Incidentes con policía en barrio de Fernández de Kirchner

Los partidarios de Cristina Fernández de Kirchner derrumbaron el sábado en enfrentamientos con la policía las vallas colocadas por las autoridades de Buenos Aires en la madrugada en torno al selecto vecindario donde reside la vicepresidenta y donde los argentinos acudieron a apoyarla.

El gobierno de la ciudad había dispuesto de vallas colocadas en la madrugada del sábado en un intento por poner fin a las constantes muestras de apoyo de más de cuatro días de los partidarios de la vicepresidenta, algo que generó polémica durante todo el día en el país sudamericano.

Cientos de manifestantes derrumbaron con violencia las vallas en la tarde del sábado en violentos enfrentamientos con la policía que utilizó carros lanzaaguas para tratar de controlar los desórdenes.

Tanto el gobernador de Buenos Aires, Horacio Larreta, como la vicepresidenta acabaron saliendo a hablar a los medios y ciudadanos ante la tensión generada durante el día en que miles de personas llenaron el otrora tranquilo barrio de Recoleta.

“Odian la alegría y el amor peronista”, afirmó Férnandez de Kirchner sobre sus adversarios en un escenario en la puerta de su residencia señalando que los peronistas “siempre hemos sido objeto de la violencia”, a la vez que pidió a los manifestantes retirarse a sus casas y les agradeció el cariño mostrado estos días.

“Si la tocan a Cristina qué quilombo se va a armar”, coreaba alto y claro la multitud en un momento del discurso.

De su lado Horacio Larreta afirmó que todos los dirigentes políticos tienen la responsabilidad de “contribuir con nuestras acciones y declaraciones a la paz social” evitando conflictos entre argentinos y solicitó a la vicepresidenta que asumiera la responsabilidad de que sus simpatizantes que se fueran de forma pacífica a sus casas.

El presidente Alberto Fernández intervino via Twitter afirmando que es imperioso “que cese el hostigamiento”a la vicepresidenta y garantizar la libertad de expresión y manifestación de los ciudadanos.

El expresidente Mauricio Macri, de su lado, señaló que Fernández de Kirchner “se victimiza para promover el caos”.

“Quieren prohibir las manifestaciones de amor y de apoyo absolutamente pacíficas y alegres, que tienen lugar ante la ya inocultable persecución del partido judicial”, había afirmado horas antes en una misiva publicada en su página web la vicepresidenta.

Las reacciones no se hicieron esperar y agudizan la que es considerada una grieta que divide en dos la sociedad argentina.

Al enterarse de la instalación de las vallas, muchos optaron por suspender las protestas planeadas en distintos puntos de la ciudad para sumarse espontáneamente a las muestras de apoyo a la mandataria que desde hace al menos cuatro días se realizan en los alrededores de su residencia.

Mientras, algunos vecinos del adinerado barrio de Recoleta miraban indignados por los balcones.

“Es insoportable, hace una semana que la gente no puede dormir, no tienen condiciones de higiene”, explicó a la AP uno de los vecinos, Juan Manuel Arana, que subrayó que se trata de una zona residencial que en general es muy tranquila. ”Si se quieren manifestar me parece muy bien, pero en otro lugar y fuera de un barrio”.

“Lo que no se puede hacer es alterar la vida del barrio de la forma en que se estaba alterando y ahí vamos a ser firmes para que el barrio pueda recuperar esa tranquilidad”, afirmó Felipe Miguel, jefe de gabinete del gobierno de Buenos Aires, en declaraciones al canal de noticias TN el sábado en las que defendió la postura de las autoridades de la ciudad.

“Los manifestantes pueden ir, pero lo que no se puede hacer es alterar la vida de un barrio”, sostuvo.

Para Jonathan Iglesias, un trabajador social de 35 años, el amor popular y el cariño hacia Cristina Fernández “es amor de verdad”.

“Necesitaba ser parte de esta demostración popular” explicó Iglesias el sábado a la AP, calificando de error político la decisión de Larreta de poner las vallas, pues “aumenta el caldo de cultivo”.

Fue una semana difícil para la vicepresidenta, en la que el fiscal Diego Luciani pidió una condena de 12 años e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos por supuestos delitos de corrupción, al acusarla de haber liderado una organización delictiva que adjudicó de forma irregular durante su mandato (2007-2015) unas 51 obras a un empresario cercano, Lázaro Báez, generando un fraude al Estado de unos 1.000 millones de dólares.

Por su parte, la vicepresidenta señala que los fiscales no tienen pruebas y han preparado un relato de ficción.

Esta es la primera solicitud de condena para una expresidenta en una docena de causas judiciales por diversos delitos, algunas de las cuales fueron cerradas y otras continúan bajo investigación.