Activista denuncia a Estado mexicano por desapariciones

CIUDAD DE MÉXICO (AP) — Con las fotografías de cuatro de sus hijos desaparecidos en sus manos, la activista mexicana María Herrera Magdaleno acudió a la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH) para denunciar al Estado mexicano por las violaciones a los derechos humanos de ella y su familia tras más de una década de búsqueda infructuosa sin respuesta.

Herrera Magdaleno, quien es una de las madres buscadoras voluntarias más reconocida de México, viajó a Washington para presentar ante la Comisionada Relatora para México y la Secretaria Ejecutiva de la CIDH, una acción individual contra el Estado mexicano, indicó el miércoles en un comunicado el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh).

Dos de los hijos de Herrera Magdaleno desaparecieron en el 2008 en el estado sureño de Guerrero, mientras que otros dos desaparecieron dos años después en el estado de Veracruz, en el Golfo de México.

En su petición la activista afirmó que en la desaparición de sus hijos estarían presuntamente implicadas autoridades, coludidas con el crimen organizado, e indicó que en el caso de sus familiares no ha habido una búsqueda diligente ni investigación por parte de las instituciones mexicanas, una denuncia que se ha hecho recurrente entre los familiares de los más de 100.000 desaparecidos que hay en México.

Herrera Magdaleno alegó que a su familia se le habría violado derecho a acceder a la verdad y la justicia por las “omisiones y negligencias que han caracterizado a la investigación”, que a la fecha no ha dado resultados, señala el comunicado.

El fenómeno de las desapariciones en México se inició entre las décadas de 1960 y 1980, pero las cifras se dispararon a partir de la década de 2000 con el incremento de las actividades del narcotráfico y la guerra contra los cárteles que emprendió el gobierno del expresidente Felipe Calderón (2006-2012).

El colapso que enfrentan los servicios forenses de México, en medio de la escalada de la violencia, ha agravado el problema y llevado a que más de 52.000 fallecidos no identificados estén en fosas comunes, instalaciones de servicios forenses, universidades y centros de custodia y almacenamiento forense.