad, violencia física o intimidación hacia los reclusos, o usar cualquier fuerza más allá de lo razonablemente necesario para someter a un recluso”, con castigos que van desde las reprimendas hasta el despido.

Bryant trató de defenderse a través del sistema legal. A las pocas semanas de su presunta golpiza, presentó una denuncia por agresión del personal a través del proceso de remedio administrativo de la prisión y luego agregó una demanda por agravio, por dos millones de dólares. La División de Derechos Civiles del Departamento de Justicia cerró su investigación en febrero de 1997, y aseguró que había “evidencia médica insuficiente” y “corroboración de testigos oculares insuficiente”.

La BOP también negó el reclamo de agravio de Bryant y escribió que su investigación “no revela evidencia que muestre que usted sufrió una lesión personal real como resultado de negligencia, omisión, actos ilícitos o conducta inapropiada por parte del personal de la Oficina de Prisiones”.

Bryant presentó una demanda de los derechos civiles de prisioneros contra Hinkle y otros funcionarios en abril de 1997. La BOP llegó a un acuerdo con Bryant en 2003, el mismo año en que fue liberado de prisión, pero luchó hasta después de su muerte en 2015 para mantener los términos en secreto.

UNA SEGUNDA OPORTUNIDAD Y MÁS PROBLEMAS

Un año después de que el Departamento de Justicia cerró su investigación sobre las acusaciones de Bryant y McCrary, la BOP sacó a Hinkle de Florence y lo ascendió.

En febrero de 1998, era oficial superior especialista en una prisión de baja seguridad del complejo penitenciario federal de Beaumont, Texas, al noreste de Houston. El puesto, que se otorgaría a través de un proceso de selección competitivo, colocó a Hinkle un peldaño por debajo de la dirección.

Bryant acababa de presentar su demanda y estaba en curso la investigación del FBI de “Los Vaqueros”. Sin embargo, dos años más tarde, la BOP ascendió a Hinkle como subdirector en su cárcel de Houston.

Pero en octubre de 2007, Hinkle fue arrestado por intoxicación pública después de que las autoridades dijeran que se negó a abandonar un festival de música de todo el día cuando personal de seguridad lo expulsó por no tener un boleto.

“Un fulano adentro me obligó a largarme”, se quedjó Hinkle con un policía, según un informe de arresto obtenido por la AP a través de una solicitud de registros abiertos de la oficina del alguacil del condado de Montgomery, Texas.

Eran alrededor de las 9 p. m. en el festival anual Buzzfest, con The Smashing Pumpkins y otros favoritos del rock alternativo en The Woodlands, un suburbio de Houston. Hinkle, entonces de 41 años, mostró su identificación de la BOP y dijo al policía que “él era un oficial como” él.

Sin embargo, en ese momento el agente consideró a Hinkle —olía a alcohol y desafiaba las órdenes de irse— como un “peligro para sí mismo y para los demás” y le dijo que estaba bajo arresto por intoxicación pública. Cuando el policía le dio la vuelta para esposarlo, Hinkle tensó su cuerpo y se resistió, según el informe del arresto. Varios agentes más tuvieron que ayudar.

Después de 16 meses, los fiscales abandonaron el caso justo antes del juicio, le evitaron a Hinkle la pena máxima —una multa de 500 dólares— y, lo que es más importante, la posibilidad de que el caso quedara registrado como antecedentes penales.

El abogado de Hinkle en el caso, Earl Musick, alegó que Hinkle había perdido su boleto después de ingresar. Musick dijo que encontró a varios testigos que habrían declarado que Hinkle no estaba intoxicado. Los fiscales decidieron desechar el caso después de tener problemas para encontrar testigos que respaldaran las acusaciones, dijo Musick.

“Era completamente inocente de eso”, argumentó Musick. “Se enojaron con él por alguna razón y le echaron ese cargo encima”.

Hinkle se quedó en Houston, donde había comprado una casa y se había vuelto a casar, hasta 2012, casi 12 años después de que llegó. Fue el lapso más largo entre ascensos.

Luego, la BOP lo promovió una y otra vez en una sucesión rápida.

— En 2013, Hinkle fue nombrado subdirector del complejo penitenciario federal en Forrest City, Arkansas. Un año después, era el director del complejo penitenciario federal en Beaumont, Texas.

— En 2016, la agencia ascendió a Hinkle como administrador asistente de la división de programas correccionales en su sede de Washington, D.C., y le dio la mano para establecer políticas y supervisar las operaciones en las 122 instalaciones penitenciarias federales.

— En 2018, la BOP envió a Hinkle para ayudar a administrar su instalación más nueva y una de las más peligrosas, lo que lo convirtió en director adjunto —segundo al mando— en la penitenciaría federal en Thomson, Illinois. Entre sus deberes: supervisar la capacitación del personal sobre abuso sexual y el cumplimiento de la Ley Federal de Eliminación de las Violaciones en Prisión.

Después, en enero de 2020, la agencia envió a Hinkle al oeste como subdirector regional.

¿CAUSA LÍOS, PERO ASCIENDE?

El ascenso de Hinkle es un crudo ejemplo de lo que los empleados de la BOP llaman la política de la agencia de “causa líos, pero asciende”: su tendencia a promover y transferir a los trabajadores problemáticos en lugar de despedirlos.

