Organismos dicen preocupa situación de jueces en Guatemala
CIUDAD DE GUATEMALA (AP) — La Federación Latinoamericana de Magistrados y la Federación Internacional de Jueces dijeron en un informe que la situación de operadores de justicia en Guatemala, entre ellos jueces que han emitido fallos anticorrupción y contra delitos de lesa humanidad, es de absoluta vulneración de sus derechos.
Luego de realizar una visita al país y entrevistar a jueces y fiscales, las federaciones indicaron que Guatemala no está dando las condiciones necesarias para que la justicia independiente pueda ejercer su función.
"Jueces están en situación de peligro inminente, de criminalización y de innecesaria salida (del país) para cuidar su integridad física y de su familia”, denunció Adriana Orocú, juez de Costa Rica y presidenta de la Federación Latinoamericana de Magistrados.
Orocú dijo que se está utilizando todo el aparato institucional para criminalizar, amedrentar y amenazar a los operadores de justicia, buscando encarcelarlos o provocar sus exilios “de los que trabajan con honestidad y apego estricto a la ley”.
Se refirió específicamente a la situación del juez Miguel Ángel Gálvez, quién ha sido reconocido a nivel nacional e internacional por sus fallos contra delitos de lesa humanidad y contra la corrupción.
Gálvez fue el juez que sentó en el banquillo de los acusados al exdictador Efraín Ríos Montt, acusado de genocidio de 1.771 indígenas ixiles durante la guerra en Guatemala (1960-1996). El exdictador murió en abril de 2018 sin ser juzgado.
Gálvez enfrenta una petición de retiro de inmunidad solicitada por el Ministerio Público para ser investigado, luego de haber sido denunciado por una fundación de ultra derecha en Guatemala que defiende a exmilitares acusados de crímenes de guerra y constantemente amenazan y hostigan al juez en redes sociales.
La fundación acusa al juez de violentar el debido proceso en cinco casos, por lo menos dos de estos no los conoció el juez.
La federación dijo que la situación de los operadores de justicia en Guatemala se ha agudizado luego de la salida en 2019 de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), un ente de Naciones Unidas que desmanteló grupos de poder y del crimen organizado incrustado en Guatemala, pero también —indicó— por la llegada a la jefatura del Ministerio Público de Consuelo Porras.
Porras fue sancionada en 2021 por el gobierno de Estados Unidos que le retiró la visa de entrada a aquel país —según estableció— por obstaculizar la lucha anticorrupción y por socavar la democracia en Guatemala.
La Federación dijo que hay por lo menos 30 operadores de justicia que se han exiliado buscando protegerse de la criminalización en su contra.
