ONU verificará sanciones del Tribunal de Paz de Colombia
BOGOTÁ (AP) — El Tribunal de Paz de Colombia y la Misión de Verificación de las Naciones Unidas firmaron el martes un protocolo que formaliza el funcionamiento de un mecanismo que se encargará de monitorear y verificar el cumplimiento de las sanciones que impondrá el Tribunal a exguerrilleros de las FARC, militares y civiles que estuvieron involucrados en el conflicto interno que se extendió por más de cinco décadas.
Aunque el Tribunal ya ha imputado a la cúpula de las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y algunos militares, aún no hay sentencias ni sancionados.
Carlos Ruiz Massieu, jefe de la Misión de Verificación de la ONU en Colombia, dijo durante la firma del protocolo que el nuevo mandato consiste en verificar que los sancionados cumplan y que el Estado establezca las condiciones necesarias para este fin.
La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) es el tribunal creado a partir de los acuerdos de paz alcanzados en 2016 entre el Estado y las FARC, la que fuera la guerrilla más antigua de Latinoamérica. Más de 9.800 exguerrilleros comparecen ante el Tribunal por casos de homicidios, secuestros, masacres y desapariciones; otros 3.400 militares se sometieron especialmente por casos de ejecuciones extrajudiciales y 71 civiles por delitos relacionados al financiamiento de grupos armados.
La JEP funciona bajo un sistema de justicia transicional, enfocado en la búsqueda de la confesión de los crímenes y la reparación del daño causado a las víctimas. Quienes reconozcan su responsabilidad en los crímenes imputados y cuenten detalladamente lo sucedido podrán obtener una sanción propia o restaurativa con la que no irán a prisión.
Sin embargo, su libre movilidad quedará restringida por un lapso de hasta ocho años en los que deberán estar dedicados a reparar a las víctimas con obras de infraestructura o desminado humanitario. En caso de que los imputados no acepten su responsabilidad ni aporten verdad, podrán ser vencidos en juicio y ser condenados hasta con 20 años de prisión.
Para Luis Eladio Pérez, político colombiano secuestrado por las FARC, la aceptación de sanciones que no impliquen cárcel fue lo que tanto el Estado como las víctimas “cedieron” para lograr que miles de guerrilleros se desarmaran y así acabar con las confrontaciones.
“No sería lo ideal ni lo justo repararnos de esa manera con una sanción que pareciera ser ridícula frente a los delitos que cometieron, pero eso fue lo que se acordó”, dijo Pérez a The Associated Press anotando que apoyó el acuerdo de paz firmado hace cinco años, aunque todavía pesan los siete años de cautiverio en las selvas en las que lo amarraron con cadenas y sometieron a tratos degradantes.
Pérez pide a los exguerrilleros que profundicen en sus testimonios. Cree que la extinta guerrilla no ha entregado la totalidad de los bienes que tenía fruto de rentas ilícitas para reparar a las víctimas económicamente, ni han contemplado el daño que les hicieron a las familias de los secuestrados.
“Hay muchas verdades que están ocultas, que se quedaron en la selva. Ojalá ellos dentro de su compromiso puedan decirla para que el país las conozca”, aseguró Pérez.
El magistrado Eduardo Cifuentes, presidente de la JEP, aseguró a la prensa que las víctimas tendrán un papel central en la definición de las sanciones y conocerán las propuestas de los imputados.
El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, a través esta misión de verificación, recibirá un reporte sobre los resultados del monitoreo de las sanciones para que pueda “atestiguar ante el mundo que estas atrocidades han sido investigadas, juzgadas y sancionadas”, detalló Cifuentes.
