AP Explica: ¿Por qué se investiga al presidente de Perú?

LIMA (AP) — Un año después de haber asumido el poder, el presidente peruano Pedro Castillo acumula seis investigaciones preliminares de la fiscalía, un caso inédito en la historia del país. Aunque suele enfrentar en silencio las críticas, el mandatario abandonó en las últimas semanas su habitual mutismo y se ha enfrentado al Ministerio Público, el Congreso y los medios de comunicación, a los que acusa de querer sacarlo del gobierno.

Castillo es el primer mandatario de origen campesino en 200 años de República independiente y llegó al poder con la promesa de acabar con la corrupción, delito por el que casi todos los presidentes de las últimas dos décadas están siendo investigados.

En paralelo a las investigaciones en su contra por supuestamente encabezar una organización criminal para obtener beneficios personales, la Fiscalía también ha buscado golpear el círculo íntimo del presidente: las autoridades señalan a la primera dama y a la hermana de ésta de ser parte del grupo que dirigiría Castillo. Autoridades ingresaron sorpresivamente hace dos semanas al palacio presidencial para detener a la cuñada del presidente Yenifer Paredes. Buscaron incluso debajo de la cama del mandatario y en los armarios de la alcoba presidencial, según una acta de allanamiento a la que tuvo acceso The Associated Press, aunque la joven se entregó un día después. La Fiscalía también pidió esta semana prohibir la salida del país de la esposa del mandatario.

¿SE PUEDE INVESTIGAR Y DETENER A UN PRESIDENTE EN FUNCIONES EN PERÚ?

La constitución peruana no indica de manera específica si se puede investigar preliminarmente a un presidente en funciones y hasta este gobierno, no se había iniciado ninguna indagatoria contra el mandatario en turno.

El artículo 117 constitucional menciona que un mandatario “sólo puede ser acusado” ante un juez por traición a la patria, cerrar el parlamento o impedir elecciones. La ley sí permite a un presidente disolver el congreso en caso que el parlamento le niegue la confianza a dos gabinetes.

En las últimas dos décadas, varios fiscales generales —citando el artículo 117— archivaron cinco denuncias para investigar preliminarmente a tres presidentes en funciones. Todo cambió en octubre de 2020 cuando una fiscal general abrió una investigación contra el entonces mandatario Martín Vizcarra, pero la congeló de inmediato hasta que finalizara su periodo presidencial. Vizcarra fue destituido por el Congreso un mes después. Tras dejar el poder, comenzó la investigación.

Con el presidente Castillo fue diferente. La nueva fiscal general Patricia Benavides dijo a inicios de julio que iría “tras la investigación de cualquier acto delictivo ya sea del más poderoso o cualquier ciudadano común” y que la justicia debe ser aplicada “caiga quien caiga”. La fiscal añadió que las investigaciones se iban a desarrollar “respetando el debido proceso”.

¿DE QUÉ SE INVESTIGA AL PRESIDENTE PEDRO CASTILLO?

La Fiscalía sostiene que Castillo es el presunto líder de una organización criminal que cometió diversos delitos. Cinco investigaciones fiscales están ligadas a la presunta existencia de este clan, mientras una sexta apunta a un presunto plagio de su tesis de maestría.

Las autoridades ya habían iniciado investigaciones a funcionarios de Castillo desde fines de 2021, pero no directamente contra el mandatario.

A continuación un vistazo a las indagatorias:

—La primera investigación señala a Castillo de tráfico de influencias y organización criminal. La Fiscalía lo considera el líder de un grupo que favorecía a empresarios de la mano de su exministro de Transportes, Juan Silva, actualmente prófugo. El caso se centra en una licitación que ganó un consorcio en 2021 para construir un puente en la Amazonía. Las autoridades dicen que su prueba principal es el testimonio de un delator que afirma que a fines de 2021 el exministro de Transportes le dijo que el presidente estaba “contento”, luego de que recibió 12.900 dólares en recompensa por entregar la licitación del puente. No ha habido otro elemento que ratifique este señalamiento.

