Mississippi intenta anular demanda sobre cuidado mental
JACKSON, Mississippi, EE.UU. (AP) — El Departamento de Justicia de Estados Unidos se extralimitó al interponer una demanda contra el estado de Mississippi por su sistema de salud mental, argumentó el fiscal general del estado ante un tribunal federal de apelaciones.
Un abogado del Departamento de Justicia respondió que existen amplios precedentes que demuestran que esa agencia federal tiene el poder de hacer cumplir la Ley para Estadounidenses con Discapacidades (Americans with Disabilities Act o ADA, por sus siglas en inglés).
Un panel de tres jueces de la Corte de Apelaciones del Quinto Circuito de Estados Unidos escuchó el miércoles los argumentos de ambas partes en Nueva Orleans. El diario Northeast Mississippi Daily Journal informó que los jueces de la corte conservadora parecían receptivos a la idea de limitar la intervención del Departamento de Justicia.
Un fallo en contra del Departamento podría, en última instancia, llevar el asunto a la Corte Suprema de Estados Unidos, un caso que podría tener implicaciones a nivel nacional.
El gobierno federal emitió una carta en 2011 en la que sostuvo que Mississippi había hecho muy poco para brindar servicios de salud mental fuera de los hospitales psiquiátricos. El Departamento de Justicia demandó a Mississippi en 2016, diciendo que el estado violó la ley federal al confinar a las personas con enfermedades mentales en hospitales estatales en lugar de brindar servicios comunitarios.
El juez federal de distrito Carlton Reeves falló en 2019 que el gobierno de Mississippi había violado la ADA al tener recursos inadecuados en las comunidades para atender a las personas con enfermedades mentales.
El fiscal general de Mississippi, Scott Stewart —el mismo abogado que defendió un caso de aborto antes de que la Corte Suprema de Estados Unidos anulara el fallo Roe vs. Wade—, aseguró al panel de apelaciones el miércoles que desde el fallo del juez Reeves, el estado ha mejorado su sistema de salud mental. Stewart sostuvo que limitar la capacidad del gobierno federal para intervenir en el sistema es importante porque las demandas pueden costar miles de dólares a los estados.