Hinkle nunca había trabajado en la región occidental y nunca había sido alcaide, a menudo un prerrequisito para un puesto regional superior. Y, sin embargo, allí estaba, designado para ayudar a administrar una quinta parte de las celdas federales de la nación y con un aumento salarial de 40.000 dólares anuales. Este año, Hinkle va rumbo a ganar 176.300 dólares anuales, según datos del gobierno.

Los empleados dicen que Hinkle ha sido un bravucón malhablado que dirige mediante el miedo y la intimidación. Los reclusos alegan en documentos judiciales que, bajo su supervisión, han sido objeto de violencia al estilo de “Los Vaqueros” por parte de “escuadrones de matones” de oficiales penitenciarios que los maltrataron después de una huelga de hambre en una prisión federal de Oregón.

Hinkle ha sido acusado de intimidar a empleados denunciantes; poner en duda la gravedad de la pandemia de COVID-19 mientras se propagaba en las prisiones federales; defender al exalcaide de Dublin acusado de abusar sexualmente de reclusas; y, en una política de seguridad ad hoc, las trabajadoras dicen que ordenó que se quitaran el sostén cuando llegaban al trabajo.

“Nunca he escuchado nada positivo sobre ese tipo”, afirmó Aaron McGlothin, presidente del sindicato de la prisión federal de Mendota, California. “Todo el mundo dice lo mismo”, agregó, que Hinkle es “narcisista” y “arrogante”.

McGlothin dijo que Hinkle envió a un subalterno a videograbar a los miembros del sindicato que protestaban el año pasado por la falta de personal fuera de la prisión de Mendota. Los líderes sindicales en Herlong, California, otra prisión federal, dijeron que Hinkle amenazó con disciplinarlos por insubordinación después de que hablaron sobre la escasez de personal.

Los representantes sindicales se han quejado repetidamente ante la BOP y el Departamento de Justicia sobre Hinkle. Han escrito al secretario de Justicia Merrick Garland y a su principal adjunta, Lisa Monaco, para implorar que sea destituido, y han buscado la ayuda de miembros del Congreso.

La representante Jackie Speier, demócrata por California, tuvo su propio encuentro hostil con Hinkle cuando visitó Dublin en febrero. Su evaluación: “Es un rufián”.

Speier dijo que Hinkle desdeñaba la crisis de abusos sexuales en Dublin —al estar más preocupado por la reputación de la prisión que por las reclusas— y trató de impedir que ella hablara personalmente con las mujeres que denunciaron abusos.

“La lente a través de la cual él miró el problema no fue que se tratara de una podredumbre cultural horrible, sino que era una vergüenza” para el centro, manifestóSpeier. “Creo que ha ascendido por los rangos por ser parte del equipo… Me pareció arrogante. Realmente no lo entendió”.

La BOP nombró a Hinkle alcaide interino en Dublin en enero, después de que el exalcaide Ray Garcia y varios otros trabajadores fueran arrestados por abusar sexualmente de las reclusas. Garcia fue condenado recientemente después de un juicio de una semana.

Hinkle dijo al personal de Dublin que estaba allí para ayudar a la prisión a “recuperar su reputación”, pero los empleados dicen que sus dos meses a cargo dejaron las instalaciones aún peor. Dicen que Hinkle intentó silenciar a una empleada denunciante e incluso amenazó con cerrar la prisión si los trabajadores seguían hablando sobre las faltas de ética laboral.

Los empleados dicen que Hinkle se reunió a solas con una trabajadora que presentó una denuncia de acoso contra un administrador de la prisión, una violación de los protocolos establecidos que daba la apariencia de que trataba de acallarla. Después, la mujer dijo que se sintió atacada por la espalda y se mostró reacia a continuar.

El episodio provocó una rara condena pública del Departamento de Justicia, que dijo en un comunicado en marzo: “Si son ciertas, estas acusaciones son abominables”.

Los empleados dicen que Hinkle también mostró poco sentido de la crisis que lo llevó a Dublin, y afirmó erróneamente a los trabajadores que por lo que Garcia fue acusado era por sexo consensuado, a pesar de que la ley, sobre la cual supervisó la capacitación en Thomson, es clara en cuanto a que tal cosa no existe entre reclusos y trabajadores penitenciarios.

Hinkle dejó Dublin a fines de febrero y regresó a sus funciones como subdirector regional mientras un nuevo alcaide permanente asumía el cargo. Una semana después, Carvajal estaba en la prisión y prometió investigar las preocupaciones de los empleados sobre cómo Hinkle seguía siendo ascendido en lugar de ser despedido.

Sin embargo, el 10 de junio, Carvajal envió un memorando al personal de la Oficina de Prisiones que anunciaba que ascendería a Hinkle a director interino de la región occidental por tiempo indefinido. Rios, la directora regional, estaba de licencia por una emergencia familiar y no se esperaba que regresara, pero la oficina dijo que regresó a fines de septiembre, lo que hizo que Hinkle volviera a ser subdirector regional.

Y es ahí donde permanece, al menos por ahora. Según la política del Departamento de Justicia, Hinkle debe jubilarse el próximo mes de mayo cuando cumpla 57 años. Eso, dijo Hinkle, es precisamente lo que planea hacer.

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Michael Sisak está en: http://twitter.com/mikesisak

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