—La segunda indagatoria sostiene que Castillo habría cometido el delito de tráfico de influencias en la compra de biodiésel por 74 millones de dólares. La fiscalía únicamente ha señalado que existe la sospecha de que otorgó un contrato de manera irregular porque el presidente se reunió en octubre en el Palacio de Gobierno con un empresario local que cuatro días después fue favorecido con la adjudicación directa.

—La tercera es sobre los ascensos en las cúpulas militar y policial, y también señalan al presidente de tráfico de influencias. La Fiscalía considera que Castillo, junto con un exministro de Defensa y su exsecretario personal, habrían solicitado el ascenso de varios oficiales al grado de general y que habrían intentado recibir dinero a cambio de esos ascensos. Las pruebas de las autoridades son declaraciones del exjefe del Ejército, José Vizcarra, quien ha dicho a la fiscalía que recibió presiones para ascender a militares cercanos al gobierno. La televisora Panamericana afirma que el exsecretario personal habría entregado un papel a los fiscales donde Castillo pedía que nombren a un militar en una oficina presidencial, lo cual no ha sido confirmado públicamente por la Fiscalía, aunque la defensa del presidente afirma que falta analizar la caligrafía del presunto papel.

—La cuarta investigación señala a Castillo de los presuntos delitos de organización criminal y encubrimiento, y está relacionada con el despido el 20 de julio de quien fuera ministro del Interior de Castillo, Mariano González. El exfuncionario dijo a la fiscalía que su salida se produjo porque al mandatario no le gustó que organizara un equipo policial para buscar a dos prófugos cercanos al propio Castillo: uno de sus sobrinos, Fray Vásquez, y al exministro de Transporte, Juan Silva, aún prófugos. Ambos están indagados por el presunto delito de organización criminal.

—En el quinto caso, la Fiscalía considera a Castillo responsable del delito contra la tranquilidad pública en su modalidad de organización criminal, como resultado de que el supuesto grupo dirigido por el mandatario buscaba beneficiarse con una serie de licitaciones de obras públicas con dinero del Ministerio de Vivienda en su provincia natal, Chota. La Fiscalía analiza si un decreto firmado por Castillo para desembolsar más de ocho millones de dólares fue aprovechado por la presunta organización.

—La sexta investigación es sobre un caso que habría ocurrido antes del inicio de su gobierno. La Fiscalía sospecha que Castillo y la primera dama plagiaron parte de su tesis de maestría en Educación en 2012. Ambos están investigados por los presuntos delitos de plagio y falsedad genérica. La indagatoria inició luego de que la televisora Panamericana indicara en mayo que la tesis de 121 páginas tiene plagios de otros autores en 54%. La televisora afirmó que usó un software para detectar plagios llamado Turnitin. La universidad privada César Vallejo, cuyo dueño es uno de los políticos más poderosos del país y está a favor de que Castillo renuncie a la presidencia, ha señalado que la tesis es original, no es un plagio y “contiene un aporte de originalidad”.

Los delitos de organización criminal y contra la tranquilidad pública se castigan con hasta 20 años de cárcel, el encubrimiento con hasta 15 años, el tráfico de influencias y el plagio con hasta ocho años. Las penas no se acumulan y se cumple la más extensa, según las leyes peruanas.

¿QUÉ PASARÁ CUANDO LA FISCALÍA TERMINE LAS INVESTIGACIONES?

El artículo 117 de la constitución peruana es claro en este punto y menciona que un mandatario “sólo puede ser acusado” durante su periodo de gobierno ante un juez por los delitos de traición a la patria, por cerrar el parlamento o por impedir elecciones.

Como ninguna de las investigaciones actuales se refiere a estos delitos, la Fiscalía sólo podría acusar a Castillo una vez que termine su mandato.

La fiscal tendría que enviar las acusaciones ante una subcomisión del Parlamento y si son aprobadas, entonces un juez podría juzgar al investigado.

El artículo 99 de la constitución, establece que un funcionario, incluido el presidente, puede ser acusado de delitos inclusive cinco años después de haber dejado el cargo.

El gobierno de Castillo está previsto que termine el 29 de julio de 2026.