Gobierno federal demanda a Idaho por ley que penaliza aborto
WASHINGTON (AP) — El Departamento de Justicia de Estados Unidos entabló el martes una demanda que impugna la restrictiva ley del aborto de Idaho, argumentando que entra en conflicto con una ley federal que obliga a los médicos a proporcionar a las mujeres embarazadas cualquier tratamiento médicamente necesario, lo que podría incluir el aborto.
El gobierno federal interpuso la demanda a fin de invalidar “la prohibición criminal a proveer abortos a mujeres que sufran emergencias médicas”, declaró el secretario de Justicia, Merrick Garland.
Es la primera medida firme del Departamento de Justicia contra una ley estatal que regula el aborto desde que la Corte Suprema nacional anuló el derecho constitucional a la interrupción del embarazo en junio. La decisión del máximo tribunal ha llevado a algunos estados a aprobar restricciones al aborto y probablemente llevará a prohibiciones totales en aproximadamente la mitad de los estados del país.
El Departamento de Justicia presentó la demanda al considerar que la ley de Idaho obligaría a los médicos a violar la Ley de Tratamiento Médico de Emergencia y Trabajo Activo, una ley federal según la cual todo el que llegue a un centro médico para tratamiento de emergencia debe ser atendido y estabilizado, afirmó Garland.
“La ley de Idaho tipificaría como delito que un doctor preste tratamiento médico de emergencia como lo requiere la ley federal”, añadió Garland.
Idaho, como muchos estados que están gobernados por republicanos, tiene varias leyes contra el aborto, lo que ha creado un caos legal ahora que la Corte Suprema ha anulado el fallo del caso Roe. vs. Wade.
La ley impugnada por el Departamento de Justicia penaliza todos los abortos, sometiendo a quien realice o intente realizar un aborto a un delito castigado con entre dos y cinco años de prisión.
Las personas acusadas con los preceptos de dicha ley podrían defenderse de las acusaciones penales argumentando que el aborto se realizó para salvar a una embarazada de la muerte, o que se realizó después de que la persona embarazada denunciara que fue víctima de violación o incesto a un departamento policial, y proporcionara una copia de esa denuncia al proveedor del aborto.
“Según la ley de Idaho, una vez que entre en vigor, cualquier fiscal estatal o local puede someter a un médico a una acusación, a una detención y a un enjuiciamiento simplemente demostrando que se ha realizado un aborto, sin tener en cuenta las circunstancias”, escribió el Departamento de Justicia en la demanda. “La ley pone entonces en el médico la carga de demostrar una ‘defensa afirmativa’ en el juicio”.
Los defensores de las víctimas de agresiones sexuales han dicho que la excepción por violación o incesto es esencialmente inútil, porque la ley de registros públicos de Idaho no permite a las agencias policiales divulgar los informes cuando un caso está todavía bajo investigación, un proceso que generalmente lleva semanas o meses.
